Comunidad indígena de Alta Verapaz ocupó la tierra que el ejército le despojo hace 51 años, ahora Creompaz

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Créditos: FAFG

Por Rony Morales

San Luis Chicoyou es una comunidad q’eqchi’ de Cobán Alta Verapaz, sus habitantes recuerdan que sus antepasados ahí nacieron, incluso antes de llegada de los alemanas con el cultivo del café. El día 5 de enero de 2020 sus descendientes retomaron la tierra y se instalaron de nuevo en la finca que ocupó el ejército desde la década de los 60, actualmente operan una fábrica de municiones de fusil y las instalaciones de Centro Regional de Entrenamiento de Operadores de Mantenimiento de Paz -Creompaz-.

En ese entonces el ministro de la defensa Rolando Chinchilla Aguilar en 1969 decidió quitarles la finca y  desalojarlos para construir la zona militar 21 Coronel Antonio José de Irisarri, a finales de los años 60 esa posición era estratégica para tener el control del Atlántico, especialmente con el inicio de la guerra con las operaciones de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Rebeldes FAR.  

Fotografía La Masa

Retomaron la tierra

Esta medida fue tomada por las familias q’eqchi’s , exigen la devolución de la finca que el ejército de Guatemala les arrebató hace 51 años a través de la violencia para despojarlos de la tierra.  Durante cinco décadas quedaron desarraigadas varias familias y recientemente decidieron tomar una parte de la finca, se ubicaron en el extremo norte que se encuentra en el cruce para Chisec, después de la fábrica Industria de Municiones Militares Guatemalteca (FMG) que se encuentra dentro de la finca Chicoyou, también reclamada por el pueblo q’eqchi.

Por miedo a las represalias que el ejército y las autoridades estatales puedan tomar, decidieron  omitieron sus nombres las personas entrevistadas, “No tenemos donde vivir, el Estado no nos atiende, nosotros somos población desarraigada, el resarcimiento ofrecido a las víctimas del conflicto armado es sólo otra mentira más de los políticos, nos cansamos y decidimos actuar, estas tierras son nuestras.”

Los ancianos de Chicoyou dieron a conocer como fueron despojados de la tierra, prácticamente los dejaron en la calle, a la intemperie, sin nada cuando la lluvia no deja de caer.

Actualmente las familias construyeron champas improvisadas donde las familias permanecerán hasta que sus demandas sean atendidas, al mismo tiempo forman parte del proceso penal en contra de 14 militares, oficiales del alto mando del ejército, buscan que sean juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra, uno de estos oficiales es el general Benedicto Lucas García -militar condenado por caso Molina Theissen-.


Fotografía La Masa

Fotografía La Masa

Fotografía La Masa

La tierra que fue convertida en zona militar y cementerio clandestino

Con la contrainsurgencia el ejército cometió todo tipo de violaciones a los derechos humanos, con la represión a las comunidades indígenas, como actores civiles y desarmados, convirtieron la zona militar 21 en uno de los cementerios clandestinos más grandes de América Latina.

La guerra terminó en 1996 y la zona militar siguió funcionando, ahora opera en este lugar el Creompaz vinculada a las Naciones Unidas, de forma simultanea las víctimas de la guerra del pueblo q’eqchi, achi, pocomchi, ixil y k’iche llevaron ante la justicia a un grupo de 14 oficiales por los crímenes cometidos durante la guerra. 11 altos mandos militares acusados por delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad

Fabrica de Municiones del ejército construida sobre la finca de la comunidad Chicoyou. Foto ejército.
Instalaciones de Creompaz construidas sobre la finca Chicoyou. Foto ejército

La comunidad Chicoyoguito sobrevive en la extrema pobreza

En la actualidad, los sobrevivientes de sufren condiciones de pobreza extrema. Además de ocupar por la fuerza su territorio, el ejército de Guatemala sometió a muchas personas de Chicoyou a trabajos forzados dentro de las instalaciones militares, así lo confirman los testimonios de los q’eqchis ancianos.

Han pasado  23 años de los Acuerdos de Paz en Guatemala y el Estado continúa negando el derecho de los comunitarios a  recuperar las tierras que a sus ancestros les perteneció, varios de ellos mencionaron que como una medida de apoyo a la población piden la observación y acompañamiento de defensores de derechos humanos ya que temen represalias por parte del Ejército.

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