Créditos: CCDA.
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16 de septiembre 2019

El 12 de septiembre, segundo día de recepción de tachas y quejas  contra aspirantes a ser magistradas y magistrados para las Cortes de Apelaciones que se reúnen en la Universidad Mesoamericana en la ciudad de Guatemala, se presentaron tachas contra dos candidatos, la primera contra el excoordinador general del Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia, Huehuetenango, Pascual Tiu Zapeta y la segunda, contra el juez Ricardo Isaías Caal Caal.

Foto: CCDA

Pascual Tiu Zapeta, inventó procesos penales contra autoridades ancestrales y comunitarias

La queja contra Tiu Zapeta la presentó Rigoberto Juárez Mateo, autoridad ancestral y coordinador del Gobierno Plurinacional Q’anjob’al, Chuj y Akateko del norte de Huehuetenango junto a José Luis Ramírez, autoridad del pueblo maya K’iche’ de Olintepeque, Quetzaltenango. Entre los argumentos presentados en la tacha está la criminalización en Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas del 2013 al 2016 por la defensa de los bienes naturales y que uno de los beneficios fue la Hidroeléctrica Santa Cruz.

Foto: CCDA

En el memorial presentado a la Comisión de Postulación indica “Aprovechándose de su cargo, como coordinador del CAJ inició procesos penales contra autoridades ancestrales y líderes sociales de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Santa Cruz Barillas, lo que llevó al injusto encarcelamiento de personas (Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Maynor López, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Ermitaño López) por casi dos años y algunos incluso de tres años durante los años de 2013, 2014, 2015, 2016”.

Los casos en el que se señala a Pascual Tiu Zapeta llevados a juicio el 5 de junio al 22 de julio de 2016.

  1. Caso Poza Verde, Barillas, 2013. Fueron detenidos Maynor López, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, en este proceso todos fueron declarados inocentes.
  2. Caso CAJ, Santa Eulalia, 2014. Fueron detenidos Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Ermitaño López. En este caso sólo fue condenado Ermitaño López de dos años de prisión, el mismo Tribunal suspendió la pena. En el mismo expediente fue ligado a proceso e investigado Rigoberto Juárez después se cerró el caso en su contra.
  3. Caso CAJ, 2015. Fueron detenidos Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Pedro Robel Toledo y Domingo Cristóbal. En los casos de Pedro Toledo y Domingo Cristóbal se cerró el caso en el caso en la etapa intermedia mientras Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez. En este caso fue condenado a seis meses de prisión a Rigoberto Juárez, condena que aún no está firmé.

En el memorial contra Tiu Zapeta indica que a los primeros días de haberse iniciado el juicio, renunció en su calidad de querellante y como principal agravado.

Ricardo Isaías Caal Caal, el juez que usa la justicia para criminalizar campesinos y despojarlos de sus tierras y otros derechos

El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) presentó una tacha contra el juez Ricardo Isaías Caal Caal, juez de Primera Instancia de Cobán, Alta Verapaz.

En el memorial presentado a la Comisión de Postulación indica que el juez ha usado la justicia a beneficio propio y de intereses privados. “El juez ha autorizado de manera  indiscriminado órdenes de captura por los delitos de usurpación y usurpación agravada donde hay más de 100 órdenes de captura, incluyendo mujeres indígenas con poco sustento probatorio”.

Se informó a la Comisión de Postulación los vínculos del juez con cooperativas como el caso de MICOOPE en el giró 16 órdenes de captura contra comunitarios de la comunidad Choctun Basila por conflictos agrarios. Sobre este caso en el memorial se puntualizó “y lo más grave es que las órdenes de capturas colectivas son para beneficio a personas jurídicas (organizaciones o empresas) con quienes tiene vínculos e intereses”.

También se le atribuye al juez el uso excesivo de la prisión preventiva y resoluciones violatorias a los derechos humanos. “Este juez, forma parte de un grupo operadores de justicia, que en los últimos años han ordenado más de 700 órdenes de captura contra la población indígena”.

Según el CCDA, “estas acciones son mecanismos encubiertos de desalojos, desplazamientos forzados, en complicidad con finqueros en el departamento de Alta Verapaz que están conduciendo el despojo ilegal de las tierras colectivas de pueblos indígenas”, argumentaron para la tacha.

Ahora queda que la comisión conozca las tachas para determinar que los dos candidatos no son idóneos para los cargos de magistrados a consideración de quienes presentaron las quejas.

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