Por Jody Garcia
En enero de 2015, Guatemala era otra, más cínica. La gobernaban, desde la Presidencia, la mayoría del Congreso y el control total de las nuevas Cortes, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Y su mano derecha era un temible militar que se llamaba Juan de Dios Rodríguez, que presidía el IGSS y no se inmutaba por las fiscalizaciones de los medios y la oposición. Pero una mujer sencilla, alegre y persistente empezó a ponerle fin a su imperio al denunciar el caso de corrupción más letal de la historia de Guatemala, el de los 530 pacientes renales del seguro social y la empresa Pisa.
Sorayda Macz tenía 43 años y era gerente general de una compañía inmobiliaria. De la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, estaba casada con Mario Monroy, de Aguablanca, Jutiapa, un jubilado que trabajó gran parte de su vida en Estados Unidos. Hace 6 años recibieron una noticia que les cambiaría la vida. Los riñones de Sorayda no estaban funcionando bien y por el resto de sus días tendría que tratarse con sondas y medicamentos y asistir cada cuatro semanas a chequeos con la empresa que el Seguro Social contratara para tratarlos. La noticia fue dura pero no los derrumbó. Sorayda nunca se dio por vencida y en poco tiempo aprendió a mantener bajo control su enfermedad.
Pero la corrupción sería un enemigo más difícil de derrotar. El tamaño del adversario no intimidó a Sorayda. En enero del año 2015 convenció a un grupo de pacientes renales para que juntos denunciaran que el IGSS había cambiado a la empresa que les proveía el tratamiento renal a 530 pacientes, y que la nueva compañía les daba medicinas sin registro sanitario, con defectos y componentes que les hacían sentir dolores que no eran normales. Tenían miedo de que no pudieran resistir. Necesitaban hacer algo. Así que Sorayda, su esposo y otros pacientes renales fueron a denunciar su caso a la oenegé Acción Ciudadana y a Nómada.
El 20 de diciembre de 2014, el IGSS le adjudicó a Pisa los tratamientos para 530 pacientes con insuficiencia renal a cambio de Q18 millones ($2.4 millones) en sobornos, según las evidencias presentadas por el Ministerio Público y la CICIG. La Junta Directiva del IGSS dio el contrato después de analizar el expediente durante apenas 2 minutos.
Durante el proceso de licitación, Pisa le ganó a la multinacional Baxter, que durante 6 años prestó el servicio a los afiliados al Seguro Social. Aunque Pisa no tenía un centro de diálisis, ni especialistas, recibió el contrato por Q116 millones y subcontrató a Medicina Corporativa, entonces dueña del Hospital Las Américas, hoy La Paz, para usar sus instalaciones y personal médico. Veinte días después que haber empezado a “transformar a los pacientes” (cambiarles catéter y el equipo de diálisis para suministrar sus productos), la Procuraduría de Derechos Humanos ya había recibido denuncias por la calidad de los medicamentos y mala atención médica. Hasta la fecha han muerto 59 pacientes renales y se estima que más de 150 resultaron afectados.
Desde que denunció el caso a la opinión pública, la vida de Sorayda se hizo más grande. Se convirtió en la vocera de un grupo de personas con padecimientos crónicos, en la mujer que organizaba las manifestaciones, la que explicaba en la televisión cómo el IGSS trataba a los enfermos renales, la que documentaba todos los casos de infecciones, peritonitis, la que visitaba a sus compañeros en la emergencia del Seguro Social. Era la que cuando las capturas por este caso iniciaron, memorizó las etapas del proceso penal para poder explicarle al resto de pacientes qué significaba cada audiencia, la que traducía el lenguaje jurídico de los abogados para explicarle qué estaba pasando. La que lideraba, sin ninguna protección a su vida ni compensaciones, la lucha porque el caso de corrupción más letal de la historia de Guatemala no quedará en la impunidad.
Para Mario, que siempre la acompañó, ese ímpetu no era extraño. Por eso se enamoró de ella. Por eso, cuando el caso IGSS-Pisa ocupaba los titulares de las noticias y algunos pacientes ya no quería seguir, ella insistía, los convencía. Mario lo recuerda, aunque al contarlo le cuesta respirar.
El 5 de octubre pasado, Sorayda Macz, de 43 años, murió por un choque séptico, es decir, una infección generalizada en el cuerpo que devastó sus pulmones. Permaneció internada en el IGSS once días, y durante ese tiempo sufrió tres paros cardiacos. Mientras estuvo hospitalizada, luchó contra una neumonía, que según sus familiares los médicos trataron como infección urinaria y peritonitis, pero no perdía las energías. Consolaba a su esposo cuando se quebraba frente a ella.
– No te pongás así, yo voy a superar esto.
Sorayda estaba acostumbrada a levantar el ánimo de las personas en los momentos más difíciles.
La casa que ella y Mario compartieron es ahora un silencio. Han pasado trece días desde que falleció. En la sala hay fotografías de Sorayda y su esposo. En todas sonríen. Mario las enseña e intenta no llorar.
Balbucea algunas palabras hasta que respira hondo y entre lágrimas gordas y gruesas dice que Sorayda siempre se preocupó por los demás más que por ella misma. Una pausa más. Mario está inconsolable.
– Cuando los otros compañeros vieron que había fuerza, tuvimos reuniones en las cuales todos decidieron que ella debía ser la presidenta de la asociación de pacientes que estaba formando porque vieron que ella era la que los unía, la que los jalaba, la que decía vamos a luchar, la que iba al IGSS a visitar a los que estaban infectados.
Era una mujer feliz, dice. Los silencios son más abundantes que las palabras. Mario dice que Sorayda deseaba seguir viviendo.
– Esta lucha no se puede quedar así, no por dinero ni nada, sino por justicia. Lamentablemente… era todo para mí.
Mario ya no puede contenerse. Llora. Llora. Con la mano derecha se cubre los ojos. La mano izquierda tiembla con el resto de su cuerpo cuando toma aire para decir que no le tocaba, que a Sorayda no le tocaba morir.
– Desgraciadamente en el IGSS la trataron por infección urinaria, por infección en los riñones, y eso era lo que menos tenía. Ella tenía infección en los pulmones. Y ellos buscándole infección urinaria. Ella estaba bien de su diálisis, estaba excelente. Yo no sé cómo contrajo esa infección en los pulmones.
Aunque su muerte a primera vista parece que no tiene nada que ver con su padecimiento crónico, su esposo recuerda que cuando Pisa la trató, ella tuvo dos peritonitis que debilitaron sus defensas, y que ésta última vez que permaneció hospitalizada más de diez días, en el IGSS le prestaron atención hasta el último momento.
– El Igss es una carnicería, no es un hospital. Es una pena que todos esos jóvenes doctores hayan perdido el sentido de la vida por los pacientes, porque ellos están aquí, ellos pagan sus cuotas, pero los muchachos (médicos) parecen más preocupados de sus teléfonos, menos de los pacientes que están sufriendo. Sorayda pasó once días así, sufrió tres paros cardiácos y del último ya no reaccionó.
El matrimonio de doce años se acabó. Mario está débil, está triste. No sabe si podrá seguir la lucha que su esposa inició.
La líder de los pacientes
La denuncia de Sorayda y sus compañeros fue la llama que encendió la mecha de una investigación a la que luego se le sumó el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
– Desde que Sorayda planteó la denuncia acá con nosotros fue que pedimos información del proceso de licitación y contratación, recuerda Eddy Cux, abogado de Acción Ciudadana.
– Ella jugó el papel histórico que no muchos ven, representó uno de los casos más paradigmáticos que es el de la vida, la salud. Es la viva muestra de que la corrupción tiene una repercusión en la vida de las personas.
La participación de Sorayda fue determinante para que la jueza Silvia de León enviara a juicio a la poderosa Junta Directiva del IGSS –que incluía a Juan de Dios Rodríguez, a un expresidente de la patronal del CACIF o al entonces presidente del Banco de Guatemala–.
– Ella decía que no le tenía miedo a nadie. Era admirable su coraje para enfrentarse a los acusados. Al principio era tímida ante las cámaras, pero en poco tiempo se convirtió en la vocera de los afectados, recuerda el abogado Cux.
Acción Ciudadana dejó de apoyar a los pacientes por falta de fondos. Ahora los ayuda la Fundación Sobrevivientes.
Nery Batén, el abogado de Sobrevivientes, dice que cuando recibieron a los pacientes quién llevaba la voz en nombre de todos era Sorayda.
– Ella era la que convocaba, la que le pedía el consentimiento a las demás para organizarse y ellos coordinaban con ella por teléfono. Era la cabeza del grupo. La ausencia de ella en el juicio es grande. Que inicie el juicio ya es fundamental. No sabemos nosotros hasta cuando ellas van a poder soportar su enfermedad y si ya vimos lo que pasó con Sorayda, que era de las que más luchaba y las que estaba más activa, no sabemos qué va a pasar con las demás.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, dice que el testimonio de Sorayda era importante para el caso y que afectará el proceso en el ánimo del resto de afectados. La investigación sigue de sigue de pie porque cuentan con casi 200 pruebas en contra de los acusados.
David Pineda, abogado de los exgerentes de Pisa Ramiro Lorenzana y Edgar de la Peña, dice que el juicio les servirá para comprobar que sus clientes son inocentes y que los pacientes fueron utilizados para un show mediático. Añade que las escuchas telefónicas a sus clientes no tenían autorización judicial y entonces son ilegales.
Dice que es mentira que Pisa no tuviera la infraestructura o los médicos necesarios para atender a los pacientes y que es absurdo decir que la empresa subcontrató a otra compañía para ganar el contrato (A pesar de que hay evidencias que les prestaron nóminas de IGSS, por ejemplo). Dice que le decía a Sorayda que cambiara de abogados porque nunca podrían recibir una compensación económica.
– Pero si reciben o no dinero, ¿qué dice de la degeneración de la salud de los afectados?
– Le voy a decir algo. Los abogados que iniciaron el caso asesoraron mal a los pacientes, porque existe otro proceso que se estaba llevando en la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
Según el abogado Pineda, si los pacientes quieren un resarcimiento económico, no tienen que pedirla en la parte del caso que dilucida el tema administrativo y de corrupción sino en otra parte del expediente que dilucida si hay responsabilidad directa del IGSS y Pisa en la muerte de los pacientes. Cree que sus clientes saldrán libres, pero la Junta Directiva sí debería ser condenada “por incumplimiento de deberes”.
– ¿Incumplimiento de deberes porque la entonces Junta Directiva del Igss no revisó bien el concurso?
– Tal vez sí, no revisaron bien.
– Entonces, si usted dice eso de alguna forma reconoce que Pisa no cumplía con todos los requisitos para obtener el contrato.
– Habría que analizar eso, a la luz del derecho administrativo. Pisa va a responder por lo que tenga que responder.
– ¿Considera que en el proceso de cambio de proveedor de la atención y medicamentos para insuficiencia renal se trató con dignidad a los pacientes?
– No, pésimo. Desde sus abogados que los asesoraron mal, hasta la jueza y ahora este tribunal. Esta burocracia absurda los afecta a todos. Aunque hubo cosas que se salieron de las manos.
20 meses después de presentar la denuncia y 15 meses después de que se detuviera al personal y los directivos acusados, este lunes 24 de octubre de 2016 inicia el juicio por el caso IGSS-Pisa. En este tiempo falleció uno de los acusados y 59 de los pacientes. Algunos de los otros pacientes afectados intentarán estar en la audiencia, el tiempo que no tengan que estar conectados a una máquina para limpiar sus riñones.
vía Nomada
Prensa Comunitaria hace visible el trabajo de siete periodistas que abordan el fenómeno de la violencia contra la mujer. Con la finalidad de apoyar la amplificación de está temática, compartiremos 24 piezas periodísticas publicadas en el medio digital Nómada.
