Por Andina Ayala
Apenas un día después de la visita del presidente Giammattei, a San Mateo Ixtatán, se activó la persecución política en contra de un defensor del agua, Julio Gómez, maya Chuj. Se encontraba en la entrada del municipio de Chiantla, Huehuetenango, cuando agentes de la Division Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil PNC le atravesaron el auto para detenerlo.
Julio Gómez, fue detenido el domingo 26 de enero. A las 3:50 de la madrugada fue trasladado de Chiantla al Centro de Administración de Justicia (CAJ), en Santa Eulalia, bajo las acusaciones de: instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilícitas, agrupaciones ilegales de gente armada, atentado, asesinato en grado de tentativa y daño.
En compañía de sus abogados, se encuentra a la espera de que se realice la audiencia de primera declaración y de está forma poder aclarar su situación.
La orden de detención en su contra fue emitida el 19 de junio de 2018 por el juez Alberto Calmo Ramírez, del juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango.
Empresario y activista
Goméz es originario de la cabecera de San Mateo Ixtatán y ha representado al pueblo Chuj por la defensa del agua, los bienes naturales y el territorio, y ha sido señalado por su labor comunitaria. Su trayectoria también incluye haberse desempeñado como autoridad local, fue miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) y coordinador de la comisión de defensa del medio ambiente. También fungió como delegado para los espacios de interlocución entre la resistencia y el Estado. Fue miembro del consejo parroquial de San Mateo Ixtatán. En la actualidad es miembro del Movimiento Político Winaq y es autoridad del Gobierno Ancestral Plurinacional.
En 2013, durante el Gobierno del expresidente acusado de corrupción, general Otto Pérez Molina, formó parte de la mesa de diálogo entre autoridades locales de Huehuetenango y el gobierno central.
Como líder comunitario, fue agredido en 2014 por simpatizantes de la empresa Energía y Renovación S.A., propiedad de Promoción y Desarrollos Hídricos, PDH, a partir de allí ha sido victima de intimidaciones, agresiones, amenazas y difamación, incluso en redes sociales.
En feberero de 2019 fue retenido y secuestrado en la comunidad Tz’ununkab’ de San Mateo Ixtatán, por un grupo de hombres que le exigieron Q150 mil para liberarlo. Durante el secuestro, sus captores le acusaban sobre su oposición crítica a las hidroeléctricas.
La firma del “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo” en noviembre de 2018, entre la empresa hidroeléctrica Energía y Renovación y autoridades locales y nacionales, fue determinante para que quedaran al margen las autoridades y demás representantes que defendían la naturaleza. Autoridades ancestrales, hombres, jóvenes y mujeres líderes en sus comunidades, fueron progresivamente sufriendo de descredito y han sufrido ataques, hostigamientos e intimidaciones de forma ciclica. Con el nuevo Gobierno, se abre otra fase de represión a través de la reactivación de persecusiones penales, para aplacar la resistencia y el derecho de las personas de elegir sobre su entorno natural.
#Huehuetenango Imagenes de esta mañana desde el Centro de Administración de Justicia (CAJ) donde se encuentra el defensor del agua Julio Gómez Lucas. Esposa e hijos llevaron el desayuno. Mientras esperan la audiencia de primera declaración. fotos: cortesía. pic.twitter.com/bbO9o3cmTq
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) January 27, 2020
