Por David Toro
Organizaciones de familias de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno aprovecharon el día de los derechos humanos para repudiar la militarización que ha realizado el gobierno de Jimmy Morales y para llamar al próximo gobierno para retomar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmado entre entre el gobierno y la guerrilla, hace 22 años.
Más de 20 organizaciones sociales que agrupan a familias de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, se unieron para denunciar que durante el gobierno de Jimmy Morales se debilitaron las instituciones relacionadas a la paz y los derechos humanos; además del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).
Miguel Itzep, coordinador general del Movimiento Nacional de Víctimas Q’ Anil, manifestó durante conferencia de prensa que “el gobierno de Jimmy Morales se ha dedicado únicamente a realizar políticas promilitares y antidemocráticas, al igual que el actual Congreso que solo legisló a su favor y no del pueblo”.
En el marco de #DiaDeLosDerechosHumanos sobrevivientes y familiares de víctimas del conflicto armado hacen un llamado al gobierno entrante de Alejandro Giammattei para retomar la agenda de la paz y abstenerse de continuar con la militarización realizada por Jimmy Morales. pic.twitter.com/nSN0F34EF0
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) December 10, 2019
Además, los sobrevivientes del conflicto que duró 36 años se mostraron preocupados por la llegada del nuevo Gobierno, ya que el presidente electo, Alejandro Giammattei, ha designado un grupo de militares encabezados por el coronel Edgar Godoy, de la promoción de Otto Pérez Molina, para dirigir el Ministerio de Gobernación (Mingob), cuando los Acuerdos de Paz señalan que las funciones de los miembros del ejército deben reducirse al resguardo de las fronteras.
En el tema de acceso a la justicia las organizaciones esperan que el próximo año el Organismo Judicial (OJ) y las instancias responsables, prioricen las investigaciones y procesos penales de casos relacionados al conflicto armado interno que siguen sin resolverse como el de violencia sexual contra 36 mujeres Achi y el caso de genocidio Ixil cometido durante el gobierno de Romeo Lucas García.
