Por Fabián Campos Hernández
El pasado 3 de noviembre se cumplió un aniversario más del natalicio de Alfredo Stroessner, militar que gobernó dictatorialmente Paraguay desde 1954 hasta 1989. Música, fuegos artificiales y encendidos discursos de paraguayos que reivindican a la dictadura y agradecen que haya “salvado a su país del comunismo” es una tradición que se forjó durante el gobierno de Stroessner y que se ha mantenido treinta años después de su derrocamiento.
El dictador conocido como “El Rubio” por su ascendencia alemana, fue un encubridor de criminales nazis. Joseph Mengele y otros altos funcionarios encontraron en Paraguay no nada más refugio sino oportunidades de continuar haciendo negocios. Además de ser parte integrante de la Operación Cóndor, sus violaciones a los derechos humanos se extienden también a crímenes sexuales como la pedofilia. Los múltiples testimonios de personal cercano al dictador así lo demuestran y se volvieron noticia en septiembre pasado cuando fueron hallados restos humanos en una finca de campo de su propiedad. A pesar de ello, un porcentaje importante de los paraguayos sigue celebrando su natalicio como “la fecha feliz”.
Estos festejos tienen muchas aristas de explicación, pero sobre todo presentan la necesidad imperiosa de un debate sobre el negacionismo respecto a la magnitud e impacto de los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras militares y gobiernos autoritarios del pasado reciente de la región que impera en parte de la clase política, económica e intelectual, así como en amplios sectores de la población latinoamericana.
Durante tres décadas la izquierda, los organismos de derechos humanos y los académicos especializados se han dado a la tarea de documentar no sólo la magnitud de estos crímenes sino su sistematicidad. Más recientemente se han incorporado a estos estudios indagatorias sobre la relación existente entre la implementación de las medidas neoliberales y la criminalización de los opositores, tratando de demostrar que se utilizó la llamada “guerra contra el comunismo” para allanar el camino del cambio de régimen económico. Asimismo, las víctimas y familiares se han afanado en buscar justicia y llevar a juicio a los principales perpetradores del horror. Al respecto los avances y límites de estos esfuerzos son de alcances distintos según el país y los niveles de organización de los sectores que luchan contra la desmemoria y la impunidad en cada uno de ellos.
Sin embargo son pocas las iniciativas para debatir en el seno de las sociedades latinoamericanas la presencia de amplios sectores que continúan reivindicando ese pasado como glorioso. ¿el negacionismo debe de ser contemplado como parte de los derechos a la libertad de pensamiento y prensa? ¿aquellos que hacen apología de estos gobiernos deben de cumplir funciones gubernamentales o de representación popular? ¿los intelectuales que escriben, publican o dictan cursos para relativizar las políticas de las dictaduras pueden ser beneficiados de recursos públicos? ¿deben de existir mecanismos jurídicos para enjuiciar a los que sostienen que las medidas represivas son “propaganda de comunistas”?
Pensar estas preguntas y respondernos en lo particular es apenas el inicio del debate. Buena parte de los herederos, beneficiarios y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad iniciaron su carrera durante los años setenta y ochenta, por lo que fueron perpetradores o cómplices de los delitos. Estas personas no sólo siguen reivindicando este pasado sino que soslayan y resisten a las políticas de memoria. Reaccionan cuando en los tribunales, los medios de comunicación o en la academia se presentan nuevas evidencias, descalificándolas y bloqueando su impacto. Son los implementadores, voceros y justificadores de las medidas represivas recientes.
Pero, como la estrategia seguida hasta hoy se ha concentrado en evidenciar y enjuiciar a los altos dirigentes, estos mandos medios y base de los partidos políticos, la burocracia, el ejército, la empresa privada y la academia pudieron seguir sus carreras, escalar posiciones e instalarse hoy en las altas esferas gubernamentales, empresariales e intelectuales. En otras palabras, esta estrategia permitió que aquellos que “solamente seguían órdenes” y los que se beneficiaron de la represión quedaran impunes y estén perpetrando la continuidad del horror.
No se trata de negar la importancia de lo hecho sino de señalar sus limitaciones y ver las tareas pendientes. Hace unas semanas un diputado liberal de Paraguay presentó una iniciativa que castiga con ocho años de cárcel a aquellos que “glorifiquen” a la dictadura y que nieguen los crímenes de lesa humanidad cometidas por los aparatos represivos. Esta se suma a aquellas presentadas en Argentina y Chile. Ninguna ha podido ser aprobada.
El debate sobre el negacionismo en América Latina ya no se puede evitar. Es urgente e indispensable que nuestras sociedades se manifiesten al respecto. Continuar soslayándolo no sólo impide que se cierre ese ciclo histórico sino que posibilita su continuidad. Es hora de tomar el tema en su cabal dimensión.
