Por Andina Ayala
La mañana del martes 3 de diciembre de 2019, en un recinto de la zona 10, se dio a conocer el Análisis de los Resultados del Estado de sitio por parte de la Coalición por la Seguridad Ciudadana y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
El análisis sobre los resultado del estado de sitio fue expuesto por el general Ronaldo Leiva Rodríguez, ex ministro de la defensa del gobierno del presidente Óscar Berger (2004-2008). La primera consideración a la que se llegó es que el estado de sitio fue una decisión acertada ante la urgencia nacional que significó el fallecimiento de los 3 efectivos del ejército el pasado 3 de septiembre de 2019.
La versión oficial de los hechos, proporcionada por el actual ministro de la defensa, Luis Miguel Ralda, fue que el oficial de la tripulación ordenó bajar las armas, pero personas pusieron como escudo humano a hombres y mujeres de la comunidad de Semuy II, acto seguido los infantes de marina fueron desarmados e impactados de bala de escopeta. También se dijo que la presencia de los infantes en la región se debió a la búsqueda de una pista clandestina utilizada por el narcotráfico. Este hecho sería tomado como la principal motivación para declarar estado de sitio en 22 municipios de 6 departamentos en la región Nor Oriente del país.
Percepción general del estado de sitio para el CIEN
Según el exministro de la defensa, Ronaldo Leiva, el Ejército capturó armamento, municiones, explosivos, vehículos y radios, pero estos, dijo, no eran de la gente de las aldeas, puesto que a “ellos a penas les alcanza para su sustento. Esto es de personal del narcotráfico”. El estado de sitio funcionó como una ventana de visibilización de la marginalidad y pobreza en la que subsisten las comunidades. En cuanto a la delincuencia, se dijo que se presenta especialmente en “caminos desolados a los pobladores, comerciantes y distribuidores de alimentos“.
Además, explicó que “en la región sur de El Estor hay escasas opciones para emplearse formalmente, los pobladores se emplean para obtener ingresos por la vía legal”. Pero la presencia real del Estado en las comunidades es indispensable para reducir el “riesgo de los negocios ilícitos“. Según el analista antes la población no permitían que nadie entrara a la comunidad ni siquiera a la Procuraduría de Derecos Humanos (PDH). “Con la presencia las fuerzas de seguridad, les tomaron confianza y se dieron cuenta que el Estado no los quiere perseguir, si no que son las circunstancias que han permitido que vivan en esta situación de abandono”.
El pronostico es que “los efectos del estado de sitio se diluyan con el tiempo y que la delincuencia vuelva otra vez al lugar“. También se hizo mención del la presencia del narcotrafico en el occidente del país, se habló que en el departamento de Huehuetenango hay esfuerzos del Estado, pero que no se da abasto par tener 10,000 personas “la capacidad está corta si no queremos llegar a ser un narco estado, si no queremos tener una simbiosis”.
Contrastes a las valoraciones del CIEN
Inmediatamente de declarado el estado de sitio, se publicaron diversas declaraciones en Prensa Comunitaria sobre el pánico y la desinformación. Organizaciones sociales, como Comité de Unidad Campesina, Comité Campesino Del Altiplano, Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), reportaron que las comunidades organizadas, percibieron abusos de poder. Parlamentarios europeos también condenaron la medida. Congresistas estadounidenses, cientistas sociales nacionales y extranjeros, rechazaron el estado de sitio, calificándolo como represivo, desproporcionado y extralimitado tanto porque existió abuso de poder y en la temporalidad.
Pese a los datos que registraron 851 personas capturadas, de ellas 277 por escándalos y ebriedad, y 243 por orden judicial, no se informó sobre tipo de delito que prevaleció. Según las comunidades de El Estor, Izabal, y líderes comunitarios como la Gremial de Pescadores Artesanales, el estado de sitio respondió a los intereses económicos mineros en la región, especialmente para la Compañía Guatemalteca de Níquel, que meses atrás había recibido una resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenaba la suspensión de las actividades de la licencia Fénix, la cual no fue acatada.
La percepción de que el estado de sitio respondía a los intereses mineros también se evidenció en la denuncia que hicieron vecinos de Barrio Nuevo, del casco urbano de El Estor, cuando descubrieron maquinaría de la empresa estaba removiendo tierras cerca de sus nacimientos de agua. La situación quedó impune porque no pudieron reunirse debido a que uno de los derechos que se pierden en ese contexto. Rony Méndez, alcalde del municipio, a quién le competía solucionar el problema de los vecinos de Barrio Nuevo, evidenció desde el inicio su postura en redes sociales, ya que publicó durante varios días mensajes, en los que consideraba correcta la decisión del presidente Jimmy Morales de imponer el estado de sitio.
Los medios comunitarios también se vieron afectados con el allanamiento de una radio comunitaria de nombre Xyaab’ Tzuultaq’a, que en varias oportunidades había hecho críticas hacia CGN-Pronico. No solo del lado comunitario se registraron atropellos, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) señaló que además de la población, las condiciones de trabajo y alojamiento de los policías no fueron favorables.
El análisis del CIEN insinúo que las fuerzas castrences tampoco se dan abasto para perseguir al narcotráfico en el Norte y Occidente del país. En este sentido otro centro de investigaciones, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) recientemente presentó un análisis donde calificó de “anómalas” a las asignaciones presupuestarias del Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de la Defensa al quese le asignan Q200 millones bajo la justificación de la “Defensa del espacio aéreo”.
En otras ocasiones el Ministerio de la Defensa ha sido cuestionado por hacer adquisiciones “opacas“ como la de un buque por Q90 millones, a través de un acuerdo entre Guatemala y Colombia. O de otras compras millonarias como un avión bimotor, o por la intención de adquirir, sin haber licitado la compra de dos aviones Pampa III valorados en Q490 millones.
Poniendo en perspectiva las recomendaciones del CIEN, de fortalecer la presencia estatal (educación y salud) y al mismo tiempo la gobernabilidad, nos preguntamos ¿qué sería más urgente para las comunidades empobrecidas, la salud y educación? con presupuestos que se vieron recortados en las proyecciones del presupuesto 2020. O que aumente un Ministerio de la Defensa o de Gobernación con un presupuesto que va en aumento, pero que aún deja entre otras dudas, por qué no se identificaron las redes de narcotráfico que operan en los 6 departamentos que abarcó el estado de sitio.
