Por David Toro
La sentencia dictada contra cuatro militares por delitos de lesa humanidad en el caso Molina Theissen, en 2018, se encuentra en discusión en una sala de apelaciones, la defensa del general Benedicto Lucas y los otros tres oficiales busca revertir la decisión de un tribunal de mayor riesgo por medio de amparos y apelaciones, los magistrados de apelaciones tendrán la última palabra.
En la estrecha sala primera de apelaciones del nivel duodécimo de la Torre de Tribunales se esperaba que se realizara la audiencia de apelación especial, para discutir sobre los alegatos que la defensa de los generales Benedicto Lucas, Manuel Callejas y Callejas; y los coroneles Luis Gordillo y Ramiro Zaldaña presentaron para desvirtuar e intentar botar la sentencia que el Tribunal de Mayor Riesgo C dictó en octubre del 2018, cuando el juez Pablo Xitimul los condenara por desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y la violación y detención ilegal de su hermana Emma Guadalupe en 1981.
La audiencia no se desarrolló porque existen dos amparos pendientes que la Corte de Constitucionalidad (CC) no ha resuelto, los dos recursos fueron presentadas en 2019 por los militares Zaldaña Rojas y Callejas y Callejas. “Es preocupante que estos amparos no avancen, incluso ni siquiera nos han notificado sobre el amparo del general Callejas y ese procedimiento se debe hacer en las primeras 48 horas, esta situación atrasará mucho este caso”, comentó luego de la suspensión el abogado Héctor Reyes Chiquín, quien representa a Emma Guadalupe Theissen.
Además el abogado Reyes agregó que la forma en la que los defensores de los militares están ejerciendo los mecanismos legales que tienen a la mano está afectando el avance del proceso y los derechos de todos los involucrados “ya llevamos casi un año sin avanzar, las acciones constitucionales de amparo son procesos tardados y si al resolverse hay apelaciones en la CC estas acciones nos pueden demorar hasta dos o tres años más”.
Buscan desacreditar pruebas con las que los condenaron
La apelación de los militares, que está pendiente de ser conocida por los magistrados de sala y que aún no tiene nueva fecha, es en contra de la declaración testimonial de Emma Guadalupe Molina y otros testigos, además intentan desacreditar el peritaje “La colaboración argentina en la estrategia antisubversiva y sus consecuencias en América Latina” realizado por la especialista argentina Julieta Karla Rostica.
“La defensa militar intenta desacreditar los peritajes diciendo que fueron realizados por extranjeros y que no se cumplieron los pasos establecidos en la ley guatemalteca porque el único que puede hacer peritajes es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), pero los peritos fueron acreditados por el Ministerio Público (MP) y sus documentos fueron certificados bajo las leyes nacionales”, defiendió el abogado Reyes Chiquin.
La sala de apelaciones decidió no fijar una nueva fecha para discutir y resolver sobre la apelación hasta que la CC resuelva en definitiva los dos amparos pendientes que fueron presentados por dos de los sentenciados ya que si toman una decisión con recursos pendientes el proceso podría ser retrotraído y afectaría a todas las partes involucradas.
