Por David Toro
Unas 1 mil 200 familias del anexo Manuel Colom Argueta y Los Pinos, a las orillas del basurero de la zona 3, corren el riesgo de ser desalojados en febrero, ya que habitan en terrenos municipales que han sido dados en usufructo a la empresa Rellenos de Guatemala S.A. Los pobladores buscan ayuda en el Congreso para obtener las escrituras de las tierras que han habitado desde hace más de 15 años.
En Guatemala muchas familias se han asentado en barrancos y a las orillas de estos, en estos lugares se carece de servicios básicos, este problema bastante añejo se debe, en gran medida, a la falta de un programa de vivienda a muchos guatemaltecos que migran hacia la ciudad capital por la centralización de las oportunidades, muestra de ello, es la situación que atraviesan más de mil familias que habitan en los barrancos aledaños al basurero de la zona 3.
Desde hace 15 años se asentaron en este espacio sin servicios básicos. Estos terrenos pertenecen a la Municipalidad de Guatemala y han sido dados en usufructo a la empresa Rellenos de Guatemala S.A, que promovió un desalojo contra los pobladores del anexo Manuel Colom Argueta y Los Pintos, y que podría realizarse el 13 de febrero de 2020.
Representantes de los asentamientos de la zona 3, 5 y 7 que atraviesan por el mismo problema, acudieron este lunes al Congreso para buscar ayuda del diputado Aldo Dávila de la bancada Winaq, ya que según los pobladores en la Municipalidad no han podido solucionar nada y ellos quieren obtener las escrituras de estos terrenos para poder seguir viviendo donde lo han hecho desde hace dos décadas.
Nery Maldonado, coordinador general de la organización Liderazgo Social, aseguró en entrevista que en los asentamientos de zona 5 y 7 el tema de legalización ha avanzado en la Municipalidad, más de 95 familias podrían obtener los títulos de propiedad de los terrenos donde habitan.
En la zona 3 el problema es más grande, hace unas semanas Torivio Acevedo, conocido por ser jefe de seguridad de Cementos Progreso en 2016 e involucrado en la represión a la población de San Juan Sacatepéquez, según el Centro de Medios Independientes (CMI), se presentó como representante legal de Rellenos de Guatemala S.A y les ofreció a los pobladores un trato de “compra venta”, según Nery Maldonado, Acevedo ofreció a los pobladores que pagaran $50.00 por cada vara de tierra, a pesar de que el terreno sigue siendo propiedad municipal.
Bajo las condiciones y el precio ofrecido por el supuesto representante legal, cada cuarto que tiene dimensiones de 4×3 metros estaría siendo valorado en aproximadamente Q50 mil.
Leocadio Juracán, exdiputado y dirigente del Comité Campesino De Desarrollo (CCDA), junto al diputado Dávila de Winaq, aseguraron a los ciudadanos afectados que pedirán a la Municipalidad y a la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular que inicien un diálogo para resolver el problema y que no se giren órdenes de desalojo mientras no exista certeza jurídica.
Lily Caravantes, Consejal 10 del partido Semilla de la Municipalidad de Guatemala, aseguró que es preocupante que las personas migren hacia lugares de alto riesgo que los hacen vulnerables, “en la ciudad, 18 de las 25 zonas colindan con barrancos (…) el primer paso para solventar este problema es redireccionar la política municipal de vivienda y crear un marco legal del distrito metropolitano”.
Además, desde la perspectiva de Caravantes es preocupante que se esté pensando en desalojos sin que esto sea acompañado con planes alternos para atender a los pobladores de estos sectores.
