4 de octubre 2019
La Sala Primera de Mayor Riesgo confirmó a la jueza Claudette Domínguez en el caso conocido como Creompaz luego de seis recusaciones interpuestas por los querellantes adhesivos.
El miércoles 2 de octubre, durante una vista pública en la sala primera de apelaciones de mayor riesgo la magistrada, Anabella Cardona, resolvió que la Jueza Claudette Domínguez continúe conociendo el caso conocido como CREOMPAZ. Su ideoneidad e imparcialidad fueron puestas en cuestión por los querellantes adhesivos porque consideraron que sus resoluciones carecían de imparcialidad.
Familiares de las víctimas y sus representantes legales Edgar Pérez, del Bufete de Derechos Humanos; y Héctor Chiquin, del Centro Para la acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), presentaron seis recusaciones en contra de la jueza Domínguez por considerar su falta de imparcialidad y objetividad en su labor. La solicitud de separarla del caso se debe por las resoluciones hechas en casos similares, como el caso en el que 6 ex patrulleros fueron absueltos por delitos de violencia sexual contra 36 mujeres Achí’.
Según el abogado Pérez, “la jueza ha demostrado un patrón en su actuar en casos donde hay militares señalados. Por ejemplo, en el caso de las víctimas de tortura y violencia sexual de 36 mujeres Achi’, una de sus resoluciones fue revocarle una orden de captura del general Erick Fernando Melgar Padilla a quien le revocó una orden de captura.
Ante la resolución desfavorable de la Sala de Mayor Riesgo #NoMasImpunidad pic.twitter.com/BWDa5Td6Y0
— CasoCREOMPAZ (@CasoCreompaz) October 2, 2019
Durante las audiencias del caso (CREOMPAZ) la jueza Domínguez negó que se utilizaran documentos militares propuestos por los abogados como pruebas.
En la vista pública el abogado Chiquin señaló “lo que más nos alarma es como la jueza Claudette Domínguez resuelve un caso de desaparición forzada. No tomó en cuenta los estándares internacionales ni las 558 osamentas encontradas”.
El Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (CREOMPAZ) funcionó como un centro de detención y ejecución durante el conflicto armado interno en Guatemala. Durante esa época en ese mismo terreno funcionó la Zona Militar número 21, en Cobán, Alta Verapaz. Fue en las instalaciones de esta base militar en donde la Fudanción de Antropologia Forense de Guatemala (FAFG) exhumó a más de 558 víctimas (1981-1984).
En este caso la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) hizo la imputación a 10 oficiales, responsabilizados por delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad cometidos contra la población indígena maya Q’eqchi’, Pocomochi’, Achi’, Ixil y K´iche’ durante los años de 1978 a 1987 en la región de las Verapaces.
