Por Andina Ayala
El 27 de mayo de 2017, autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tuvieron que haber entregado a los pescadores organizados de El Estor, un estudio de agua, que explicaría si la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), subsidiaria del grupo ruso-suizo Solway, ha sido responsable del coloramiento rojizo del Lago de Izabal. La reunión entre las partes nunca tuvo lugar, a cambio se produjo una manifestación que finalizó acallada por un tiroteo.
El estudio de agua que nunca fue entregado a la población
En marzo de 2017 las asociaciones de pescadores artesanales del municipio de El Estor se percataron con preocupación del coloramiento rojo óxido en el lago de Izabal. El cuerpo acuífero más grande de Guatemala es algo más que su fuente de trabajo y alimentación, es parte de su mundo cultural. En las visitas a este municipio del atlántico guatemalteco hemos observado a los niños bañándose y retozando, a los adolescentes enamorándose y a las familias conviviendo frente a ese bello paisaje. El lago es un punto de encuentro, representa la alegría en la construcción de sus memorias. Su conservación es la esperanza de un buen futuro para las siguientes generaciones.
Varias situaciones convulsas sucedieron en los primeros cinco meses de 2017. En marzo, el avistamiento rojo en el lago motivó a las asociaciones de pescadores a organizarse como Gremial de Pescadores Artesanales (GPA). En abril, manifestaciones públicas y tomas en la vía de comunicación, impidieron el paso de las góndolas que acarrean tierra desde la procesadora CGN-Pronico, hacia el Puerto Santo Tomas de Castilla, en Puerto Barrios, la cabecera del departamento de Izabal, estas generaron desavenencias entre pobladores, la GPA y trabajadores de CGN.
A mediados de mayo, los pescadores, después de mucho tiempo, lograron ser atendidos por el MARN y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), pero esas reuniones estuvieron impregnadas por actitudes racistas y paternalistas de parte de funcionarios públicos. Como cuando decidían reuniones sin tomar en cuenta el deseo de la gremial y la población estoreña de llevarlas a cabo en su municipio para transparentar los acuerdos a que se llegaran.
También recordamos la forma en que las autoridades se han dirigido hacia los directivos de la GPA. Especialmente, Alfonso Alonzo, quien en ese momento tenía el cargo de viceministerio del MARN, que en una mesa de diálogo, el 13 de mayo de 2017 intentó, según él, explicar a los directivos pescadores por qué estaba contaminado el lago de Izabal: “saben ¿qué es eso que lleva el río Polochic? ¡Popo!, le dicen, popo, caca, estiércol, heces fecales, eso es lo que lleva”. Esto cuando la población exigía los estudios sobre el impacto de las actividades mineras de CGN-Pronico.
El 27 de mayo de 2017 el MARN y el MEM debían haber entregado los resultados de los análisis de agua realizados al lago. Esto no ha sucedido hasta el sol de hoy. Ese día los miembros de la gremial esperaban que la reunión se realizara en el casco urbano de El Estor, pero las autoridades insistieron en atrincherarse en las instalaciones de la Autoridad para el Manejo de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce (AMASURLI), a 56 kilómetros de donde se encontraba la población q´eqchi´ interesada en el tema.
En lugar del informe con los resultados del agua del lago, los pobladores recibieron balas, como si el pelotón antidisturbios hubiera estado planeado anteriormente, un drama con olor a lacrimógeno saturó la carretera 7E, que conduce a Alta Verapaz y también a la entrada de Pronico. Ese día un niño de 7 años se quedó huérfano porque una bala de calibre 9 milímetros, como las que utiliza la Policía Nacional Civil (PNC), alcanzó a un pescador de 29 años, su nombre era Carlos Maaz Coc.
En río dulce, en las instalaciones de AMASURLI, se encontraban el ministro del MARN, Sidney Samuels; autoridades de MEM; el gobernador departamental, Rudy Ramírez; el alcalde de El Estor, Rony Méndez; el comisario de PNC de Puerto Barrios, Constantino Alvarado Ixpata; miembros de AMASURLI; representantes de Defensores de la Naturaleza, todas ellas personalidades que suponían darle credibilidad a la mesa diálogo.
Por la tarde del día 27 mayo, el resultado había sido, un comunitario herido de nombre Alfredo Maquín, el fallecido Carlos Maaz, cinco policías heridos, la subestación policial de El Estor parcialmente incendiada por un grupo de personas, y un supuesto saqueo e intento de incendio en la casa del alcalde municipal, el señor Méndez.
En los medios tradicionales de comunicación y las páginas oficiales del Ministerio de Gobernación (Mingob) se insinuó que el tiroteo fue causado por pobladores. Cristóbal Pop, presidente de la GPA, recuerda que algunos miembros de la directiva acompañaron a la familia del pescador asesinado, esperando que el Ministerio Público (MP) llegara a hacer las diligencias correspondientes, pero esto tampoco pasó. Tanto los directivos, testigos oculares y el corresponsal de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, aseguraron que solo la policía portaba armas de fuego. Al final de la tarde de ese mismo día, Choc recibió amenazas por los videos y fotografías que captó del suceso.
El año 2017 terminó con la criminalización de los líderes comunitarios. La incertidumbre sobre la contaminación del lago se fue diluyendo en un calvario legal que afrontarían durante 2018 y 2019. Difícilmente se hablaría si quiera del esclarecimiento de la coloración roja porque los líderes fueron señalados por el cuñado del alcalde de dirigir el incendio de la residencia del jefe edil. En la denuncia también se incluyó al Ernesto Choc, quién reporteó para Prensa Comunitaria y para TN23 ese día. Este año Cristóbal Pop y Eduardo Bim fueron encarcelados en la penitenciaría de Puerto Barrios.
Mientras transcurrían los meses la tensión se incrementaba porque tampoco se había podido probar su responsabilidad en el caso. Por lo que les enlistaron otros cargos: asociación ilícita, detenciones ilegales. En los que CGN actuó denunciante. El octubre de este año el Ministerio Público pidió el sobreseimiento del caso, pero el juez de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Aníbal Arteaga se niega a cerrar el caso.
Autoridades a las que les compete el cuidado del lago
En el departamento de Izabal, la principal referencia sobre el cuidado de la cuenca del lago es AMASURLI, dirigida por Maritza Raquel Aguirre Cordón. En el sitio oficial de la institución se consigna que para cumplir con sus atribuciones se ha organizado con cinco ejes estratégicos de trabajo, de los cuales en el cuarto se señala como la encargada de realizar “monitoreo, evaluación y vigilancia ambiental. Cuando les solicitamos el del año 2017, respondieron que no tenían el análisis del mes de mayo. A la municipalidad de El Estor también le compete la preservación de las fuentes hídricas, pero el monitoreo del lago en especial, en su lugar lo delegan en AMASURLI.
La máxima autoridad en el tema ambiental es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, cuyo titular había sido desde 2016, Sidney Samuels hasta su renuncia por “problemas políticos” el 15 enero de 2018. Quién quedó a la cabeza de la institución el 23 de ener de 2018 fue el señor Alfonso Alonzo, siendo señalado de actos de corrupción. El diputado y presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad Amílcar Pop interpuso un amparo en contra del presidente Morales porque ascender a Alonzo al cargo de ministro, “decisión que ha constituido en un agravio continuo y permanente que pone en riesgo a la institucionalidad del Estado, particularmente en materia ambiental“.
Otra entidad implicada en el monitoreo de fuentes hídricas es la organización no gubernamental “Defensores de la Naturaleza” debido a que es la primera Organización No Gubernamental (ONG) en Latinoamérica a la cual, en 1990 se le otorgó la administración de una reserva natural, y en la actualidad administra cuatro reservas, una de ellas, el proyecto Refugio de la Vida Silvestre Bocas del Polochic, es el que los vincula al lago de Izabal. La directora de dicha ONG es Heidy García.
Lo enredan todo para no tener que explicar nada
Tan solo en la realización de los análisis del lago, estuvieron involucradas seis diferentes instituciones: AMASURLI, Defensores de la Naturaleza, Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), el Laboratorio Nacional de Salud, Laboratorio de Investigación Química y Ambiental (LIQA) de la Universidad de San Carlos, y de manera indirecta también lo estuvo, la Universidad del Valle de Guatemala, a través de la bióloga Margaret Ann Dix, ya que ella interpretó unos informes de muestras de algas que envió AMSA.
De las muestras que fueron recogidas el 1 de abril de 2017, surgieron dos informes de laboratorio. El primero, lo proveyó el LIQA, en el que se describe que los interesados en el resultado es la organización Defensores de la Naturaleza, el destinatario del informe es Heidy García. Este informe describió 11 parámetros (elementos), 7 correspondían a metales pesados, y de ellos 3 resultados se consignaron elevados. Describe que la muestra fue tomada a la orilla del lago de Izabal en el muelle municipal de El Estor, el 1 de abril de 2017 y que la muestra llegó embalada en un recipiente de vidrio no hermético.
El segundo resultado, fue emitido por el LNS, describe como remitente al MARN/ AMASURLI. Ese informe describe que la condición de la muestra de agua es inadecuada, y al final de la hoja tamaño carta en las observaciones explica: “los datos tomados in situ por personal de AMASURLI. La muestra fue tomada el día 25/0/2017 y entregada al Laboratorio el 02/03/2017, llegó fría, pero no preservada con reactivos“.
La muestra de algas, según la bióloga Dix, fue recogida por Manuel Cano, representante de la División de Control Ambiental de AMSA, estos informes no aparecen dentro de lo que MARN entregó a los periodistas de Forbidden Stories, pero sí una carta emitida por AMSA y dirigida a Maritza Raquel Aguirre Cordón, directora ejecutiva de AMASURLI, en la que le dice: “las muestras de agua provistas por su persona el día 03 de abril del año en curso, correspondientes al lago de Izabal. El análisis taxonómico sugiere que las muestras de fitoplancton determinadas corresponden al género Botryococcus“. En la carta se describe las especificaciones taxonómicas pero no emite opinión de cómo impacta el alga al lago.
Por otro lado el MARN también adjunta otra carta que habló de nuevo del Botryococcus, un alga verde. La carta enviada por la ONG Fundación Defensores de la Naturaleza, expresa que “el motivo de la presente es para hacer entrega de los resultados emitidos por LIQA, de la muestra colectada el 1 de abril de 2017 a la orilla del Lago de Izabal, en el Muelle Municipal“. Comenta que esa misma muestra fue revisada por la Margaret Dix, quién es parte de la Asamblea General y es Coordinadora de su Comité Científico y que da acompañamiento a Defensores de la Naturaleza en los procesos de investigación científica.
En entrevista con Juliette Garside, periodista del medio inglés The Guardian, Margaret Dix aseguró que no analizó ninguna muestra química, ni fue al lugar de dónde venían las muestras, “Las muestras de agua fueron recolectadas por Amatitlán AMSA (…) Me enviaron las muestras de las algas y fui yo quien las identificó”. En la conversación la científica explicó que Manuel Cano de AMSA había sido su estudiante y fue él quien le pidió su opinión, explica Dix: “No hice ninguna de las cosas químicas, que fueron hechas por otra persona. Me enviaron fotografías y las identifiqué”. Según su opinión el florecimiento de algas fue causado por las granjas de tilapia que se impusieron en el lago ese año.
Curiosamente el informe que arrojó el LIQA no menciona ningún alga, solo habla de metales y de este informe no hay carta se adjunta que propinen alguna explicación sobre los resultados de los metales.
De una u otra forma los informes que convocaron a tanta gente, no explican la condición en que se encuentra el lago. Los emitidos por LNS, además provienen de la Finca El Paraíso a 24.9 kilómetros de distancia del muelle viejo en El Estor, de dónde señalaron los pescadores el avistamiento rojo. Cito a la bióloga Dix: “La flor no estaba allí, justo fuera de la mina, sino más abajo en el lago. Cerca de un lugar llamado El Paraíso”.
MARN y AMASURLI obtuvieron los resultados entre el 10 de abril y el 23 de mayo 2017, cuatro días antes de romper el dialogo con los pescadores.
Alga verde que supura un color rojo
Manuel Cano afirmó en una carta enviada por la directora de AMASURLI, que la muestra de agua del 3 de abril de 2017, corresponde a un alga, y que el análisis de AMSA fue taxonómico, es decir para para determinar el tipo de plancton o alga era. No de metales o minerales, ni tampoco se analizó en el alga trazas de metales, una posibilidad que han sido utilizada por quimicos biólogos, para analizar la presencia de metales pesados.
El resultado, que si hace referencia a metales pesados es el de LIQA, estos llegaron al MARN el 9 de mayo de 2017, 18 días antes del desafortunado tiroteo contra los manifestantes en El Estor.
De los resultados del Laboratorio Nacional de Salud (LNS) ni hablar, porque describen que la condición de la muestra es inadecuada, pero, estos llegaron a MARN el 2 de mayo de 2017, quedando tiempo para repetir el muestreo, pero no fue así.
A través del proyecto GreenBlood, se pudo remitir los informes Eduardo Limbert, biólogo y especialista portugués, quién explicó que los procedimientos presentan graves incoherencias, el coloramiento pudo brotar del canal de evacuación de la planta de níquel y no en la finca El Paraíso que se encuentra llegando a río Dulce, en Livingston.
Una vez más no se acreditó la cadena de custodia de la muestra hasta el laboratorio y el método de análisis usado. Los resultados de micro algas no son sólidos para afirmar que la floración haya causado la mancha roja sobre el lago, afirma el especialista.
¿Nadie mete las manos si se trata de CGN?
En 2019 se registraron dos coloraciones rojas, una el 8 de mayo, que infestó el río Trincheras y otra a finales de septiembre que perjudicó el río el Sauce. El cauce del río Trincheras, cercano a la licencia Montufar II en el municipio de los Amates y el Sauce en el municipio de El Estor cercano a la licencia Fénix, ambos proyectos extractivos propiedad de CGN-Pronico, la coloración del río Trincheras es un problema ahora para los vecinos, que también se quejan de que la minera esté talando árboles y extrayendo la montaña. El coloramiento en el Sauce, pasó sin provocar organización social.
Dos años después, seguimos preguntándonos ¿por qué tanta opacidad cuando se trata de estos fenómenos rojos? ¿Por qué los análisis químicos no son contundentes? ¿Por qué los procedimientos o metodologías parecen procedimientos ambiguos? ¿Cuál es el mejor laboratorio en Guatemala para informar sobre contaminación hídrica?
En opinión del químico Ricardo Veliz, director del área de investigación del LIQA, el laboratorio debería ser solamente de referencia ya que está en proceso de conseguir su acreditación internacional, el laboratorio cuenta con las competencias técnicas y de personal. También nos explica que es poco rentable que un laboratorio se acredite en todos los parámetros porque la acreditación tiene correspondencia con la demanda de análisis del parámetro o metal en cuestión, por ejemplo, solo “algunos laboratorios sí tienen acreditado arsénico y mercurio, […] pagar este tipo de análisis es caro, y la metodología analítica es larga”, concluyó.
A la pregunta sobre ¿por qué en varios casos en Izabal, la forma en que se recogen las muestras no se adjunta a los interesados y genera una percepción de confusión? Veliz nos explicó que “una deficiencia del país es no tener normas en común para tomar muestras, como en otros países”. Además, hay cierta complejidad en el muestreo y en la búsqueda de contaminación en cuerpos acuíferos porque “lamentablemente esas contaminaciones no son permanentes, el río se las lleva, quedan algunos remanentes, […] cuando uno toma una muestra de un río es como una fotografía instantánea. Tiene que haber un monitoreo. Si la contaminación fue un lunes y yo voy a ir a analizar un viernes, no encontraré nada”. Por lo tanto, la palabra clave es monitoreo, que en el caso del lago de Izabal debería llevarlo AMASURLI, pero esta institución envío al LNS una muestra inadecuada y tampoco la repitió.
También se preguntó a Veliz sobre la falta de un dictamen de opinión, en los informes de resultados de agua que acompañe los datos de los parámetros “nosotros no damos interpretación a menos qué, el interesado nos lo haga saber de una forma clara y concisa, de que solicita un comentario u observación técnica profesional. Ese es un dictamen aparte. Nosotros solo entregamos un informe que dicta los resultados de los análisis”.
En cuanto a cómo se hacen los muestreos de agua la valoración de Veliz es que “hay laboratorios que solo garantizan el informe y hay otros que garantizan el proceso de muestreo. En nuestro país es un poco complicado que alguien tenga los recursos para gastar en el muestreo y en el análisis”. Sin embargo, cada laboratorio tiene la opción debe pedir ciertos criterios de recepción de muestra y según lo decida la institución se puede rendir una aclaración sobre quién recogió la muestra y en qué condiciones ingresó.
Alternativas de búsqueda de contaminación
Debido a la dificultad y también falta de voluntad política que se ha observado, por parte de instancias públicas para hacer el recogimiento de muestras de agua y la negativa de explicar de forma inmediata y transparente las condiciones de los cuerpos acuíferos, particularmente en los fenómenos rojos, queda hacer monitoreos de agua rigurosos.
Otra forma de identificar contaminación en afluentes o cuerpos hídricos es la contaminación física, esto puede ser causado por verter residuos biológicos, químicos e incluso lodos, al respecto pedimos al licenciado Ricardo Veliz que nos explique más sobre el tema, ¿la contaminación física podría ser una alternativa de búsqueda de contaminación de aguas? “hay indicadores y bioindicadores, los primeros son físicos químicos y los segundos son organismos que deben estar presentes en un cuerpo de agua. Al tomar una muestra se pueden evaluar ambos para determinar la calidad de ese cuerpo de agua. En COGUANOR se está considerando en norma cuáles son los indicadores y bioindicadores para que cualquier persona sepa qué medir los niveles […] todavía se está discutiendo”.
En Guatemala es urgente que se normalice todo lo relacionado con los estudios y análisis de aguas, en el marco político, parece absurdo que no se haya concretado una ley de agua, cuando por otro lado se aprueban licencias extractivas que directa o indirectamente atentan contra los recursos hídricos. Los intereses extractivos, hidroeléctricos y el recambio monocultivista, se traducen tarde o temprano en problemáticas sociales. Es una irresponsabilidad que el Estado de Guatemala, se aproveche de las falencias técnicas, para que las empresas generen sus riquezas en aventajada impunidad.
