Por Simón Antonio Ramon
En la reunión de la Comisión de Postulación que eligirá a los magistrados de la Corte de Apelaciones, realizada el jueves 23 de enero, los integrantes rechazaron los señalamientos que se hicieron en contra de tres abogados postulantes. Una de las tachas se presentó en contra del abogado Pascual Tiu Zapeta, ex coordinador del Centro Administración de Justicia (CAJ) en Santa Eulalia, Huehuetenango.
La tacha
La tacha en contra el ex coordinador del CAJ fue presentada por Rigoberto Juárez Mateo, coordinador del Gobierno Ancestral Plurinacional. El argumento central del memorial presentado por Juárez Mateo señala que Pascual Tiu “aprovechándose de su cargo, como coordinador del CAJ inició procesos penales contra autoridades ancestrales y líderes sociales de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Santa Cruz Barillas, lo que llevó al injusto encarcelamiento de personas (Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Pedro Robel Toledo, Domingo Cristóbal, Maynor López, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Ermitaño López) por casi dos años y algunos incluso de tres años durante los años de 2013, 2014, 2015, 2016”.
El caso
Pascual Tiu Zapeta fue querellante en el caso que criminalizó una manifestación de pobladores de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, por la detención de dos comunitarios originarios de Yich K´isis, el 19 de enero de 2015, y tras la presión social se realizó una audiencia en la madrugada del 20 de enero. A primera hora de ese día fueron destrozadas las instalaciones del CAJ por personas afines al exalcalde municipal, Diego Marcos Pedro, del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), que causó el cierre del complejo judicial por más de dos años. Por esos hechos fueron detenidos Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Pedro Robel Toledo y Domingo Cristóbal.
En los casos de Pedro Toledo y Domingo Cristóbal se cerró el caso en la etapa intermedia, mientras que para Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, el juez Otto Felipe Vásquez, del juzgado de primera instancia del CAJ, emitió una orden de captura por la que pasaron recluidos 16 meses en el preventivo de la zona 18 de la ciudad capital. En junio de 2016 el caso se llevó a cabo en el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Jazmín Barrios, quien los declaró inocentes.
“Vemos que el rechazo de la tacha no tiene sentido y consideró que la comisión actúa en complicidad de las ilegalidades de este mal abogado, a pesar que en el memorial se explica la situación que violentó nuestros derechos”, dijo Domingo Baltazar una de las personas afectadas por el caso donde excoordinador del CAJ fue querellante.
