Por David Toro
La Mesa Nacional para las Migraciones (Menamig), denunció este 6 de diciembre por medio de un diagnóstico que el Estado guatemalteco actualmente no cumple a cabalidad su labor para atender denuncias y seguimiento de casos de personas desaparecidas durante su camino hacia Estados Unidos.
Don Baudilio Castillo López de 60 años, un agricultor de Santa Rosa, siempre porta consigo una vieja y deteriorada edición del medio escrito Nuestro Diario, del 13 de abril del 2011, porque en la portada está la noticia de la Masacre de San Fernando, Tamaulipas en el norte de México, donde el cártel de Los Zetas asesinaron a 163 personas, entre ellos el hijo de Don Baudilio, quien había salido semanas atrás de su hogar rumbo a Luisiana, Estados Unidos en busca de una mejor vida.
Nueve años buscando justicia lleva Don Baudilio. El proceso penal contra los criminales acusados de asesinar al grupo de migrantes donde estaba su hijo, está detenido en los tribunales mexicanos, y debe viajar constantemente para darle seguimiento, además en una entrevista aseguró que durante su agotador trayecto, para cerrar el duelo, nunca ha recibido ayuda de parte del Estado de Guatemala.
Don Baudilio forma parte de las 90 familias de la Asociación de Familias de Migrantes Desaparecidos (AFAMIDEG), en la que hay casos de personas que llevan muchos años intentando encontrar a sus seres queridos que un día decidieron salir de Guatemala, pero nunca supieron que pasó con ellos y les perdieron el rastro en algún punto de su paso por México.
Los casos son complejos y la búsqueda para las familias suele ser solitaria y larga. Ninguna persona desaparecida es fácil de ubicar, pero algunos casos se complican aún más porque nunca tuvieron comunicación con su familia durante el trayecto. En otros casos la complejidad aumenta porque muchos se fueron cuando aún eran niños o niñas y ha pasado hasta una década y su fisionomía ha cambiado, ubicarlos con una foto sería muy poco probable. Además aunado a esto, el Gobierno de Jimmy Morales no fue un buen aliado para crear una ruta de denuncia y seguimiento a los casos registrados, según expuso Julia González, coordinadora de Menamig.
En el informe: “Diagnóstico de las instituciones públicas: denuncia y reporte de desaparición de personas migrantes dentro y fuera de Guatemala y la responsabilidad de búsqueda desde el Estado”, presentado por la Menamig, se evidencia como las instituciones responsables de atender a las familias de migrantes desaparecidos han incumplido en su totalidad con las responsabilidades legales que tienen en este tema puntual. El primer punto a destacar, desde la óptica de esta organización, es que Guatemala cuenta con un código de migración vigente desde 2016, sin embargo a casi 4 años de su creación nunca se generó el reglamento que garantice su implementación.
Además Julia González, aseguró que tienen casos documentados de familiares de desaparecidos que han sido revictimizados o criminalizados por las propias instituciones estatales cuando colocan la denuncia, “¿por qué le pagan a los coyotes?” “¿Cómo se les ocurre migrar con niños?”, son algunas de las formas como muchas personas han sido increpadas por las propias autoridades, según González.
La Menamig ha iniciado esfuerzos para que las personas que tengan un familiar desaparecido hagan funcionar los mecanismos vigentes, el primer paso es colocar la denuncia en la fiscalía de Delitos Contra la Vida del Ministerio Público (MP), pero si la persona desapareció fuera de Guatemala, las denuncias deben ser canalizadas y seguidas por la Secretaría de Relaciones Internacionales, encargada de articular con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).
Durante la realización del informe Menamig entrevistó a personal del MP que se mantuvo en el anonimato y declararon que muchas de las denuncias no avanzan debido a la sobrecarga del trabajo y el poco personal disponible para esta tarea.
Julia González enfatizó durante su exposición, que han presentado una iniciativa de ley para generar una red de denuncia y búsqueda. Pero que el proceso legislativo de esta, será durante el próximo Gobierno. La ley busca de forma primaria hacer que el Estado agilice el trabajo de búsqueda de los desaparecidos, además que se genere un registro estadístico de personas desaparecidas porque en la actualidad no existe.
En contraste a la actual desatención del Estado a los casos de desaparecidos, denunciado por las familias y por organizaciones civiles, la Caravana de Madres Centroamericanas de migrantes desaparecidos en su edición XV, finalizó recientemente con resultados positivos, seis personas se reencontraron con sus seres queridos luego de 16 días de búsqueda en el territorio mexicano, para conocer más de los resultados de este fenómeno lea la columna de Fabián Campos.
