Ley que beneficia pandilleros y criminales de cuello blanco preocupa al sector justicia

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Créditos: Erick Ávila / Prensa Libre

 Por David Toro

La ley de aceptación de cargos aprobada por el Congreso ha generado preocupación en diferentes sectores de la sociedad,  existe incertidumbre y confusión sobre los impactos de  esta polémica reforma que no fue conocida antes de aprobarse, el juez Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad (AGJI), señala que si entra en vigencia beneficiará a pandilleros y criminales de cuello blanco.    

La ley de Aceptación de Cargos, que fue aprobada el 12 de noviembre en el Congreso, podría entrar en vigencia pronto. Ahora está en manos de Jimmy Morales, quien tiene la potestad de aprobarla o rechazarla en los siguientes días y posteriormente ser publicada en el Diario de Centroamérica (DCA).

Estas reformas fueron aprobadas con anomalías notables, según el abogado Carlos Bezares se incluyeron enmiendas de última hora que no fueron puestas a la vista de los diputados opositores, antes de entrar en votación. La ley  beneficiará a los criminales que se declaren culpables y el órgano a cargo de su caso les podría perdonar hasta el 50% del total de la pena del crimen cometido. Esta reforma aplica para 70 delitos diferentes, entre ellos están aquellos que tienen que ver con delincuencia organizada: lavado de dinero, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, entre otros, todos estos son los más comunes por los cuales son acusados regularmente los funcionarios públicos y pandilleros.

El Juez Haroldo Vásquez, presidente de la AGJI, declaró en una entrevista estar preocupado por la aprobación de esta ley, porque no fue socializada, ni se tomó el tiempo para que fuera analizada por expertos ni por la población, “hay desconfianza porque no sabemos los alcances totales de la ley, pero si entra en vigencia el próximo año, de momento se sabe que podría beneficiar a delincuentes de cuello blanco y pandilleros, que son los que incurren en delitos de asociación ilícita con mayor frecuencia”, señaló el juzgador, además agregó que la AGJI está preparando un análisis para advertir a la población de los impactos que tendrá ley y esperan presentarlo antes de finalizar el 2019.

AEU: “Acciones oscuras de los diputados que protegen la impunidad”

Luis Álvarez, comisionado de asuntos académicos de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), durante la presentación de un amparo contra esta ley ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el pasado 13 de noviembre, declaró que esta ley genera preocupación porque los resultados pueden ser lesivos para la ciudadanía y además deforman el proceso penal.

El abogado Bezares, representante legal de los estudiantes amparistas, destacó que la ley aprobada por los diputados, beneficiará a extorsionistas y personas acusadas de lavado de dinero que podrían optar por declararse culpables incluso antes de la primera declaración para obtener una pena menor, como lo permite las nuevas reformas.

La segunda fue la vencida para el pacto de corruptos

El 16 de septiembre del 2017, un grupo mayoritariao de diputados señalados de partenecer al denominado pacto de corruptos, intentaron por primera vez reformar el Código Procesal Penal para reducir penas de delitos relacionados con actos de corrupción, pero aquel día fueron encerrados por cientos de manifestantes provocando, a través de la presión social, que los legisladores dieran marcha atrás. 

La ley de aceptación de cargos fue promovida en 2017 inicialmente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el respaldo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero la versión aprobada por el Congreso es distante a la idea original que pretendía agilizar el sistema judicial del país y así garantizar el respeto a los derechos humanos.

La abogada María Del Carmen Peláez, de Acción Ciudadana (AC) que al igual que AEU accionó un amparo ante la CC contra la ley, señaló que es preocupante que se desconozcan los parámetros que usaron los diputados para decidir que delitos incluir y cuales dejar fuera de la reforma, “la ley genera desconfianza, sobre todo porque entraría en vigencia un mes después de ser aprobada y no sabemos si el Organismo Judicial (OJ), tiene la capacidad para atender a todas las personas que eventualmente solicitarían que se les aplique la aceptación de cargos”

Aunque en estos momentos la ley está en manos del presidente Morales, la CC podría darle un giro a la situación si en los próximos días decide otorgar amparo provisional de AEU y AC que han solicitado que se anule lo actuado por los diputados el 12 de noviembre.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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