La caída de un negocio millonario: la traición de los diputados al sector empresarial

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Créditos: Omar Solis/Publinews

Por David Toro

Los diputados del casi extinto FCN-Nación, la junta directiva del Congreso y el sector empresarial están sumergidos en una trama que aún no termina. Los diputados engavetaron de forma sorpresiva y anómala el proyecto de rehabilitación de 42 kilómetros de la  carretera Escuintla-Puerto Quetzal. Los empresarios han mostrado su enfado ya que  pensaron que contarían con el apoyo de los legisladores para sellar el negocio, el Consorcio Autopistas de Guatemala (Convía) se quedaría con el 60% de las ganancias si el proyecto se concreta.      

El martes 29 de octubre, en la sesión plenaria del Congreso se  tenía agendada la votación definitiva de la iniciativa 55-06. Se trataba del proyecto de rehabilitación de 42 kilómetros de la autopista que conduce de Escuintla a Puerto Quetzal. Este sería el primer proyecto bajo el esquema de alianzas público-privadas en Guatemala.

Convia un consorcio -que nació exclusivamente para competir por el proyecto de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal- conformado por la empresa mexicana Marhnos -actualmente administra la autopista Palín-Escuintla- y la guatemalteca PreCon, presidida por Anthony Bickford con presencia en 14 países de América Latina, ademas de tener una fuerte presencia en el mercado centroamericano*. Según el portal La voz del Sandinismo, PreCon tiene una planta de producción en el municipio de León en Nicaragua desde 2012.

Ambas empresas habían sido los ganadores de la licitación en julio del 2018, pero recibieron un golpe inesperado de los diputados del partido de gobierno, los mismos que les habían prometido que votarían en favor del proyecto valuado en Q600 millones.

Cuando llegó el momento de la votación el presidente del legislativo, Álvaro Arzú Escobar abandonó la sesión, un movimiento poco usual y dejó a cargo a la diputada oficialista Flor de María Chajón, ella sometió a votación el proyecto a pesar de que no había quórum suficiente, el diputado Oliverio García le advirtió, pero ella no dio marcha atrás y con 50 votos en contra y 32 a favor el proyecto quedó fuera.

Posteriormente un el sector empresarial aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que en algunas ocaciones ha apoyado las decisiones de los diputados ligados a casos de corrupción, amenazaron accionar en contra del Estado por la caída de la construcción de la carretera. Casi 15 días después de la votación, el Congreso aún no hace pública el acta de la sesión.

“Nos reunimos con los diputados de todos los bloques para explicarles el proyecto, los de FCN-Nación, nos dijeron que el presidente Jimmy Morales les dijo que votaran en favor del proyecto, pero votaron en contra (…) no sabemos a quienes nos enfrentamos”, dijo René Muñoz, director de Convia durante una entrevista. Además agregó que aún están evaluando las acciones legales que tomarán, porque no están dispuestos a perder el proyecto de esta forma. Muñoz declaró que desde la votación, no han recibido comunicación de parte de ningún diputado o de algun funcionario del Gobierno.

Una fuente del Congreso, que prefirió no ser identificada, aseguró que la caída del proyecto carretero no fue un error legislativo, al parecer un grupo de diputados oficialistas y parte de la junta directiva que en su mayoría tienen procesos de antejuicios pendientes, mandaron a morir el proyecto para que esta carretera sea “construida a la antigüita”, es decir asignarla contratistas cercanos a ellos y no por medio de las alianzas público privadas, además los diputados no estarían interesados en una carretera con balanzas digitales y las cámaras de seguridad que el proyecto de Convia incluye.

Luces y sombras de la carretera Escuintla-Puerto Quetzal

La rehabilitación de la autopista que conduce de Escuintla a Puerto Quetzal es un proyecto que nace a petición de la Agencia de Alianzas Público Privadas (Anaide). La ley de estas alianzas en Guatemala fue creada en agosto de 2010 por el Gobierno del presidente Álvaro Colom. Hasta ahora, este tipo de alianzas no se han concretado para realizar obras de infraestructura en el país. En síntesis, este modelo es diferente a los dos tradicionales usados por el Estado para obras publicas ejecutadas por la Dirección General de Caminos (DGC), adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)  o por medio de un contratista. En Estos casos, es el sector público el encargado de diseñar los proyectos, definir los estándares y supervisar, mientras que la empresa designada debe financiar, construir y operar, con el detalle de que el sector privado es el que decide el porcentaje económico le otorgará al Estado.

El Consorcio de autopistas de Guatemala (Convia), integrado por la empresa mexicana Marhnos y la guatemalteca PreCon, ganó la licitación de la carretera en julio del 2018, el proyecto cobrará un peaje de Q 15.00 para todos los vehículos en la entrada y salida. La empresa ofreció el 36.6% de los ingresos totales al Estado y el otro 64% sería para el consorcio Convia. El porcentaje ofrecido fue la clave para ganar el proyecto por encima de las empresas, Anas International Entrepise S.P.A de Italia y Mota-Engil de Holanda, según el director de Convia, René Muñoz.

Las estimaciones de Anaide, la empresa se llevaría Q1,147 millones en los primeros ocho años del proyecto, mientras que el Estado recibiría solo Q60 millones.

Luego de que Convia ganara la licitación, fue el mismo presidente, Jimmy Morales, quien envió el proyecto al Congreso, en agosto del 2018. La iniciativa estuvo un año en la comisión de comunicaciones, presidida por el diputado Oscar Roberto Mendoza, de la bancada Todos. La iniciativa de ley recibió un dictamen final a inicios del pasado mes de octubre, según el diputado Enrique Álvarez, de la bancada Convergencia, la iniciativa fue enviada al pleno a pesar de que tenía detalles no resueltos, como las entradas libres para comunitarios del sector y peticiones de las municipalidades aledañas.

Sobre el proyecto pedimos su análisis a los legisladores Enrique Álvarez y Carlos Barrera de la Unidad Nacional por la Esperanza (UNE), coincidieron en que es importante este tipo de construcciones y dieron beneficio de la duda al modelo de APP pero destacaron entre las deficiencias, que los comunitarios que habitan en las aldeas, que se encuentran dentro de los 42 kilómetros de la autopista, no serían exonerados del pago de peaje y debería pagar  Q2.00 por auto y Q1.00 por motocicleta. Las municipalidades de Escuintla, Masagua y Puerto San José, alegaron que el peaje causaría saturación en las carreteras, pero la ley fue enviada sin tomar en cuenta las peticiones de comunitarios y autoridades locales.

Desde la perspectiva económica el modelo de APP, sin antecedentes en Guatemala, tiene un balance de riesgos para el Estado y la empresa. Según el economista Ricardo Barrientos del Instituto Guatemalteco de Estudios Fiscales (ICEFI), en la propuesta de presupuesto para el 2020 del Ministerio de Finanzas (Minfin), se propuso  poner a disposición 6,000 millones para financiar proyectos de alianzas de este tipo, “es decir que el Estado si invertirá  capital en esta carretera por medio de una deuda pública”, destaca Barrientos.

Ricardo Barrientos: “Fue a todas luces una votación anómala, sin duda hay conflicto de interés y un sesgo para que los proyectos sigan siendo adjudicados con los procedimientos actuales”. Barrientos en su columna “Ahora el Cacif necesita a la Cicig” (Plaza Pública 5/11/19) escribió que existen rumores sobre posibles sobornos de parte de estructuras criminales para que los diputados dejaran morir el proyecto y así poder apropiarse de él y ejecutarlo a su manera, “al mejor estilo del libramiento de Chimaltenango”, concluyó.

De momento el proyecto carretero está en un limbo incierto, mientras esto es resuelto este tipo de proyectos que son necesarios quedan detenidos y el bien común es relegado en medio de empresas que priorizan sus intereses económicos y diputados que van detrás de su beneficio particular.  Hasta el pasado  8 de noviembre Convia no había decidido que acciones legales tomar contra el Estado, son varios los escenarios posibles, la empresa podría lograr que los diputados regresen el proyecto a la tercera lectura o incluso todo el proceso se podría caer y tener que iniciar de cero con una nueva licitación.

*Biografía de Anthony Bickford en la página de WordWide Association of Notable Alumni.
https://www.wwana.com/home/4834355-tony-bickford/profile

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Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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