Por David Toro
Allan Marroquín, ex interventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), está prófugo de la justicia desde 2016, y a pesar de contar con una orden de captura internacional vigente, fue atendido por medio de una video conferencia por la comisión antiCicig que ha navegado en un juicio político a pesar de que fue denunciada y suspendida por la Corte de Constitucionalidad (CC), además pretenden accionar legalmente contra el fiscal Francisco Sandoval.
En enero de 2012, Allan Herbert Marroquín Castillo, fue nombrado por el entonces presidente, Otto Pérez Molina como interventor de la EPQ, la empresa portuaria más importante del país, pues el Puerto Quetzal es considerado el enlace comercial marítimo más grande del pacífico.
El mismo año que Marroquín fue nombrado interventor, el gobierno de Pérez Molina inició negociaciones con la Terminal de Contenedores Quetzal S.A (TCQ), asociada a Transbordadores Barcelona, del empresario español Ángel Pérez, que este año, quedó en libertad tras pagar una fianza de $750 mil en España, según publicó el medio escrito El Periódico el 11 de mayo. Ángel Pérez fue acusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de sobornar al gobierno de Pérez Molina para la adjudicación de un contrato que le permitiría construir una moderna terminal de 34 hectáreas, donde se estimaba que la inversión de las tres fases del proyecto portuario tendría una inversión no menor a $255 millones.
Aunque el proyecto sonaba como una gran inversión, el Gobierno de Pérez Molina junto con Roxanna Baldetti y 15 personas más se encargaron de formar una red criminal de la cual obtuvieron $24 millones en sobornos. La condición para firmarlo fue obtener beneficios económicos millonarios bajo la mesa, según la investigación de Feci y Cicig. El papel de Allan Marroquín consistió ne firmar el contrato anómalo en 2014 y además se le acusa de haber cobrado el soborno millonario.
Marroquín tiene 3 años prófugo, ha sido ubicado en Miami, Florida, es acusado de los delitos de cohecho pasivo, fraude y asociación ilícita. En octubre de este año, el Juez Miguel Ángel Gálvez, que tiene a su cargo el caso de TCQ, autorizó que la Feci solicitara su extradición, sin embargo, el 27 de noviembre se quejó de la Cicig ante la comisión anticicig dirigida por el diputado Juan Ramón Lau.
Marroquín aprovechó su intervención, a través de una video conferencia y la difusión ofrecida por el legislativo en todas sus redes sociales para quejarse de la Cicig, ya que el departamento de comunicación durante dos meses se ha encargado de difundir el actuar de esta comisión, con una notable prioridad. Tan solo el 27 de noviembre se publicaron más de 25 tuits relacionados al tema. Marroquín aseguró que nunca han encontrado pruebas en su contra y por medio del abogado Miguel Ángel Letona, presente en el salón del pueblo, dijo que ha sido víctima e incluso acusó a medios de comunicación de difamarlo.
Luego de la intervención de Marroquín, el diputado Juan Ramón Lau, que ha dirigido las acciones de esta comisión, arremetió por tercera vez contra el fiscal Juan Francisco Sandoval. Lau pretende accionar penalmente contra el jefe de la Feci, luego de que viera frustrados sus intentos de obtener datos del personal que trabajó para la Cicig durante sus 13 años de existencia.
El fiscal Sandoval, respondió por medio de su cuenta de Twitter, cuestionando el actuar de la comisión antiCicig y la calificó como un show político.
Lau junto a los diputados Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Luis Hernández Azmitia, de Podemos, han aprovechado el espacio del Congreso para escuchar a personas acusadas, prófugas o sentenciadas por diversos casos de corrupción y antes de finalizar este mandato legislativo el próximo 14 de enero, pretenden entregar un “informe” ante el pleno y también dirigido a Naciones Unidas (ONU), para deslegitimar la labor de la Cicig en el país.
