Estado de sitio: “El castigo debe ser la última vía en una democracia, debe ser el último recurso” – parte uno –

COMPARTE

Créditos: Monica Mazariegos

Entrevista con Mónica Mazariegos, profesora e investigadora de la Universidad Rafael Landívar URL.

Por Nelton Rivera

El Estado ejerce el monopolio de la violencia, legítima o no ¿cómo analizas el papel del Gobierno con la imposición del estado de sitio, en lugares donde hay un interés corporativo de distintos mega proyectos y problemas con propiedad de la tierra?

El monopolio de la violencia lo tiene el Estado, es conocido como violencia legítima porque se supone que solo aquella violencia que ejerce el Estado está legitimada en pos de un bien mayor. Como el caso en el que se invoca la ley de orden público, a veces el interés nacional, a veces el bien común, y este tipo de axiomas o de valores constitucionales que a los políticos les encanta poner como argumento central a la hora de ejercer la violencia.

Violencia legítima, esa es la reflexión que habría que tener, porque se habla mucho de esta idea, de Max Weber, aquel famoso sociólogo que se refería a la capacidad de garantizar orden y seguridad para toda la ciudadanía, pero que no desarrolló limitadamente esa idea y el contenido de la legítimidad.  ¿Qué es lo legítimo? o ¿en qué casos es legítimo, en qué casos no?, ¿legítimo según quién?. Es en las comunidades en donde se está imponiendo la violencia “legítima”.  

En comunidades que han vivido la continuidad de la violencia a lo largo de la historia del país, no solo de la guerra sino a lo largo de la formación del Estado, y eso es una cosa que hay que tener presente. Por lo tanto, preguntar: ¿violencia legítima, según quién?, creo que es lo que importa en este caso. Porque en un contexto como el nuestro valdría totalmente lanzar la pregunta de ¿qué condiciones de legítimidad tiene la violencia, y si la no repetición puede ser una condición de legitimidad en tiempos de transición? Como una transición inacabada, a la democracia, a la paz.

Considero que la no repetición del horror del pasado es una condición legitimidad -y eso es algo que hemos estado escuchando en la radio todo el tiempo, lo dice y reconoce medio mundo, incluso representantes del Gobierno no pueden negar esa historia, que es memoria viva que está en las colectividades y que resurge cada vez que se ve al ejército, da igual que te digan: “ellos iban o entraron de forma pacífica”. Hay memoria en el imaginario social; no hay que ser una persona que vive en un área rural, en la capital también tenemos ese imaginario, a mí por lo menos me intimida la policía y el ejército y no tienen que enseñar un arma o venir en actitud amenazante, solo con verlos intimida.

Entonces, hay que tener esa claridad para responder sobre el significado de la esa violencia. Hay un tipo de violencia psicológica que tiene que ver con esa militarización, aun cuando no se cometan detenciones ilegales, aun cuando no se cometieran abusos sexuales, aun cuando no hubiera quema de cosechas o hubiera desalojos, como suele haber en muchos otros momentos de militarización.

Aunque no ocurra todo eso, vale la pena preguntarnos en tiempos de transición a la paz o a la democracia qué entendemos por violencia, qué entendemos por condiciones democráticas, de solución de los problemas, por mecanismos democráticos o métodos democráticos de solución de los problemas.

En ese sentido, lo que vemos a lo largo de la historia reciente-, -con el pos acuerdo de paz, porque no ha sido pos conflicto de alguna manera- es esa violencia que no hemos superado, que estamos viviendo todavía, hoy mismo en este momento. En este tiempo la violencia se ha utilizado como un paliativo al conflicto y al antagonismo, como el peor de todos.

La violencia se canaliza por el Ius Puniendi, esa facultad del Estado de castigar para recuperar el orden o la seguridad.  El castigo, que debe ser la última vía en una democracia, debe ser el último recurso aplicable. Aquí ocurre todo lo contrario. En Guatemala siempre es lo primero, a través de la criminalización por la vía del derecho penal o a través de la militarización, cuando se trata de una situación de control o de recuperación del control masivo del territorio o de una colectividad.

Precisamente, Carla Caballeros, periodista y directora ejecutiva de la Cámara del Agro, hablaba en un programa radial de recuperación del control del territorio y eso te dice todo, desde el punto de vista de ¿cuál es el motivo?, ¿cuál es el origen?, ¿cuál es el bien mayor que se protege cuando se decreta un estado de sitio?, recuperación del control, ¿por parte de quienes?. En este caso eso es lo que hay que preguntarnos.

¿Orden y seguridad para quiénes?, o ¿desde dónde, desde qué punto de vista se había perdido el orden y la seguridad?

Lo que estamos viendo es que en el momento en que inicia la militarización es que surge un descontrol, no antes, y esos son los elementos en los que hay que pensar. Por ejemplo, es importante pensar en la idea de régimen y pensar en la idea de razón de Estado. Lo que estamos volviendo a vivir es lo mismo que los tiempos de las dictaduras, la narrativa delos delitos políticos, porque además el estado de sitio se basa en ello, y es el estado previo al estado de guerra.

Hay varios estados de excepción que se pueden declarar antes del estado de sitio y esto es importante que lo tengamos en cuenta. En este caso se elige el previo a máximo, no se puede argumentar que hay una guerra. Se argumenta que las condiciones de perdida de garantías que se establecen en el orden público son tales, que se decreta el estado que más restrictivo es en términos de derechos y garantías fundamentales y eso te habla de una lógica.

En tiempos de las dictaduras, cuando se hablaba de persecución política, se hacía referencia a que el régimen estaba en peligro. Digamos el régimen referido al orden público y a todos aquellos bienes mayores que se tutelan. Lo mismo nos dicen ahora, cuando se habla de esos “bienes mayores” que un estado de sitio protege.

 ¿Pero qué es el Estado?, el Estado está dotado de interés nacional, de bien común, de democracia, de derechos, o ¿es el Estado una simbiosis de intereses económicos entre redes criminales, elites tradicionales, elites emergentes?  Esto lo tenemos clarísimo después del paso de CICIG por este país, que nos hizo el favor de develar transparentemente aquello que todos intuíamos. Entonces, en este caso estamos hablando de la segunda categoría de este estado.

¿El estado como una simbiosis?

El Estado representa una simbiosis de intereses económicos entre redes criminales, élites tradicionales y emergentes-,-desde luego el narco, el crimen organizado y demás. Entonces, ¿cuál es la razón de Estado?, la razón de Estado obviamente no es el bien común, no es el interés general, no son los derechos de las mayorías. La razón de Estado se convierte, por lo tanto, en esa simbiosis de intereses económicos y eso es lo que el Estado tutela y eso es lo que el régimen representa al final del día.

En todo el mundo está la reflexión, de cómo los dilemas de lo público en el derecho ya no pendulan en torno al Estado como categoría, sino pendulan en torno a los intereses corporativos, en torno a la lex mercatoria, como se conoce. En nuestro contexto es importante agregar el elemento de redes criminales que están dentro del Estado desde hace mucho tiempo y que son las que tienen el poder de tomar decisiones y no son solo agentes económicos o criminales, sino también son  actores con poder de decisión política, a ese nivel, al nivel de decidir sobre el uso del monopolio de la violencia legítima. A ese nivel del estado de sitio, que es el máximo de todos antes del de guerra, y eso es una reflexión que tenemos que tener siempre que escuchemos todas esas justificaciones que nos están dando.

Pensando precisamente en esas justificaciones, hay que tener presente que estamos en supuestos tiempos de transición y lo que esperaríamos es que la lógica o la cultura que se va creando, sea la cultura de un estado de democracia y derechos humanos, o de un estado de derecho,  pero con estas decisiones, que no son nuevas, porque las hemos vivido en todo el tiempo del pos acuerdo de paz, vemos una contradicción. Porque todas estas decisiones nos regresan a la lógica de un estado de policía que es aquél donde gobierna la arbitrariedad del poder y no la ley, no un espíritu democrático o de anhelo de respeto por los derechos humanos. Entonces, creo que hay que tener presente esa lógica, porqueel estado policía siempre te lleva, e invariablemente te regresa a la lógica de la identificación del enemigo, que es muy cercana a la guerra. La gran contradicción es que, en teoría, el derecho es la negación de la guerra.

Por lo tanto, el derecho como límite al poder, a través de los derechos humanos, debería estar previniendo todas estas salidas del estado de sitio o de los estados de excepción, cualquier tipo de estado de excepción debería ser siempre la última vía. Cuando eso no ocurre, es precisamente porque se está actuando bajo la lógica de la identificación de un enemigo. Como sabemos desde hace muchos años, esto no solo es en Guatemala, porque está pasando desde México hasta la Patagonia con toda la conflictividad socio ambiental. La identificación o la reconfiguración del enemigo interno en nuestro contexto se asocia inmediatamente con todas aquellas personas que se oponen al régimen, entendido hoy como ese régimen económico, en donde los intereses corporativos y mafiosos se imponen, desde un modelo extractivista o desde una fase extractivista del neoliberalismo que es la que nosotros estamos padeciendo más duramente en América Latina, y en todos aquellos países que somos economías que abastecen a otras con estos materiales que se extraen. Entonces, en la idea del enemigo hay una reconfiguración paulatina, progresiva, pero que poco a poco se vuelve normalizada.

Los primeros casos en que se criminalizaba a una persona que se oponía al régimen, fuera dirigente indígena, campesino, defensor de derechos humanos, o como esa persona se identifique, nos escandalizaban. Ahora, la criminalización es la regla de alguna manera, la criminalización ya no es una excepción y estamos viviendo tiempos en que comunidades enteras están bajo orden de detención. Hay comunidades donde los mayores de edad o toda persona mayor de edad ya tiene una orden de detención, eso metafóricamente nos habla del fracaso de las transiciones, y del fracaso sobre de las instituciones.

No hablo de las comunidades que resisten y que están defendiendo un anhelo democrático, porque ese anhelo es profundamente democrático, el anhelo de tutelar lo colectivo, de tutelar los bienes comunes, de enseñarnos que el agua no nace del chorro y de todas estas enseñanzas que hay en las resistencias. Hablo de un fracaso desde el punto de vista de la institucionalidad, que a través del ius puniendi y de esta lógica del enemigo no ha logrado reconstruir una democracia. En ese sentido, mientras las instituciones, el Estado, el propio presidente tengan estos discursos criminalizadores, así, tan sínicamente criminalizadores, no vamos a transitar.

Lo que estamos viviendo es una regresión abierta, una regresión evidente en términos democráticos, en términos de seguridad democrática. Si es que al final uno se pone a pensar en la agenda de los acuerdos de paz, que en aquel momento era el anhelo de una agenda mínima, era una ruta a seguir, eran puntos mínimos. Ahora se ha vuelto una “estrella a alcanzar”, a saber en cuántas décadas con todo lo que estamos retrocediendo.

Lo más preocupante es cuando tenemos una lógica de estado policía que se basa en ideas como el enemigo interno, hoy nuevamente reconfigurada.

¿Qué pasa con esa configuración y reconfiguración histórica del enemigo interno?

Esta es la historia de la formación del Estado. Durante la colonia el indio era el enemigo bárbaro, salvaje, incivilizado, desadaptado. A lo largo del tiempo, siempre ha habido una racialización y una clasificación del enemigo, de aquel que se opone al desarrollo, al progreso o a aquel valor mayor que esté tutelando el Estado.

Durante la guerra el indio era el enemigo comunista y esa violencia llegó al máximo nivel de genocidio; hoy es el enemigo terrorista, y eso no solo en Guatemala. Lo que pasa es que aquí se ve con mayor claridad porque somos un país indígena, en otros países como Chile no se ve en la misma dimensión. El problema resuena a través de algunos casos emblemáticos. En Guatemala vivimos una situación bastante más amplificada del fenómeno precisamente por eso, y en ese sentido preocupa más que la criminalización ya haya llegado a esos niveles de castigar a una colectividad.

Es un fenómeno que comenzó de manera selectiva, con el liderazgo, ahora se aplica de una forma colectiva, masiva, y eso dialoga de frente con la militarización y con esta lógica de Estado policía a la que nos están regresando, porque precisamente están ocupando territorios que se oponen a esta simbiosis  de intereses económicos, que es lo que el Estado al final defiende como interés mayor.

Hoy en día, ¿está fuera de contexto la Ley de orden público o los Acuerdos de Paz?

En realidad lo que está fuera de contexto son los Acuerdos de Paz, precisamente porque vivimos la continuidad de una lógica de Estado de guerra o de Estado policía que no se superó. No hubo una reforma estructural a la ley de orden público, es más, ¿Es una ley de orden público que no debería de existir? A la hora de hablar de Estados de excepción, deberíamos tener una normativa mínima que garantice que el Estado va a terminar esa tarea en ese tiempo que dure el estado de excepción. Yo creo que aquí nos sirve mucho el pensamiento del Hannah Arendt: hablando del monopolio de la violencia  legítima, la violencia nunca va a ser legítima. La violencia podrá ser justificable pero nunca legítima, no hay violencia que sea legítima y la justificación de la violencia siempre va a depender de la inmediatez con la cual se consiga aquel fin que se invoca cuando se impone la violencia.

Por ejemplo, si estamos diciendo que aquí vamos a militarizar porque hay una ola de narcotráfico o porque necesitamos desestructurar sus redes y demás, si mientras militarizamos logramos desarticular esas redes, la violencia cumplió su propósito. Pero esa violencia, que también es simbólica, no solo trata de detener ilegalmente personas sino también de ejercer la soberanía como el poder de matar, que es el extremo al que llegan los estados de sitio, y eso ya no es una democracia.

La ley de orden público se quedó totalmente dentro de contexto, precisamente por esa lógica, porque se hacen declaratorias de estado de sitio sin ninguna contención ni proporcionalidad.  Si lo que se invoca es el orden público al demostrar que había un tal desorden, podría intentarse reconstituirlo desde criterios de seguridad democrática, porque no estamos en guerra. Pero no existe eso,  entonces, lo que hay es una contradicción tremenda entre la democracia y el ejercicio de esa violencia legítima y además también la producción normativa, porque todo pareciera condecirse con la ley de orden público: la ley de minería, la falta de ley de aguas. El régimen legal está completamente en contexto y en diálogo con la ley de orden público.

Es decir, las exenciones fiscales, la posibilidad del uso del derecho penal, e incluso de una ley de orden público en pos de esa lex mercatoria o de los intereses económicos, hacen parecer que los Acuerdos de Paz se quedaron totalmente fuera de contexto en esta fase extractivista del neoliberalismo, que es bastante distinta y bastante más violenta que la fase en la que fueron negociados los acuerdos, que era la fase del consenso de Washington y de las medidas de ajuste estructural.

En ese momento también había criminalización,  pero habíauna diferencia, en el sentido de que el extractivismo y la violencia sí tienen una relación consustancial a diferencia de aquella época. Ahí es donde precisamente una ley como esta de orden público, que era la que se suponía había que reformar al implementar los acuerdos, ganó más poder de contextualización en un momento en el que extractivismo y violencia tienen esa relación consustancial y necesitan incluso generar estados de excepción. No solo necesitan que ocurra la excepción, necesitan provocar o producir ese estado de excepción, y esa provocación es precisamente la que teóricos como Giorgio Agamben, por ejemplo, critican, específicamente cuando la excepción se vuelve la regla, y una ley de orden público es aplicada a cada rato, en consejo de ministros o enviada desde el Congreso como en este caso.

¿Qué pasa con el acuerdo legislativo llamando al Ejecutivo a imponer un estado de sitio?

Cuando el Congreso acciona para su aprobación, en ese momento se vuelve ya no tan anacrónica la ley, precisamente porque no desdice o no contradice la lógica del modelo, que está en el corazón de la razón de Estado. Ese modelo económico que está articulado por esta simbiosis de intereses, está en el corazón del Estado. Es la razón de Estado, que ya no es la democracia, ni son los anhelos de transición, ni son los derechos, es esa simbiosis de intereses y punto, y en pos de todo ello va a actuar una ley de orden público y no los Acuerdos de Paz.

La falsa idea del combate contra las drogas o el narcotráfico

Creo que esa comunión de discursos (entre el narcotráfico y el estado de sitio) es oportuna, porque precisamente la violencia necesita legitimarse. Cuando se plantea que van a militarizar necesitan justificarlo de alguna manera, desde el punto de vista del Estado, porque la legitimidad es la que sostiene también de alguna manera la gobernabilidad. Esa comunión de discursos no es casual, es una falacia, una ficción, todos sabemos que en nombre de la lucha antidroga se han cometido cualquier cantidad de abusos y barbaridades. En el propio México hay antecedentes, no hay nada más que ver la realidad. Hay muchos casos, incluso en la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos de abusos masivos e individuales graves, en un contexto de lucha contra el narcotráfico que ha sido una lucha completamente fallida desde el punto de vista del combate. Pero que a los Estados les ha servido muchísimo como justificación o como legitimación de la violencia con otros propósitos. Desde México hasta la Patagonia podemos ver que esos propósitos de la violencia generalmente esconden intereses económicos, a veces ni siquiera los esconden tanto, pero son intereses económicos.

¿Qué hay detrás entonces? Hay una comunión discursiva que sirve o que tiene una función de legitimación de la violencia pero que en la praxis y en los resultados, en el dato empírico, no es demostrable que realmente este llevándonos al combate o a la desarticulación del narcotráfico, a la desarticulación de redes criminales. Sabemos que es todo lo contrario porque son esas redes criminales las que están metidas dentro del Estado, es como que un ratón no se va a morder su propia cola.  Entonces, creo que a estas alturas, es simbólico que esto haya ocurrido el día que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estaba haciendo las maletas precisamente, en su último día. Por lo menos ya no estamos tan desarmados de argumentos y de elementos para poder afirmar que ese combate al narcotráfico o ese combate a las redes criminales tendrían que ser el combate de los partidos políticos que están dentro del Estado. La paradoja ya no la pueden disfrazar, por lo tanto, esa comunión discursiva para todos es una falacia obvia, todos sabemos que es un discurso de legitimación y en ese sentido creo que como ciudadanía hoy tenemos más herramientas para interpretar, para que ya no nos den atol con el dedo tan fácilmente. Aun cuando desde antes sabíamos que el Estado es corrupto, mafioso, que hay redes, y que está cooptado.

Hay datos empíricos para sostenerlo, para demostrarlo. El propio Gobierno que está en el poder en este momento, ha sido acusado de esto, ha sido señalado, digamos que las cosas caen por su propio peso con las evidencias que ya tenemos, y esa comunión discursiva. Es evidentemente un discurso de búsqueda de legitimación para una violencia que no tiene legitimación, que no tiene ni siquiera justificación, como diría Arendt, porque no demuestra ser efectiva en el corto plazo, ni siquiera mientras dura sino al contrario, siembra mucha mayor conflictividad, no sirve siquiera como paliativo y todos aquellos problemas que tienen una raíz estructural, que a lo mejor tienen una raíz agraria que se tendrían que dirimir en otro lugar, se tratan de dirimir en la arena de una ley de orden público y en la arena del derecho penal, que es la más equivocada desde el punto de vista de la deliberación o de la negociación o de la búsqueda de consensos o cuando menos acuerdos pacíficos.

¿Estamos presenciando la disputa de territorio, la recuperación de territorio por parte del Estado?

Es la recuperación del territorio, pero sobretodo, la criminalización o la identificación del enemigo. Tiene una dimensión simbólica. El mensaje social que ellos dan, militarizando todas esas zonas es un mensaje de estigmatización, las zonas que se militariza, donde se decreta estado de sitio son zonas “conflictivas”, son zonas donde no hay que ir, son áreas “del no ser” como diría Frantz Fanon, esas áreas donde no es el derecho, la regulación y los métodos pacíficos para resolver las diferencias lo que opera, sino es la fuerza, la violencia, la arbitrariedad del poder, porque precisamente ahí no hay ciudadanos, ahí lo que hay son seres de segunda, de tercera o de cuarta categoría.

Los que más ganan en este caso, son las élites poderosas, las redes criminales.  Se refuerza el estigma que hay sobre indígenas, campesinos, mestizos y personas que trabajan en las áreas rurales que se oponen al modelo de desarrollo. Se refuerza no solo la idea de que son problemáticos,  que son indomables, que necesitan la fuerza bruta para hacer caso. Se refuerza la idea de que son sacrificables de alguna manera porque, por fuera del estado de sitio casi siempre hay un discurso del desarrollo, lo conocemos en nombre del bien común, del interés nacional pero también del desarrollo y del progreso. Nos dicen que hace falta hacer sacrificios, cuando ellos –el poder- hablan de los pequeños sacrificios que hay que hacer, son derechos humanos de comunidades enteras, que hay que sacrificar en pos de ese desarrollo.

Ese problema que el poder enfrenta, que es pedir sacrificio a quienes menos capacidad de sacrificio tienen, se zanja rápidamente cuando en lugar de mirar desde el punto de vista del sacrificio el problema, se mira desde el punto de vista de la conflictividad y de que ellos –indígenas, campesinos, mujeres, mestizos- “se lo ganan”, y merecen ser sacrificables, o ser relegados o puestos en un segundo plano frente al avance de un modelo económico. Eso me parece simbólicamente poderoso, toda militarización tiene ese efecto y si no, miremos si Huehuetenango logró recuperarse de la militarización que ha sufrido desde 2012. Llevan 7 años y ese estigma ahí está: “hay guerrillas en Huehuetenango”, “es que ellos eran los que eran guerrilleros”, etc. Ese estigma fue exitosísimo, en Santa María Xalapán, San Juan Sacatepéquez, los lugares en donde ha habido militarizaciónse quedaron estigmatizados, no sé sabe por cuánto tiempo., Lo que se produce no es calculable matemáticamente,  ni en contratos, ni en ganancias, pero a lo mejor sí en términos de control social y de recuperación del territorio, porque de alguna manera se neutraliza a la gente: es este el poder simbólico que tiene la militarización; señalar estos municipios concretamente y no otros es enorme, es inmenso, precisamente porque a ver si la gente se va a arriesgar a que la vuelvan a militarizar después de esto.

Lamentablemente el estado de sitio abre toda la posibilidad, no solo para detener ilegalmente a las personas, sino para que el Estado entienda la soberanía como un derecho de matar incluso, como un derecho sobre los cuerpos de la gente, de lesionar, agredir, incluso de matar, de violar, todo lo que pasa cuando hay estados de sitio, incluso con desalojos en estado de sitio ese abuso de fuerza ahí está. Se refuerza esa idea del enemigo, en el fondo es la idea del enemigo interno, de quiénes son los conflictivos, quiénes son los que se oponen al desarrollo y quiénes son al final los sacrificables aún cuando sean quienes menos capacidad de sacrificio tienen, ese es el déficit que no se logra recuperar y a mí me parece que Huehuetenango es el ejemplo más evidente o más emblemático de eso, todo lo que ocurrió en el norte de Huehuetenango.

Estado de sitio: “El castigo, que debe ser la última vía en una democracia, debe ser el último recurso” – parte dos –

Autoría y edición

Director de Investigación en | Web

Historiador y foto periodista, fundador de Prensa Comunitaria y miembro del equipo de investigación Green Blood y Colibrí Zurdo. Columnista en desInformémonos México #Periodismo #PrensaComunitaria #Investigación

COMPARTE