Sociedad civil exige al gobierno que retome la política de protección a personas defensoras de derechos humanos

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Créditos: PDH
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Andina Ayala

Defensoras y defensores de derechos humanos exigen a las autoridades y especialmente a la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) para que dé continuidad a la aprobación de la política de protección a personas, comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Jorge Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) junto a representantes de organizaciones sociales demandaron al Gobierno la aprobación de la política de protección de personas, comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Durante la conferencia prensa, realizada en el hotel Royal Palace, en la zona 1 capitalina, estuvo presente Jordan Rodas, Procurador de Derechos Humanos (PDH), una delegación de la Unión Europea y represensantes de la Oficina del Alto Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH).

Santos señaló que desde 2017 está detenida la propuesta de normativa. “Este es un primer llamado a las autoridades para reiniciar el trabajo de protección a defensores de derechos humanos“, añadió. En seguida Macrina Gudiel, familiar de unos de los casos del Diario Militar, dio lectura al comunicado que resalta que dicha política tiene avances, uno de ellos, el consenso de organizaciones de derechos humanos y más de 20 instituciones del Estado, incluida la Policía Nacional Civil (PNC) y el ministerio de gobernación. Además, la propuesta fue validada en una carta de compromiso el 3 de abril de 2018.

Política para la protección de defensores

Surge en 2012, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció como medida de reparación la construcción de una política pública de protección a defensores de derechos humanos, en la sentencia a favor del caso de la desaparición de José Miguel Álvarez, detenido desaparecido el 22 de septiembre de 1983, relacionado con la desaparición de 26 personas registradas en un documento de inteligencia militar guatemalteco, conocido como Diario Militar.

Lee más aquí: https://prensacomunitaria.org/cidh-caso-gudiel-alvarez-y-otros-diario-militar-vs-guatemala/

Fue en 2016 cuando se iniciaron reuniones entre organizaciones de derechos humanos e instituciones públicas, “había una mesa técnica del Estado y otra de sociedad civil, cada una hizo su propuesta para que después fueran discutidas en asamblea, y se llegó a consenso”, comentó Irene Barrientos, del Comité de Unidad Campesina (CUC). Estos hechos ocurrieron durante el Gobierno del general Otto Pérez Molina, pero se resistieron a acatar la sentencia de la CIDH.

 “Inicialmete se había planteado como una ley pero después el Congreso, a través de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Ronald Arango, del partido Todos, se volvió en una propuesta de política pública para que pudieran participar 22 instituciones del Estado”, agregó Barrientos.

La iniciativa se congeló en agosto de 2017, cuando el expresidente Jimmy Morales se negó a ratificar el acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), una estrategia mediática que terminó por beneficar a algunos implicados en casos de corrupción.

En opinión de Santos ese momento significó para las organizaciones de derechos humanos “un estancamiento, no solo de la política en que trabajaron, sino en general de procesos democráticos”.

Las organizaciones y defensores esperan que a corto plazo se retome la implementación de la política pública para que la conozcan defensores y defensoras de derechos humanos de los 22 departamentos del país.  Esto dependerá de la voluntad política de Alfonso Fuentes Soria, el nuevo presidente de la COPREDEH, que es la institución encargada de hacer cumplir las sentencias de la CIDH.

Autoría y edición

Antropóloga y corresponsal de Prensa Comunitaria, forma parte del equipo de investigación del proyecto Green Blood.

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