Por Fabián Campos Hernández
2 de noviembre 2019
Juan Guaidó sabe que ya perdió. En unos meses se renovará la Asamblea Nacional y él y sus “compinches” perderán el fuero desde el que han intentado dar varios golpes de Estado bajo el mandato de Washington
Llevamos nueve meses de una comedia de enredos que sería hilarante sino se jugaran vitales intereses en ella. En enero del presente año, Juan Guaidó accedió de la mano de Washington a la arena política internacional al autoproclamarse presidente de Venezuela. Era la carta del entonces consejero de Seguridad Nacional John Bolton para derrocar a Nicolás Maduro y volver a tener el control sobre el petróleo y otras materias primas de ese país sudamericano.
A través de una elaborada conjura internacional, Washington había estado preparando a sus aliados de derecha en la región para que de inmediato reconocieran al nuevo títere de la Casa Blanca y dieran legitimidad a la intervención que preparaba un golpe de Estado.
En abril, buscando profundizar la crisis en Venezuela, Estados Unidos decretó nuevas medidas al boqueo comercial que mantiene contra el gobierno de Nicolás Maduro y esta vez incluyeron la congelación de reservas monetarias y activos radicados en su territorio. Entre ellos destacaba CITGO, una empresa petrolera responsable de procesar y comercializar medio millón de barriles diarios destinados al mercado internacional desde Texas.
Además de ser un golpe duro a la economía de por si debilitada del gobierno de Maduro, esos recursos servirían para financiar las intentonas golpistas y a Juan Guaidó y sus “representantes en el exterior” así como para comprar apoyos a su causa entre los “paladines de la libertad” como los grupos paramilitares colombianos. Donald Trump se enjuagaba las manos ante tremendo negocio, se haría de los recursos naturales de Venezuela y los venezolanos pagarían por ello.
Sin embargo, el presidente estadounidense no contó con la alianza que Nicolás Maduro había venido preparando, durante estos años, con Rusia y que como parte de esos acuerdos, la empresa paraestatal petrolera Rosneft había invertido varios millones de dólares en Venezuela, incluidos la compra en 2016 de bonos de deuda que tenían como garantía a CITGO. Y Vladimir Putin no estuvo dispuesto a dejar perder sus inversiones. Si Donald Trump quería derrocar a Nicolás Maduro, primero tendría que negociar con los rusos y cederles parte importante de las ganancias, y eso detuvo el golpe de Estado.
John Bolton fue obligado a renunciar ante el estrepitoso fracaso, pero su legado está haciendo que les lleguen a Trump y Guaidó el “agua a los aparejos”. En septiembre pasado una parte de los bonos de deuda garantizados con los activos de CITGO se vencieron y el “gobierno” de Juan Guaidó se vio obligado a pagar cerca de cien millones de dólares para evitar que los acreedores reclamaran la propiedad de la garantía.
Ahí Donald Trump y Juan Guaidó ya tenían la escopeta apuntándoles a los pies. Pero otra amenaza más fuerte estaba en puerta. El 28 de octubre estos mismos acreedores reclamarían casi mil millones de dólares para amortizar la deuda. De no cubrirse ese monto Rusneft y otros inversionistas se quedaría con el 51% de CITGO legalmente. Y el resto les debería ser entregado en 2020. Estados Unidos estaba a punto de perder una de las partes más jugosas del negocio del petróleo venezolano y Juan Guaidó su caja chica.
La semana pasada Donald Trump hizo declarar al Departamento del Tesoro una prórroga de tres meses donde los acreedores no pueden exigir el pago ni proceder contra la garantía. Noventa días de gracia les dio a sus aliados venezolanos y la estrategia de Juan Guaidó fue la de declarar inconstitucionales los bonos que se vendieron hace tres años. De esta manera buscan desconocer la deuda contraída y sobre la cual él y sus “compinches” ya pagaron intereses hace un mes. Diversos analistas internacionales ya han establecido que ese argumento será declarado improcedente por una corte de Nueva York donde los opositores venezolanos han radicado su demanda de nulidad.
Pero lo importante para los opositores venezolanos es ganar tiempo. El FBI ha estado investigando cómo la “junta de administración” nombrada por Juan Guaidó estableció la prioridad de acreedores que deben de ser liquidados. Y resulta que “el presidente legítimo” y el líder golpista Leopoldo López son tenedores de bonos. Además de que las pesquisas apuntan a que tienen un grupo de prestanombres en la misma lista.
Se terminaron de disparar en el pie. Juan Guaidó sabe que ya perdió. En unos meses se renovará la Asamblea Nacional y él y sus “compinches” perderán el fuero desde el que han intentado dar varios golpes de Estado bajo el mandato de Washington. Pero antes de irse quiere asegurarse un futuro millonario para él y los otros “paladines de la democracia”. ¿O acaso otra cosa importa para los “demócratas” venezolanos y sus pares latinoamericanos? Así cerró un octubre rojo de protestas sociales que hicieron cimbrarse a la derecha y de triunfos electorales de la izquierda.
