Por Rony Morales
Durante 2019 las comunidades de San Juan Sacatepéquez han sufrido agresiones, violencia, amenazas, y despojo de tierras, al mantener la resistencia del territorio y recursos naturales en contra la imposición de la planta procesadora de cemento San Miguel, propiedad de Cementos Progreso.
Durante la mañana de este martes 10 de diciembre representantes de las comunidades del Pilar 1, Pilar 2, San José Ocaña y Los Pajoques en San Juan Sacatepéquez denunciaron que en este año los ataques para desintegrar la resistencia de 10 comunidades, están siendo dirigidos hacia las mujeres lideresas de las comunidades por medio de golpes, agresiones verbales y amenazas.
Durante la conferencia de prensa, ofrecida en un hotel del centro histórico, Estefana Guamuch, represente de la comunidad el Pilar 2, denunció que el 3 de diciembre un grupo de trabajadores de la empresa cementera, de manera violenta se dirigieron al grupo de mujeres que les impedían pasar sus máquinas por los caminos comunales. Los trabajadores de la empresa las amenazaron diciendo que pasarían las máquinas sobre sus cuerpos y sobre todos los pobladores que estén en él.
Según los comunitarios, Lázaro Pirir, alcalde municipal, designó a personas afines a él para nombrarlos como alcaldes comunitarios, incluso, les entregó acreditaciones a pesar de que estas personas no fueron electas en asamblea. Al mismo tiempo los comuneros denunciaron que estas personas son parte de la estructura que funcionan como encapuchados o paramilitares que irrumpen en las casas, en las parcelas y reuniones comunales con el fin de atemorizar a las familias de las personas que no están de acuerdo con la cementera.
Marcela Chacach Subujuy, madre de tres niños y que trabaja como tejedora, denunció de manera pública que el pasado 6 de diciembre, a las 10 de la noche, miembros del Concejo de Desarrollo Comunitario (COCODE), que impuso el alcalde, en la comunidad Loma Alta, llegaron armados con rifles y pistolas, taparon la entrada y salida de la comunidad deteniendo a todo poblador que estuviera en la calle. Luego dispararon contra varias de las residencias de las personas que se oponen a la empresa.
Se dirigieron a la casa “agrediéndome, me tocaron en mis partes, me hirieron, en diferentes partes del cuerpo, luego procedieron a cortarme el cabello, como señal de humillación y odio contra la mujer. Agrediendo a mis tres hijos que tienen golpes en el cuerpo” relató Chacach Subujuy.
Conferencia de prensa de las comunidades kaqchikeles en resistencia de San Juan Sacatepéquez, denuncian que este año han sufrido todo tipo de amenazas, represalias, agresiones y despojos por la defensa de las tierras comunales
Posted by Prensa Comunitaria on Tuesday, December 10, 2019
En su declaración Marcela indicó que el grupo de paramilitares encapuchados gritaba que ningún poblador saliera de su vivienda ya que si lo hacían serían acribillados y así fue como continuaron con el cierre del camino, hasta que una autoridad comunitaria denunció al juzgado y se planteó una exhibición personal para lograr la libre locomoción de las personas.
En opinión de Domingo Hernández Ixcoy, coordinador de la asociación maya Ukux B’e, “en la comunidad se conoce que Marcela Chacach, es reconocida como una lideresa comunitaria, defensora de los derechos humanos, junto a su familia y demás población luchan por el respeto de los derechos colectivos”.
El problema en San Juan Sacatepéquez no es nuevo, tienen su origen en el año 2005, cuando la empresa cementera adquirió la finca San Gabriel y comenzó a realizar los trabajos para la construcción de la Planta San Gabriel de Cementos Progreso. Todas estas operaciones sin el consentimiento de las doce comunidades K’aqchikel. El problema se agudizó cuando se inició la construcción de una mega carretera privada llamada “Anillo Regional”, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, esta carretera forma parte de la Planta San Gabriel, la más grande de la región centroamericana.
