Por Andina Ayala
17 de octubre 2019
A inicios de 2019 el río Trincheras, ubicado en el municipio Los Amates, Izabal, se tiñó de un color rojo óxido. Vecinos lo relacionan con el proyecto minero niquegua montufar II, propiedad de la Compañía Guatemalteca de níquel (CGN-Pronico) subsidiaria de Solway Investment Group. Cuando se solicitó una investigación, el gobierno local envió a una enfermera del Centro de Salud a tomar muestras de agua. Los directivos comunitarios rechazan esos resultados.
A inicios de 2019, el río Trincheras se tiñó de un color rojo óxido, una tonalidad similar se observó hace pocos días en el río El Sauce, en El Estor, Izabal. Otras comunidades como Seminola, La Democracia, Nahúa y Montúfar fueron afectadas. Los habitantes cuentan que hay un canal que drena el agua de lluvia de las canteras y que se rompió, vertiendo tierra roja en el río. Otros dicen haber visto un camión que llevaba residuos y los dejó a orillas del río.
Pobladores, representados en sus autoridades comunitarios, señalaron como responsable a CGN, por la licencia de explotación minera que opera en el área, Niquegua Montúfar II. Pidieron a las autoridades locales que se investigue lo ocurrido porque preservar el afluente y sus ramificaciones, interesa a cientos de familias de más de 20 comunidades que viven alrededor del proyecto minero.
“El río empezó a mancharse desde principios de año, cuando empezaron a excavar el cerro de Campo II”[1]. Entre el 7 y 8 de mayo de 2019 el río apareció con un “coloramiento rojizo”, el hecho motivó a las comunidades a solicitar la presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y así lo hicieron sus representantes, verificaron y se reunieron con las comunidades el 9 de mayo de 2019.
El 8 y 9 de mayo Prensa Comunitaria, The Guardian (Inglaterra), el diario El País (España) y periodistas de Forbidden Stories (Francia) documentaron el fenómeno, porque se encontraban cerca de la zona, trabajando en el Proyecto #GreenBlood, una investigación que intentó establecer las posibles razones del coloramiento rojizo del lago de Izabal, un color parecido al que se observó en el río Trincheras. En esa fecha varias personas, que viven al pie del cerro donde está la mina, se reunieron con representantes de otras comunidades, para discutir sobre el probable orígen de este problema.
Los diálogos se iniciaron el 15 de mayo de 2019 en coordinación de la municipalidad de Los Amates.[2] En la mesa de diálogo participó la auxiliatura de la PDH y representantes comunitarios. En esta mesa se acordó realizar un estudio de agua al río, para darle seguimiento al caso. Los alcaldes auxiliares recuerdan que fue el 21 de mayo, 13 días después del primer avistamiento rojizo del río, cuando llegó Iris Barrientos, una enfermera del Centro de Salud de Los Amates para recoger muestras de agua.
Los directivos comunitarios que acompañaron la recolección del agua dijeron que la enfermera Barrientos tomó las muestras en “tambos de desinfectante líquido y bolsas plásticas”. Al lado de ella, los técnicos de CGN –con uniformes, guantes, recipientes para muestras y hielera- también tomaron sus propias muestras. “Se veía que los frascos eran de vidrio, esterilizados, traían su equipo. Pero de todas formas, esas pruebas se hicieron cuando el río ya no estaba tan cochino”, expresó el alcalde de la aldea Montúfar.
Según los representantes de las comunidades Seminola, La Democracia, Nahúa y Montúfar, el gobierno ha estado jugando con ellos, “al menos en cuatro oportunidades, nos invitaron a mesas de diálogo a las que no se presentan las instituciones”. En la última reunión de la mesa de diálogo, realizada el 30 de agosto de 2019, los directivos pidieron el expediente completo de la licencia Níquegua Montúfar II. En esa ocación, la empresa dijo que tenía la licencia, pero hasta la fecha no han presentado el documento solicitado por los representantes comunitarios, “dijeron que llegaron a nuestras comunidades pero es falso. Al menos a mi comunidad no”, enfatizó el alcalde auxiliar de la micro región XIII.
Niquegua Montúfar II
El proyecto extrae principalmente níquel de las aldeas Campo II y Campo III del municipio Los Amates. Estas son comunidades de escasos recursos, pero no son las únicas que se han visto afectadas por los trabajos. El área de cantera se ubica en lo alto del cerro, entonces, cuando el proceso de extracción se encuentra en marcha la vegetación se cubre con el polvo rojo.
La extracción de minerales en el área se inició en las décadas de 1960 y 1970 por la empresa Exmibal. La empresa extractora de níquel dejó de trabajar durante muchos años y posteriormente se convirtió en la Compañía Guatemalteca de Níquel, S.A. La explotación minera ha estado presente en la historia del departamento de Izabal, la empresa ha tenido varios cambios de representantes jurídicos, algunos de nacionalidad guatemalteca o extranjeros, como el caso de los capitales transnacionales de inversionistas canadienses y en la actualidad en manos de capital ruso-suizo.
La licitación de Montúfar II, se registró bajo la representación legal del ciudadano ruso Dmitry Kudryakov en el año 2011. El monto estimado de su inversión fue de US$266,218,000.00[3]. El níquel es el quinto elemento más abundante y común después del hierro, silicio y magnesio. Uno de los usos finales para el níquel la producción de objetos de acero inoxidable. La producción mundial de este material ha ido en aumento año con año.[4]
Un proceso de aprobación sin consultas comunitarias
Antes de aprobar la licitación del proyecto, el MARN requirió al inversionista el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para ello CGN contrató a la empresa Everlife Sociedad Anónima. En el informe EIA documentó las especies de fauna y flora, la planificación territorial, las etapas de construcción, análisis químicos, mediciones geográficas, etapa de operaciones, etc. Intentó recoger la aprobación sobre el tema de las comunidades con una encuesta de percepción hacia la minería en Los Amates. Un poco más de 900 páginas que en general buscan fundamentar la viabilidad ambiental del proyecto. Aparentemente ni Everlife S.A. ni CGN, tomaron en cuenta que para seguir con la millonaria inversión, el MARN debió hacer la consulta libre, previa e informada, requisito final e indispensable para obtener la licencia de explotación.
El MARN aprobó la licencia de Niquegua Montúfar (SEXT-019-11) en abril de 2013, a espaldas de los vecinos. Curiosamente en la misma fecha se aprobó la licencia El Escobal (SEXT-015-11) de la Minera San Rafael S.A. Esto podría hablar del éxito de Everlife S.A. como consultora ambiental, ya que en su página de internet los mencionan como sus clientes.
Pero el proyecto El Escobal tiene más de dos años suspendido por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), porque el MARN tampoco hizo la consulta comunitaria del caso. Esto sucuedió durante el gobierno del ahora extinto Partido Patriota (PP) cuando Erick Archila Dehesa, ahora prófugo de la justicia guatemalteca por su supuesta vinculación en hechos de corrupción y lavado de dinero durtante el gobierno del PP, dirigió el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Suspensión que no llegó a ser definitiva
En febrero de 2015, con un recurso de oposición contra el MEM, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y Mercantil, otorgó un amparo al Centro de Acción Legal-Ambiental (CALAS), específicamente contra el director general de minería del MEM, Orlando Rafael de Paz Cabrera. Del amparo derivó la suspensión definitiva de la licencia Niquegua Montúfar II, pero el MEM no había hecho uso de un recurso de oposición, “un derecho administrativo que cuando se presentó, hizo que quedara sin efecto la oposición y suspensión que había ganado CALAS”, explicó el abogado Rafael Maldonado. Una vez más el Estado guatemalteco actuó en defensa de los intereses corporativos en contra de las poblaciones cercanas al proyecto minero, quienes han planteado recursos legales por la ausencia de la consulta comunitaria alrededor del funcionamiento del mismo.
Pruebas que no demuestran nada
Las muestras de agua que se tomaron el 21 de mayo en el río Trincheras, no solventaron la incertidumbre en los líderes comunitarios, especialmente porque fue evidente la diferencia sobre cómo lo había hecho la enfermera y cómo lo hicieron los técnicos de CGN. Además, los resultados[5] de agua fueron analizados por el Laboratorio Nacional de Salud (LNS) ubicado en el km.22 ruta a Bárcenas Villanueva, un aproximado de 218 kilómetros de distancia de Los Amates, Izabal.
El LNS también tiene sus antecedentes en el área, cuando algo similar sucedió con el lago de Izabal en 2017, con la mancha roja que nadie quiso explicar, donde opera la licencia Fénix de CGN-Pronico. En este caso el gobierno municipal, los laboratorios, y hasta la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y Río Dulce (AMASURLI) se desentendieron y junto a los ministerios de gobernación, minería y ambiente actuaron como si protegieran a la empresa.[6]
Es bien sabido que el método para el proceso de toma de muestras y análisis, requiere de protocolos rigurosos que permitan asegurar que la información obtenida tiene altos índices de confiabilidad. En relación al transporte de las muestras tomadas en el río Trincheras, no se respetó la “cadena de custodia”, falencia que es evidente al revisar las copias de los informes que poseen los líderes, donde este importante aspecto no está documentado. En este incidente el proceso despierta dudas: ¿Cómo se garantiza que las muestras provienen del río Trincheras?, ¿Por qué las empresas consultoras expertas dejaron que se obviaran pasos tan importantes para garantizar la transparencia y calidad de los resultados obtenidos?, ¿Las autoridades del Ministerio de Salud soslayaron un procedimiento de toma de muestras por parte de empleados del LSN de manera antitécnica?, entre otras tantas que surgen derivado de las actuaciones durante este vital proceso.
La sensación de desconfianza de las autoridades comunitarias no es vana y esta se incrementa, cuando piden explicaciones o respuestas, nunca llegan. En Los Amates la mesa de diálogo seguirá suspendida. Se había programado una reunión para el 27 de septiembre que nunca se concretó debido a la imposición del estado de sitio, ni se reprogramará mientras los congresistas extiendan estados de excepción.
Mientras lo días transcurren, la incógnita sobre el coloramiento rojo y la contaminación del río Trincheras, se van convirtiendo en motivo de organización para la defensa del bosque y las fuentes de agua.
[1] Fueron las palabras de una vecina de la región XIV de Los Amates Izabal, que pidió ocultar su identidad.
[2] https://www.pdh.org.gt/participan-en-mesa-de-dialogo-por-contaminacion-de-rio/
[3] Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Compañía Guatemalteca de Níquel, realizado por Everlife S.A. aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
[4] Según datos del Informe Panorama Minero 2018. Instituto Geológico y Minero de España (IGME) http://www.igme.es/PanoramaMinero/PANORAMA_MINERO_2017(BU18)Baja.pdf
[5] Sobre los resultados me referiré en la segunda parte de este artículo.
[6] Así lo expresaron varias veces los integrantes de la gremial de pescadores en El Estor.
