Por Simón Antonio Ramón
Las más de 100 familias que fueron desplazadas de manera forzada y que se asentaron en la línea fronteriza entre México y Guatemala buscan por medio de una apelación en contra de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que se les permita regresar a la comunidad Laguna Larga, San Benito, Petén, donde fueron desalojadas el 2 de junio de 2017.
Abandonados por el Estado
En la vista pública realizada el pasado lunes 4 de noviembre en la CC las familias de la comunidad Laguna Larga, piden que se les permita retornar a la comunidad de donde fueron desalojadas y el Gobierno cumpla las obligaciones mandatadas en las medidas cautelares otorgadas a la comunidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la intervención del representante de la comunidad, Constantino Vásquez, denunció la falta de atención del Estado en el acceso al agua, alimentación y servicios de salud. “Las enfermedades siempre están latentes y por eso queremos el retorno provisional y nuestras tierras para trabajar, porque de ella vivimos porque sin la tierra para nosotros los campesinos no podemos vivir, porque de ella sacamos nuestros alimentos, medios económicos para sobrevivir no vivir cómodamente sino sobrevivir”, informó Vásquez.
En opinión de Juan Castro, abogado de los comunitarios y representante del Bufete para Pueblos Indígenas, el desalojo en la comunidad se ordenó con la denuncia de hechos falsos atribuidos a la comunidad de Laguna Larga. “Si bien es cierto que fue desalojada por la orden de un juez también fue desalojada de hechos que fueron falsos. Inicialmente dijeron que es una comunidad ilegalmente constituida, una comunidad invasora, una comunidad con vínculos con el narcotráfico y eso no ha sido comprobado y no va ser comprobado porque es falso”, agregó Castro.
De las 456 personas desalojadas en Laguna Larga hay 163 mujeres, de ellas nueve han muerto por enfermedades tratables, en septiembre una mujer tuvo un abortó involuntariamente por las circunstancias del lugar, denunció la abogada Jovita Tzul Tzul también del Bufete para Pueblos Indígenas, quien asistió en representación jurídica del diputado Leocadio Juracán. “Solicitamos respetuosamente que no se permita más la bucratización de los derechos humanos, señalando que una y otra institución es la responsable de cumplir efectivamente, el estado responde como uno, como un todo y es así como debe dar una respuesta efectiva a cumplir realmente la vida digna que merecen las mujeres de Laguna larga”, señaló la abogada Tzul.
El diputado Leocadio Juracán que participa como tercero interesado en la apelación, indicó que se violaron los derechos de la población que estaban asentadas antes que el lugar fuera declarada como área protegida.
Mientras en las intervenciones de cada uno de los delegados instituciones denunciadas como del CONAP, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y la Procuraduría General de la Nación (PNG), pidieron al pleno de la Corte que no se otorgue la apelación a las familias que claman justicia abandonadas en la frontera con México.
Intervención de la CIDH y la estrategia del Gobierno para evadir
La medida cautelar 412-17 otorgada a la comunidad por la CIDH en septiembre de 2017 establece que el Estado de Guatemala debe proveer a las familias el acceso a la alimentación, agua potable, alojamiento en condiciones adecuadas, salud y vestimenta, acceso a la zona para la recolección de bienes, continuidad en la educación y asistencia técnica, protección de violencia de terceros y continuación de diálogos.
https://fger.org/2017/09/28/cidh-otorga-medidas-cautelares-a-familias-de-laguna-larga/
