Por Rony Morales
Después de un largo proceso penal que duró tres años, finalmente inició el juicio en contra de Rosendo Chén, Jesús Caal y Juan Marino Ché, tres campesinos mayas q’eqchi’s, defensores de la tierra, ex trabajadores mozos colonos, acusados de usurpación agravada de la tierra de una finca La Cumbre Sa’kuxhá, los tres viven en la comunidad del mismo nombre ubicadas en Táctic Alta Verapaz, todos se declararon inocentes.
El 6 de enero 2020 el juez Jesús Isaías Caal del juzgado de primera instancia penal de narco actividad y delitos contra el medio ambiente de Cobán Alta Verapaz, comenzó con el debate oral y público, los tres campesinos son acusados por usurpación agravada por los señores Raúl Alfredo Morales Cahuec y su hermano Óscar Rolando Morales Cahuec, quienes argumentan ser los dueños de la finca.
Para la defensa de los campesinos, existe un derecho histórico a la tierra, estas 25 familias nacieron en este lugar de la misma manera que sus antepasados, todos fueron mozos colonos durante el cultivo de café, vivían mucho antes de que las tierras fueran registradas a favor de particulares. Los abogados también argumentaron que las tierras fueron entregadas a través de procedimientos que no tomaron en cuenta la posesión histórica del pueblo maya q’eqchi’. Además la tierra en disputa aparecía en los registros como “baldía” o “tierras nacionales”, puesto que no existía certeza jurídica de los propietarios de la tierra.
El histórico problema de los mozos colonos
Los miembros de la comunidad habrían laborado como “mozos colonos” en la mencionada finca desde la década de los 50’s, sin que se les pagara salario mínimo, siendo posteriormente “despedidos” sin reconocerles sus prestaciones laborales.
Para Juanita Pérez y Hugo Archila abogados del bufete de derechos humanos (BDH) este proceso es estigmatizante ya que el Ministerio Público MP denomina reiteradamente a las familias como “invasores”, a pesar que consta que las familias buscaron soluciones a la problemática de la tierra en la Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA), Fondo Tierras y Gobernación de Alta Verapaz durante varios años, varios registros apuntan desde el 2010.
Estas 25 familias no pudieron visitar a sus difuntos en el Día de todos los Santos, el pasado 1 de noviembre. Fueron desalojados por el Estado de Guatemala de la finca en donde ellos han vivido, la orden de desalojo se dio en idioma español y no en q’eqchi’, las autoridades que realizaron el desalojo llegaron cuando solo se encontraban las mujeres, niños y ancianos, nadie sabía el castellano y tampoco leer.
Durante la primera audiencia del debate oral y publico
Después de los argumentos de los abogados defensores, se escuchó en el tribunal a los supuestos dueños de la finca: Denis Oliverio Morales, Óscar Rolando Morales Cahuec, Aída Concepción Morales Martínez, Osmín Eduardo Morales Cahuec, Alma América Morales Martínez de Ramírez y Raúl Alfredo Morales Cahuec, quienes argumentaron que la finca fue herencia de su papá.
Después de haber escuchado las pruebas de ambas partes el juez, reprogramo la continuación de la audiencia para el próximo 14 de enero a las 11 horas en el mismo lugar, en ese momento las partes presentaran a los testigos.
“Nuestro derecho”
“Queremos que se conozca que las tierras les pertenecen a ellos. Ellos están pidiendo un derecho. Los que están ahí, algunos señores, compañeros ya grandes que están ahí, fueron trabajadores de ese lugar y por eso ellos sí tienen derecho de pedir sus derechos ancestrales. No es todo el terreno lo que se está ocupando, es como la tercera parte del terreno lo que ocupan los compañeros. El terreno tiene aproximadamente como doce caballerías, es grande. Son tierras ociosas, son montañas, grandes piedras.” “Y además son compañeros sin recursos económicos, no tienen donde vivir. Algunos tienen donde asentar sus casas pero son muy pocos, y sólo para tener sus viviendas, no tienen para cultivar. Y todos, las 24 familias que están ahí, nadie tiene preparación académica, no es culpa de ellos porque no les permitieron.”
“El trabajo que han hecho en esa finca anteriormente los compañeros eran trabajadores de leche, de ordeñar leche. Ellos cargaban la leche debajo sus espaldas hasta llegar al pueblo. Los compañeros decidieron ocupar ese lugar donde estaban trabajando, porque no tenía producto en ese lugar.” Afirmó Jesús Caal.
El desalojo en la comunidad de la Cumbre
A las cinco de la mañana del 1 de noviembre de 2017, unos 60 miembros de las fuerzas antimotines de la PNC de varios departamentos, ingresaron a la comunidad La Cumbre con una orden de desalojo. Si esta medida extrema fuera poco, a los comunitarios se les acusó también por delitos como usurpación, usurpación agravada y tala de árboles. El desalojo fue promovido por Raúl Alfredo Morales Cahuec y su hermano Oscar Morales Cahuec en los juzgados de Cobán.
Por la mañana del primero de noviembre, la PNC hizo el desalojo de forma violenta, solamente estaban las mujeres, los ancianos y los niños ese día. Las familias fueron desplazadas desde ese año sin que el Estado garantizara un lugar en donde reubicarse, tres años después las familias deben observar como a tres de sus integrantes se les lleva a un juicio por la recuperación de la tierra en donde cada uno y una de ellos nacieron.
