Por: Simón Antonio Ramón
En 2020 hay cambio de autoridades en las estructuras de los tres poderes del Estado. En el sistema de justicia, en octubre de 2019, se debió realizar el cambio de magistrados y magistradas a Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones. Se ha retrasado por varios amparos por organizaciones sociales que han señalado irregularidades en el proceso y que se han resuelto bajo la consulta y resolución de la Corte de Constitucionalidad.
En esas circunstancias, Lucía Inés Xiloj Cuin, abogada maya K’iche’, atendió la convocatoria a candidatos a magistrados y magistradas a Corte de Apelaciones. Xiloj Cuin es originaria del municipio de Chichicastenango del departamento de Quiché. Ha sido reconocida por su trabajo a nivel nacional e internacional, especialmente en la temática de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas.
De 2017 y 2019 fue docente en Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial (OJ), a ello se suma más de 12 años de carrera como abogada y notaria.
Su participación como postulante en el proceso de magistrados para cortes de apelaciones es una manera romper una de las formas en que el Estado de Guatemala ha ejercido el poder sobre los pueblos indígenas. “La justicia debería de reflejar como es la sociedad guatemalteca, que está compuesta mayoritariamente por los pueblos indígenas”, dice Xiloj Cuin.
Cuando a Xiloj Cui se le pregunta sobre el sistema de justicia y su abordaje a la situación de los pueblos indígenas responde: “se ha diagnosticado que el sistema de justicia no responde a las necesidades de los pueblos indígenas; primero, porque no comprende su realidad socioeconómica; y segundo, tampoco comprende la condición de las mujeres en las distintas comunidades, y luego hace pocos esfuerzos para que haya una justicia realmente con pertinencia cultural y lingüística”.
Una carrera con honores
Después de graduarse como secretaria bilingüe, en el año de 1996, migró a la ciudad de Guatemala. En agosto de 2006, se graduó de abogada y notaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos (USAC), en la ciudad de Guatemala.
Por haber obtenido uno de los promedios más altos de su promoción, en las fases del exámen técnico profesional, recibió en septiembre de 2007, un reconocimiento otorgado por la Junta Directiva de la escuela de derecho.
Ser garante para una justicia pronta y cumplida
Una de las deudas del sistema de justicia guatemalteco con los pueblos indígenas es la armonización de sus prácticas comunitarias con las leyes nacionales y las leyes internacionales. “Muchas veces no se analiza el contexto y se trata de resolver un caso de manera uniforme lo que no concuerda con el bloque de constitucionalidad y el derecho internacional con las prácticas de los pueblos indígenas”, sostiene la abogada Xiloj.
La experiencia de una década de carrera le ha dado la oportunidad de litigar en varios casos. Uno de ellos fue el esclarecimiento de la muerte de Andrés Francisco Miguel, comunitario maya Q’anjob’al de Barillas, Huehuetenango, muerto de un tiro el 1 de mayo de 2012. Por la muerte de Francisco Miguel fueron acusados agentes de seguridad privada de la empresa Hidroeléctrica San Cruz, sin que se les pudiera probar su participación.
Entre 2014 y 2015 fue parte de los abogados que condujo el litigó en el juicio por la masacre en la Embajada de España, ocurrido el 31 de enero de 1979, en el que murieron 37 personas entre ellos Vicente Menchú padre de la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú Tum, y el embajador Máximo Cajal fue uno de los sobrevivientes. El 19 de enero de 2015, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a Pedro García Arredondo, exjefe del comando seis de la extinta Policía Nacional, a 90 años de prisión.
También participó en el paradigmático caso de la llamada masacre en la Cumbre de Alaska, ocurrido el 4 de octubre de 2012 en el kilómetro 169 de la Carretera Interamericana en el municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, donde murieron seis comunitarios y resultaron más de 50 heridos. Todos miembros de la organización comunitaria 48 Cantones de Totonicapán. Los comunitarios manifestaban su oposición a la eliminación de la carrera del magisterio, el alto costo de la energía eléctrica y las reformas a la Constitución impulsadas por el gobierno de Otto Pérez Molina.
Otro caso en el que tuvo participación fue el proceso penal en contra de seis miembros de las extintas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), acusados de violación sexual, y en el que son querellantes 36 mujeres originarias del municipio de Rabinal, Baja Verapaz.
Transformar el sistema de justicia desde adentro
Ha sido consultora en varias dependencias del sector justicia. De los meses de agosto a noviembre de 2017, se desempeño en la Comisión Nacional de Seguimiento y Fortalecimiento del Sector Justicia, elaborando el protocolo de atención a pueblos indígenas con pertinencia cultural y lingüística del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
En 2014, fue consultora para la elaboración del protocolo y guía de atención a mujeres indígenas en el acceso a la justicia en el OJ. También participó en la elaboración de la Instrucción General para la Investigación y Persecución Penal del Delito de Discriminación del Ministerio Público, en julio de 2013.
Ha sido ponente y facilitadora sobre derechos de pueblos indígenas en espacios académicos de la USAC, en el Primer Congreso Nacional de la Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala, realizado en Antigua Guatemala en mayo de 2019; también en el Ministerio Público y en la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC).
Méritos de proyección humana y distinciones
A nivel internacional forma parte de la Alianza de Derecho Ambiental y Agua, entidad dedicada a la promoción del derecho humano al agua. En 2009, participó en la Cumbre Mundial de Paz, en Bogotá, Colombia.
A lo largo de su carrera ha recibido varias distinciones. Como el reconocimiento otorgado en 2017 por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum por su trabajo en casos importantes para la memoria histórica. En el mes de agosto de 2002, fue declarada Huésped de Honor por el Consejo Municipal del Municipio de Puerto Cabezas, Nicaragua, por su contribución al fortalecimiento de la autonomía de la Costa Caribe Nicaragüense y formación de mujeres líderes indígenas.
De abogada a candidata a magistrada
Su postulación como candidata a magistrada de Corte de Apelaciones abre camino de participación para mujeres indígenas en el sistema de justicia. “Hay todo un sistema construido que limita la participación de la mujer que se basa en las ideas, condiciones y posición social”, opinó la abogada originaria de Chichicastenango.
Pero estas no son las únicas dificultades que Xiloj Cui observa en los procesos de selección y elección de magistradas y magistrados al que, como mujer indígena se enfrenta. “Como mujeres indígenas no somos un grupo de poder que pueda incidir en las decisiones que tomen los comisionados, en el Congreso de la República, lamentablemente la elección se basa en eso, en quienes puede incidir”.
La joven abogada, afirma que este proceso no tiene el mismo nivel de vigilancia que los procesos que realizaban cuando estaba la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG). “Recordemos que una de las funciones de la CICIG era eso, visualizar toda esa estructura que hay para la elección de magistrados y luego para su evaluación ya como integrantes del sistema de justicia. Se perdió un elemento importante para hacer esa vigilancia en el actuar de los funcionarios judiciales”.
Lucía Inés Xiloj Cuin, concluye y subraya: “es importante que desde el sistema oficial existan personas indígenas que puedan aportar a mejor al acceso a la justicia en general”.
