25 de febrero: Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado

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Créditos: Ruth del Valle

Por Ruth del Valle Cóbar

“Que la historia que pasamos
quede en las escuelas,
para que no se olvide
para que nuestros hijos la conozcan.”

Un testigo ante la CEH.

El 25 de febrero de 1999 fue entregado en la ciudad de Guatemala el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico Guatemala Memoria del Silencio. Dicha comisión fue establecida en el marco del proceso de negociaciones de paz a través del Acuerdo firmado en Oslo (Noruega) el 23 de junio de 1994 y su principal propósito era la investigación de las violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia que causaron sufrimiento a la población guatemalteca durante el conflicto armado interno.

En 2004, quinto aniversario de entrega del informe, el Congreso de la República aprobó el Decreto 06-2004, Ley que conmemora el 25 de febrero de cada año, como el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado. El Congreso consideró entonces que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico recomendó preservar la memoria de las víctimas del conflicto armado interno, conmemorándolas en un día especial. La propuesta de fecha provino de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos de la sociedad organizada que sugirió que tal conmemoración se realizara el 25 de febrero de cada año, por ser esa la fecha en que se presentó el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

El artículo 1 de esta ley establece el 25 de febrero de cada año, como el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, y señala que debe conmemorarse tal fecha en instituciones autónomas y descentralizadas, establecimientos educativos y oficinas públicas y privadas, en la forma que se honre de mejor manera la memoria de las víctimas del conflicto armado interno.

Lamentablemente, en todos estos años han sido las organizaciones de víctimas las que han conmemorado «su» día, sin el apoyo del Estado. De la misma forma en que lo han hecho con las luchas de otros sectores y grupos de población, el Estado decreta los días, crea las oficinas o departamentos, cuando bien les va les destina un presupuesto mínimo, y deja que sean «ellos y ellas» quienes se encarguen: que las mujeres se encarguen de conmemorarse su 8 de marzo y su 25 de noviembre, que los indígenas se encarguen de recordar su 9 de agosto… lo mismo ha sucedido con las víctimas de la guerra terrorista de Estado contra el pueblo.

La memoria y el recuerdo son fundamentales para las víctimas porque permite hablar de las personas, mantenerlas vivas en los corazones de la familia y la comunidad; pero también es importante para la sociedad, porque nos da la oportunidad de conocer los hechos y acercarnos más a la verdad de nuestra historia.

Si bien ese es un primer paso para evitar que se vuelvan a repetir las atrocidades sucedidas, para las personas que perdieron familiares en la guerra o fueron víctimas directas, lo más importante es el reconocimiento de los hechos, no solo que se sepa qué pasó, sino entender por qué, porque muchas víctimas fueron criminalizadas y se decía «en algo andaba metido», «por algo le pasó», cuando en general eran víctimas inocentes, población civil no combatiente. Si no, ¿cómo explicamos que de las más de 200 víctimas en la masacre de las Dos Erres, al menos 90 eran niños y niñas menores de 9 años?

Pero también es importante conocer el destino de las personas, especialmente en los casos de desaparición forzada. Y para ello es necesario que los victimarios, los perpetradores, los asesinos, o como queramos llamarlos, digan lo que hicieron y dónde dejaron los cuerpos, para que las personas puedan elaborar adecuadamente sus duelos y enterrar los restos de sus seres queridos. Los ritos individuales y comunitarios relacionados con la muerte han sido seriamente afectados en Guatemala a partir de la práctica de desaparición forzada, uno de los mecanismos más perversos del horror en esta guerra terrorista contra el pueblo.

Por ello no está de más recordar el dicho de que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque no puede aprender de los errores cometidos en ella, no puede identificar las causas que los produjeron y las condiciones que los permitieron. Y todos y todas somos responsables de que ello no suceda de nuevo. 

via Gazeta

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