Créditos: CIDH
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Por Simón Antonio Ramón

Por Simón Francisco Ramón

En la 174 sesión extraordinaria de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH que se realiza en Quito, Ecuador, del 8 al 14 de noviembre, delegaciones de organizaciones sociales de Guatemala participaron en la sesión temática “Derecho al agua y alimentación de los pueblos indígenas en Guatemala”.

Las denuncias

En la jornada del martes 12 de noviembre, se presentaron los casos: la deuda por 250 millones de dólares que asumirá el Gobierno de Guatemala para la instalación de un megacolector en la cuenca sur del Lago Atitlán; la contaminación de ríos por los megaproyectos, que solo en la región norte del país se han registrado 26 afluentes contaminados, los casos más ilustrativos corresponden al río La Pasión y San Román; mientras en la región sur se encuentra el río Madre Vieja; y en el occidente los ríos Kanselá y Tzelá que están por desaparecer; y por último la contaminación del lago de Izabal, situación que se viene denunciando desde el año 2015.

También se denunció la concentración de la tierra, el aumento del cultivo de monocultivos como la caña de azúcar, la palma africana y bananos. Este tipo de plantación hace que se aumente el uso de agrotóxicos, que al ser humano generan enfermedades renales y crónicas.

Además se denunció la permanente criminalización de dirigentes comunitarios por la defensa de bienes naturales, como el caso de Bernardo Caal, que ayer se cumplió 15 mil horas en prisión política y el caso de la señora Anabella que sufrió un derrame al enterarse de una citación en su contra y que hasta el momento no se recupera. Estos casos de criminalización que son efectivos e inmediatos son la respuesta del sistema de justicia a las denuncias realizadas por algunas empresas. En contra posición, si los pueblos indígenas afectados denuncian, los casos son archivados o desestimados. Desde el 2016 existe en el Congreso 15 propuestas de iniciativas de ley por el uso y acceso al agua, pero ninguna ha tenido avances.

Guatemala no garantiza el derecho al agua

“Para esta temática creemos también que Guatemala no cumple con el estándar internacional del derecho humano al agua que implica la existencia de agua saludable, limpia, asequible y accesible para todos y todas”, opinó la abogada Jovita Tzul del Bufete para los Pueblos Indígenas.

Por parte de la delegación del Estado de Guatemala encabezada por Jorge Borrayo, director ejecutivo de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Material de Derechos Humanos (COPREDEH) dijo que “El Estado de Guatemala cuenta con el diálogo como fuente de búsqueda de soluciones, creando para el efecto una instancia que forma parte el organismo ejecutivo como es la Comisión Presidencial Diálogo (CPD) y actúa como ente facilitador y promotor del diálogo”. Borrayo agregó que la CPD es la  “instancia donde se atiende la mayoría de la conflictividad social, que en su mayoría se origina de un conflicto agrario”.

En réplica a los planteamientos del Estado, el abogado Juan Castro del Bufete para los Pueblos Indígenas argumentó que el Sistema Nacional de diálogo en varias ocasiones ha criminalizado la lucha indígena.  “Conocemos el Sistema Nacional de Diálogo y sabemos que muchas de nuestras autoridades y líderes que han acudido a este sistema, a veces, sirve para identificar personas que después serán criminalizadas, entonces no vemos a este sistema como con mucho respeto y buena fe”.

En una parte de la actividad, las Comisionadas de la CIDH preguntaron sobre el régimen y el involucramiento de las comunidades en la elaboración de los estudios de impacto ambiental, el abogado Castro respondió “en Guatemala el ministerio de Ambiente no tiene la capacidad o no ha querido regular que sea el Estado mismo que realice esos estudios. Los  hacen empresas privadas para otras empresas privadas”.

Foto: CIDH

No hay desarrollo sin derechos

Por su parte, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosamera, expresó a las partes “No podemos ni debemos considerar que hablar de desarrollo económico, social, implique desconocimiento de los derechos. Ese desarrollo social, si bien se genera por un desarrollo económico tiene que tener como centro al ser humano, y si no llega ese desarrollo social, si el desarrollo destruye esa cosmovisión, entonces, no será desarrollo, será otra cosa, pero no desarrollo”.

Autoría y edición

Periodista Maya Q'anjob'al

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