El nuevo vicepresidente una puerta para los megaproyectos en Huehuetenango

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Créditos: David Toro
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por David Toro

Cesar Guillermo “Willy” Castillo Reyes, tiene 53 años, su padre Enrique Castillo, es originario del municipio de Cuilco, pero el ahora vicepresidente nació en Santa Cruz Barillas, uno de los nueve municipios fronterizos de Huehuetenango el lugar de origen de su madre, Reyna Reyes, quien es parte de las familias ladinas polémicas en ese territorio.

La vida profesional de Castillo Reyes se ha dividido entre una gran variedad de puestos en diferentes organismos del Estado, además fue presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) en 2014. “Willy”, como le llama su familia, se graduó de abogado y notario por la Universidad de San Carlos (USAC), y tiene una maestría en derechos humanos por la Universidad Rafael Landivar (URL).

Durante el Gobierno de Óscar Berger (2004-2008), Castillo Reyes fue director del Instituto Técnico de Capacitación (Intecap), puesto en el que fue designado en 2005 y en el que permaneció hasta 2009. Durante esa gestión impulsó proyectos para capacitación de reos, justo cuando Alejandro Giammattei fue director del Sistema Penitenciario (SP).

El vicepresidente Castillo tiene un fantasma naranja a sus espaldas. Apoyó abiertamente al Partido Patriota (PP) en la campaña de 2007. En declaraciones al medio digital Nómada, el 7 de agosto de 2019, relató que apoyó la candidatura de Otto Pérez Molina, porque su candidato a vicepresidente era el conocido empresario, Ricardo Castillo Sinibaldi, “Lastima que Castillo no ganó la vicepresidencia, tendríamos un país muy distinto ahora”, agregó.

Ricardo Castillo Sinibaldi, es parte de una de las familias empresariales más importantes y poderosas del país y ahora con capital invertido en megaproyectos como hidroeléctricas en el norte de Huehuetenango, lugar de origen de su admirador y nuevo vicepresidente Guillermo Castillo.

Según una publicación de 2006, Luis Solano, analista de El Observador, apuntó que los hermanos Castillo Córdova fueron la familia original y de ellos se desprendieron tres ramas: los Castillo Love, Castillo Sinibaldi y Castillo Monge. Públicamente se reconoce a Ricardo Castillo como propietario mayoritario de la Cervecería Centroamericana y la Central de Alimentos de Guatemala.

Sobre el nuevo vicepresidente, Rigoberto Juárez Mateo, autoridad ancestral del pueblo Q’anjob’al, recuerda que entre 2007 y 2008, la familia de “Willy” Castillo, fue parte del sector de la sociedad barillense que abogó a favor de la empresa española Ecoener-Hidralia y la imposición en Santa Cruz Barillas del proyecto hidroeléctrico Hidro Santa Cruz, que operó hasta 2016 en la corriente del río Cambalam.

La presencia de la empresa Ecoener-Hidralia, propiedad del español Luis Castro Valdivia, tuvo muchas repercusiones en Barillas y ocasionó una serie de conflictos que siguen haciendo eco en la actualidad. El más notable fue el asesinato del líder comunitario Andres Pablo Miguel, el 1 de mayo del 2012, por ese caso dos ex guardias de seguridad de la Hidroeléctrica están enfrentando un juicio en Quetzaltenango desde diciembre de 2019.

Días después del inicio del juicio, otro líder comunitario y periodista fue detenido, Palas Luin.  Recobró su libertad el 8 de enero del 2020, tras 14 días de prisión política, ya que fue hayado inocente de las acusaciones en su contra desde el 2012.

“La captura de Luin es un mensaje… la gente que está a favor de la imposición de hidroeléctricas sigue despierta”, asegura Juárez Mateo. “Como autoridades indígenas no hemos tenido ningún acercamiento con el nuevo Gobierno, para ellos no existimos (…) nuestras visiones de desarrollo son muy distintas”, añadió.

Este jueves 16 de enero, Alejandro Giammattei dibujo las líneas con las que guiará las riendas del país hasta el 2024. Aseguró que para diseñar su plan de Gobierno (el cuarto que realiza) tuvo que emplear a 400 personas en un lapso de 31 meses, mismo plan que es inviable,  ya que prioriza el gasto y descuida el cómo generar ingresos, según un análisis técnico realizado en agosto de 2019 por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Cuando entregó su primer discurso, el 14 de enero, aseguró que uno de sus pilares de su gestión sería trabajar para mejorar la gobernabilidad del país y las posibilidades de inversión. Prometió reforzar las fuerzas de seguridad y dar respaldo a la Policía Nacional Civil (PNC), “si nos defienden a nosotros, nosotros los defenderemos a ustedes”, declaró el noveno presidente desde que se transitó del autoritarismo a la democracia, en 1986, provocando aplausos y gritos de la audiencia, en su mayoría personas que estaban por asumir su nuevo cargo público y militantes del partido Vamos que llevó a Giammattei a la presidencia.

Desarrollo, fue una de las palabras que Giammattei más ha repetido durante sus primeras 48 horas como presidente. Como si se tratase de una forma para agradar al sector empresarial organizado dijo que garantizará la certeza jurídica para proyectos industriales. Vale la pena recordar que su primera acción al ganar la segunda vuelta en agosto del año pasado, fue nombrar como ministro de economía a Antonio Maluf, un expresidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Este jueves durante la presentación de su plan de Gobierno anunció que pronto enviará a la Corte de Constitucionalidad (CC), su propuesta para reglamentar el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), un instrumento que ha funcionado para que los pueblos indígenas sean consultados sobre la llegada de las industrias mineras e hidroeléctricas a sus territorios. Los gobiernos posteriores a la firma de los acuerdos de paz en 1996 y las empresas transnacionales no han respetado la consulta previa.

 “Acepto que hemos excluido a los pueblos indígenas del desarrollo”, decía  Giammattei el 14 de enero cuando asumió la presidencia, mientras gritaba airadamente y extendía los brazos. Como si fuera una respuesta al discurso de Giammattei, Juárez Mateo, aseguró que la posibilidad de trabajo conjunto es lejana, ya que las visiones de desarrollo son opuestas, en realidad son dos mundos diferentes, las empresas han optado por desgastar y explotar recursos naturales para producir, mientras que el pueblo maya q’anjob’al, cree que lo más importante es poder acceder al buen vivir en convivencia con la naturaleza. Encontrar un punto de equilibrio es complicado cuando las compañías extranjeras desean aprovechar los ríos y los bosques a costa de las comunidades de los territorios y sin una división real de las ganancias que se producen.  

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