Por Rony Morales
Una anciana, dos mujeres jóvenes y cinco campesinos mayas q’eqchi’s de la aldea Semuy II, se presentaron por segunda ocasión al Tribuna de Mayor Riesgo E, acusados por el MP de desarmar, amarrar y asesinar a tres soldados del ejército de Guatemala, el pasado 3 de septiembre.
Con una hora de retraso, el pasado 3 de septiembre, se dio la presentación de las ocho personas Semuy II, acusadas de asesinato, asesinato en grado de tentativa, atentado con agravación específica y asociación ilegal de gente armada. La jueza Eva Marina Recinos Vásquez, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “E”, le concedió la palabra a los abogados defensores de las personas detenidas el pasado 13 de noviembre durante 19 allanamientos a las viviendas de la comunidad, ubicadas en el área sur de El Estor, Izabal.
El abogado Juan Castro Simón, del Bufete para los Pueblos Indígenas, se presentó como representante de Olivia Mucu Ich y Pedro Chub Chub, señalados de los delitos de atentado con agravaciones específicas y asociación ilegal de gente armada y atentado con agravación específica.
En su presentación, señaló que Guatemala se encuentra en un proceso de paz firme y duradera, durante este tiempo, dijo, se llegó al consenso que el ejército sería el encargado de resguardar las fronteras y los miembros de la marina las costas atlánticas, nunca se les encargó ser un ente investigador dentro de los territorios. Esto solo comprueba, agregó, que estaba usurpando responsabilidades de instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) y el mismo Ministerio Público (MP).
Según Castro “Este es un caso paradigmático que no tiene que ser investigado de forma colectiva, sino de forma individual”. Para el director del Bufete para los Pueblos Indígenas, el MP, en sus acusaciones, prácticamente está estigmatizando, criminalizando a la población q´eqchi’, tratando de narco comunidades a los vecinos y vecinas del lugar, se debe individualizar las acciones cometidas por las personas y que esclarezca que hizo cada uno.
Según los testimonios de los testigos presentados por la parte acusadora, que por seguridad se les designó una letra del abecedario, mujeres y niños detuvieron al pelotón de 9 militares, también se relató, de una supuesta siembra de marihuana que nunca se comprobó, durante las declaraciones el testigo Z declaró “tuvimos miedo porque niños y mujeres querían matar a los miembros de la marina”.
Durante la presentación de evidencias, al abogado Castro, sostuvo que Olivia Mucu Ich, pescadora y comerciante, se encontraba en el centro de la comunidad, porque en el puesto de salud estaba programada una jornada de vacunación, para mujeres y niños, tal y como se registró en documentos del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSAS).
En el caso de Pedro Chub, agricultor y jornalero de la región, explicó Castro, se encontraba fuera de la comunidad junto a otro vecino. Cuando sucedió el incidente, argumentó, estaba en la parcela donde siembra maíz y algún otro tubérculo, no fue identificado en la pruebas de reconocimiento de fotografías y ningún testigo recuerda que haya participado en algo.
Rosa Ich y su suegra Angelina Coy, son defendidas por la abogada Jovita Tzul Tzul, también del Bufete para Pueblos Indígenas. En su intervención la defensora relató que no consta en ningún medio de prueba que sus defendidas pudieran parar un pelotón y tampoco controlar una multitud. “Como puede una mujer herida de la pierna derecha, soportar el dolor y frenar a los soldados. Trres mujeres no pudieron desarmar a nueve militares entrenados, es una situación poco creíble y deja duda” indicó Tzul Tzul.
Fernando Juc Ich, abogado particular de Silverio Cac Tiul y Enrique Cuc Tiul, acusados de asociación ilegal de gente armada y atentado con agravación específica, dijo que los sindicados no tienen el perfil de narco traficantes ni sicarios. Agregó también que desde septiembre de 2019, la comunidad vivió con miedo, se le restringió del mundo, se le negaron muchos de sus derechos, hablar entre ellos y dar declaraciones.
Para el jurista Juc Ich no hay pruebas, ni indicios racionales en los testimonios de D, Z, F, ni de Wendy Ical y de Alberto Chub Tiul para acusar a sus dos defendidos de los hechos ocurridos el 3 de septiembre en la comunidad de Semuy II.
Para el Abogado Leonel Calderón, defensor de los señores Alberto Choc Cu, acusado de asociación ilegal de gente armada y atentado con agravación específica; y del señor Oliverio Coy Choc, presunto líder es acusado por el MP de asesinato y asesinato en grado de tentativa, en la declaración los oficiales del ejército se contradicen, porque en el folio 15 línea 8, el testigo F relata que los oficiales del ejército estaban muertos y luego vuelve a relatar que ellos entregaron las armas a la población de Semuy II.
Los cuatro abogados defensores de los comunitarioas acusados de la muerte de e miembros del ejército, solicitaron a la juez que dejará sin efecto los delitos de los que son acusadas las ocho personas. Principalmente, porque que el MP no cuenta con las pruebas suficientes para acusar a los vecinos.
La jueza, Eva Recinos, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo E, finalizó con la audiencia después de escuchar los argumentos los abogados defensores e informó que las conclusiones finales las dará el próximo martes 10 de diciembre, a la 1:00 de la tarde.
