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Por Andina Ayala y David Toro

Pobladores y organizaciones de derechos humanos reportan presencia militar y limitaciones para ejercer sus actividades cotidianas debido al estado de sitio que se encuentra vigente de forma provisional hasta que el Congreso decida ratificarlo o rechazarlo.

El 5 de septiembre el gobierno de Jimmy Morales publicó en el Diario de Centro América (DCA) el decreto 01-2019 con el que cobró vigencia el estado de sitio en 22 municipios de seis departamentos, como respuesta a la confusa muerte de tres soldados en Semuy II, El Estor, Izabal, la tarde del tres de septiembre.

Antes de su publicación en el DCA, el gobierno publicó en su cuenta de Twitter una versión del acuerdo donde no se mencionaba al municipio de San Luis Petén y en la versión impresa si estaba incluido. Para el abogado Ramón Cadena esto es muestra de irresponsabilidad por parte del gobierno.

Según el diputado Enrique Álvarez el estado de sitio está vigente, pero de manera provisional, ya que el Congreso aún no lo ha ratificado y el presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar convocó a sesión extraordinaria el sábado siete a las 11:00 a.m., para conocer el acuerdo en tercera lectura. Para ser ratificado necesita del voto de 85 diputados.

Organizaciones y pobladores ven limitadas sus actividades y derechos

 En Purulhá, pobladores han informado que existe un notable incremento del número de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). En el mercado de este municipio, los vendedores acostumbran a extender su actividad comercial hasta las 11:00 p.m., sin embargo, la PNC les exigió que se retiraran a sus casas a las 6:00 PM. Una comerciante se opuso a la exigencia de las autoridades y les permitieron cerrar a las 9:00 PM.

En la región donde se declaró estado de sitio, la cual abarca una extensión de 17 mil kilómetros, organizaciones de derechos humanos como como la Fundación Guillermo Toriello, la Unión de Mujeres de Guatemala (Unamg) y el Comité de Unidad Campesina (Cuc) realizan trabajo en distintas comunidades. Durante la conferencia de prensa del cuatro de septiembre el presidente Jimmy Morales les llamó “pseudo defensores”. Estas organizaciones manifiestan que debido al estado de sitio se han visto obligados a paralizar sus actividades, y restituirlas hasta que existan garantías Constitucionales.

Uno de los trabajadores de estas organizaciones situadas en comunidades del Valle Del Polochic, que pidió omitir su nombre, declaró su preocupación porque las comunidades podrían ser atacadas y desalojadas ya que el estado de sitio limita derechos fundamentales.  “La oligarquía y los finqueros tienen la intención de ejecutar acciones para despojar a las personas de sus tierras con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado”, agregó.

La situación de las mujeres del área es preocupante. Ada Valenzuela, directora de Unamg, declaró que tuvieron que tomar acciones para proteger al equipo, y agregó “estamos preocupadas por las mujeres de Sepur Zarco quienes tendrán que volver a ver a los militares en las calles. Nos sentimos inmovilizadas porque las restricciones limitan la libre locomoción, esto impide el acompañamiento. Tememos por las compañeras”.

Mientras tanto en El Estor, vecinos documentaron el paso de camiones militares y Jeeps J-8 que se dirigían a la comunidad de Pataxte en El Estor, la cual limita con el municipio de Panzós, Alta Verapaz. El ministro de defensa Enrique Degenhart, citado por el medio Prensa Libre declaró que se reuniría el 5 de septiembre con agencias de inteligencia federal de Estados Unidos para pedirles apoyo para el estado de sitio y dijo “todas las agencias de inteligencia federales de Estados Unidos van a tener conocimiento de nuestros planes”. También hay retenes militares en varios puntos.

Al final de este día, organizaciones sociales han reaccionado ante el estado de sitio, convocado a una manifestación mañana desde las 10:00 horas frente al Congreso, al mismo tiempo que los diputados estarán discutiendo la tercera lectura para poder ratificar esta disposición del gobierno de Jimmy Morales.

Autoría y edición

Antropóloga y corresponsal de Prensa Comunitaria, forma parte del equipo de investigación del proyecto Green Blood.

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