Créditos: Andina Ayala

Por Andina Ayala

Esta mañana el Instituto Republicano Internacional (IRI) presentó un balance a 10 años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que estuvo a cargo politólogo Silvio Gramajo. Acto al que estuvieron invitados periodistas de televisión, radio y medios digitales alternativos.  

En la actividad el ponente recordó que la norma, que permite acceder a información institucional, pudo concretarse “por voluntad política luego de que en el año 2008, Carlos Meyer, presidente del Congreso, informara sobre el desvío de Q82 millones hacia la casa de bolsa Mercado de Futuros, S. A. (MDF)”.

La Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada a través del Decreto No. 57-2008, permite que cualquier persona solicite documentos, datos o estadísticas que estén en posesión de las autoridades y sujetos obligados. Con ello, se garantiza la transparencia de la administración pública.

Los sujetos obligados a responder las solicitudes de información pública son personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales de cualquier naturaleza, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otra que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la administración pública en general.

Los requerimientos de información pública pueden hacerse de forma digital o física en las oficinas de la institución a través de la Unidad de Información Pública (UIP). El plazo para recibir la información solicitada es de 10 días, prorrogable por 10 días más si la institución lo justifica.

Un debate abierto que fortaleza la LAIP

Con el impulso de la diputada Karina Paz, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) junto a organizaciones sociales, 30 municipalidades se está promoviendo la iniciativa número 5572, que busca incorporar reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. La propuesta fue presentada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso en abril de este año.

La iniciativa ha sido trabajada por una diversidad de personas y actores sociales quienes identificaron que la reforma de la LAIP requiere que otras leyes también se actualicen, tales como: la ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y el Código Municipal.

Las reformas que se proponen

Se busca obligar a otros sujetos a proporcionar información pública como las exenciones fiscales, que de momento se consideran reservadas. También favorecer el uso de tecnología en la entrega y la gratuidad. Cambiar el modelo de la autoridad reguladora, para que se expanda el alcance al territorio nacional; la autoridad reguladora como mínimo debe tener un mandato, funciones sustantivas y administrativas. Además, es importante que se establezcan criterios para el recurso de revisión y criterios para el cumplimiento de los requisitos de presentación de la solicitud de información, que suelen ser problemas más comunes para los solicitantes, por lo cual se plantea que las entidades estén obligadas a explicar los motivos cuando niegan la información,  y no solamente señalar los artículos de la ley, como usualmente sucede.

El derecho de conocer lo que entidades públicas hacen

Pese a las deficiencias que puedan presentarse al momento de solicitar información pública, dicha ley ha agilizado y permitido que investigaciones civiles y judiciales se sustenten. El balance es positivo, pero la preocupación latente sigue apuntando al Reglamento de la ley, ya que sin este, el propio Congreso podría retirar la ley o hacer reformas en beneficio del retroceso alcanzado.

Autoría y edición

Antropóloga y corresponsal de Prensa Comunitaria, forma parte del equipo de investigación del proyecto Green Blood.

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