Créditos: Nuevo Día

Por David Toro

La actividad minera de la empresa Cantera Los Manantiales, que  opera en Olopa, Chiquimula, y extrae  metales desde 2012, fue suspendida provisionalmente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que comunidades Ch´orti’ denunciaron que la licencia fue otorgada violentando el proceso de consulta previa y el estudio de impacto ambiental no tiene dictamen favorable del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Foto: Nuevo Día

La empresa Cantera Los Manantiales, propiedad de Ovidio Guzmán, un empresario conocido en Esquipulas, opera desde hace 7 años entre las montañas de Olopa. Su actividad tiene incidencia directa en cuatro comunidades: El Amatillo, Carrizal y La Prensa de Olopa y Carboneras de Chiquimula, según información de la Asociación de organizaciones campesinas Ch´orti’ Nuevo Día, la cual acompaña las acciones legales de la población que denuncia las irregularidades causadas por la mina.

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Esta cantera se dedica a la extracción de antimonio, un metal pesado que se utiliza en la fabricación de pinturas, cerámicas, esmaltes, fuegos artificiales y en compuestos tecnológicos como los chips de celulares y computadoras. Según los amparistas, la empresa emplea a unos 20 operadores, la mayoría no son de las comunidades y desde 2015, los efectos de la explotación minera comenzaron a ser visibles para la población.

Foto: Nuevo Día

La asociación Nuevo Día, tomó la representación legal de los comunitarios en 2015, cuando estos comenzaron a notar efectos de contaminación en los arroyos y riachuelos que sirven para su consumo cotidiano, estas fuentes de agua desembocan en el Río Jupilingo, donde la minera envía sus desechos mineros, junto con  esto los pobladores de las tres comunidades más cercanas registraron, al menos, 2 personas enfermas de púrpura, una extraña enfermedad de la piel, según asegura Jeremías Hernández acompañante de las comunidades afectadas e integrante de Nuevo Día.

Foto: Nuevo Día

Cuando se inició el proceso legal contra la mina, los abogados de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, solicitaron en el MARN el estudio de impacto ambiental de la mina, luego de 8 meses de gestión, se les entregó y encontraron que el ministerio no había dado el dictamen favorable al estudio que realizó una empresa a solicitud de la cantera, además no existen registros de que los comunitarios hayan sido consultados antes de iniciar operaciones, estos dos argumentos fueron utilizados para presentar un amparo ante la CSJ en agosto y este 28 de noviembre la corte resolvió otorgar el amparo y dejar en suspenso la licencia.

Foto: Nuevo Día

Desde que inició la lucha contra la mina, ha existido división en el área, según denuncia Nuevo Día, aseguran que a raíz de que los comunitarios presentaron el amparo, los empresarios empezaron a ofrecer proyectos de desarrollo, pero a la vez en 2017 denunciaron a 20 personas de la resistencia pacífica, por la supuesta quema de maquinaria de la empresa, además en este 2019, denunciaron a otras 12 personas por el delito de no permitir la libre locomoción, los casos aún están abiertos, pero no han existido detenciones de momento.

Jeremías Hernández, aseguró que esperan que la CSJ resuelva de forma definitiva el amparo en un plazo de seis meses apróximadamente y aunque los antecedentes de casos similares dan la pauta para adelantar que la postura no cambiará. El presidente electo Alejandro Giammattei, ha  asegurado, sobre el tema, que priorizará la empresa privada, y con ello, la defensa de los intereses comunitarios que exigen  respeto a su territorio se ven amenazados.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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