Por Joel Pérez y Nelton Rivera
19 de octubre 2019
Las autoridades comunitarias en Pueblo Nuevo, Ixcán, para evitar los problemas que genera el consumo y venta de bebidas alcohólicas, decidieron emitir un reglamento para prohibirlo. Desde su aprobación, en abril de 2018, ninguna persona puede vender alcohol para consumo y tampoco se puede ingerir en la comunidad. Las mujeres son las más afectadas, el alcoholismo implica violencia intrafamiliar incluido el femicidio.
Las autoridades comunitarias y los cooperativistas decidieron construir una talanquera en el ingreso de Pueblo Nuevo. Con esta medida buscan evitar el paso de bebidas alcohólicas, trata de personas y trasiego de drogas en esta región. La medida fue rechazada por un grupo de personas que se declaró en oposición a las medidas del reglamento comunitario. El pasado 7 de octubre por la noche –los opositores- intentaron destruir la talanquera, esto fue impedido por los cooperativistas y las autoridades comunitarias, generando un choque y varios opositores fueron detenidos por las autoridades y entregados a la PNC .[1]
El grupo de opositores son vecinos en Pueblo Nuevo quienes se dedican, como actividad comercial, a la venta de bebidas alcohólicas, se ven afectados por la prohibición y la construcción de la talanquera, pero su rechazo ha llevado a generar un problema serio entre la comunidad y estos comerciantes. El problema ha ido subiendo de tono, a tal punto, que la comunidad decidió expulsar a 90 personas de la comunidad el lunes 7 de octubre, por oponerse a la eliminación de las bebidas alcohólicas en este lugar.
Santiago Botón, periodista comunitario y corresponsal de Telesur, informó que en la reunión convocada por Bernardo Antonio Villela Xoy, delegado de la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) el día 16 de octubre, asistieron una cantidad importante de representantes de instituciones del Estado ubicadas en Ixcán, para abordar “la crisis de gobernabilidad y gobernanza en esta comunidad”.
En esta reunión, Guillermo Estuardo Quiroa García, coronel de infantería y en representación de la Sexta Brigada de Infantería del ejército en Ixcán, se atrevió a plantear un estado de sitio para ingresar a la comunidad de Pueblo Nuevo y convocar a las autoridades comunitarias y al grupo de personas expulsadas para que se sienten en una mesa de diálogo, esta propuesta no fue aceptada y luego planteó un plazo de 72 horas para convocar a un diálogo, de no asistir, dijo, “se establecería el orden mediante un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos del ejército”, citó Santiago Botón en su reportaje.
La mesa de diálogo y la amenaza de las autoridades estatales
Las autoridades comunitarias de Pueblo Nuevo y el grupo de personas expulsadas –vendedores de bebidas alcohólicas- rechazaron sentarse en una mesa de dialogo, ante esta postura, las autoridades municipales y estatales en Ixcán amenazaron con el uso de la fuerza pública para entrar a la comunidad.
Tras una reunión realizada la tarde del miércoles 16 de octubre, en la que participaron diferentes entidades de justicia y de derechos humanos, así como autoridades municipales de Ixcán Quiché, acordaron emitir la “orden para que en 72 horas exista una mesa de diálogo”, y esperan que las autoridades comunitarias de Pueblo Nuevo y el grupo inconforme de esa misma aldea, accedan a diálogar para encontrar una solución pacífica a la problemática originada por la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas.
Según Bernardo Villela, delegado de la CPD, es urgente buscarle una solución a la problemática debido a que por parte de ambos grupos se han violentado los derechos humanos, afectando a la población.
Durante la reunión, las diferentes instituciones del municipio coincidieron en que no han podido entablar una mesa de diálogo con ambas partes, debido a que los pobladores no han accedido a este llamado. Frente a la incapacidad de las autoridades de convocar a un diálogo, amenazaron a los vecinos de Pueblo Nuevo que “de no acatar la orden emitida en esta reunión se tomarán acciones mediante las fuerzas del orden público para poder ingresar a dicha comunidad”.
Según el alcalde municipal, Raúl Gutiérrez, en este caso se han visto afectadas 90 personas aproximadamente entre hombres mujeres y menores de edad, quienes fueron expulsados de Pueblo Nuevo por dedicarse, los adultos, a la venta de bebidas alcohólicas y se encuentran refugiados en distintos lugares, por lo que es urgente buscarle solución al caso.
Respecto al reglamento de la comunidad, este debe de ser analizado por las autoridades judiciales, ya que según María Albertina Pop, delegada de la Defensa Pública Penal del Organismo Judicial (OJ), existen artículos que se contradicen totalmente con la Constitución Política de la República.
“En
este sentido, Abraham Pablo Vázquez, una de las autoridad comunitaria, relató
que las referidas personas son las que han comandado todos los desórdenes en la
comunidad y “se oponen a la construcción de la talanquera porque quieren
libertad para el negocio de las bebidas alcohólicas, libertad para el tráfico
de drogas”, según informó el periodista, Santiago Botón.
[1] Santiago Boton. Militares pretendían solicitar estado de sitio para intervenir en un asunto interno de una comunidad de ixcán, quiché. 17 de octubre 2019.
Autoría y edición
Periodista comunitario y camarógrafo
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Joel Perezhttps://www.prensacomunitaria.org/author/joel/
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