Por la represión organizaciones campesinas anuncian Plataforma para la Defensa de la Tierra y el Territorio

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Créditos: organizaciones campesinas

Por Rony Morales

5 de septiembre 2019

Con el estado de Sitio la cotidianidad de muchos pobladores en el norte del país cambiará. La restricción de garantías constitucionales no asegura los derechos para construir un mundo justo y equitativo desde la salud, la educación, la participación y  la paz.

Durante una conferencia de prensa miembros de organizaciones campesinas presentaron la Plataforma para la Defensa de la Tierra y el Territorio. En la cita manifestaron su desacuerdo con el estado de Sitio propuesto por el gobierno de Jimmy Morales en 22 municipios del norte y oriente del país.

Las organizaciones que conforman la Plataforma para la Defensa de la Tierra son: el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), la Central Campesina Chortí “Nuevo Día”, Organización de Mujeres Guatemaltecas Mamá Maquin, y la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), todos miembro a nivel internacional de la Coalición Internacional para el Acceso a Tierra (ILC).

Foto: Rony Morales

Lo dirigentes campesinos dieron a conocer que, durante los 30 días que durará el estado de Sitio, las comunidades, líderes y lideresas que tienen órdenes de captura podrían ser llevadas ante tribunales.

Con la decisión presidencial se busca asegurar el control territorial donde las comunidades se oponen al desarrollo capitalista a través de empresas transnacionales extractivistas.

Omar Jerónimo de la organización “Nuevo Día” informó que en 2018 se registraron 292 casos de agresión y 26 asesinatos de defensores/as de derechos humanos. Según los datos proporcionados por Jerónimo las agresiones o detenciones de quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas y de los campesinos podría aumentar en un solo mes a partir de que el Congreso apruebe el estado de Sitio en la región.

El líder Carlos Morales de la UVOC declaró que le preocupa la criminalización y persecución del movimiento social, y que a partir de que entre en vigor el acuerdo gubernativo 01-2019, la persecución en contra de líderes tendrá carácter legal. Para el dirigente campesino esta medida busca imponer los intereses de empresas extractivas de capital transnacional. Paralelo a ello, agregó, que la explotación industrial de los recursos naturales conlleva al incremento de la criminalización de la protesta social. “Mientras la justicia no llega, el Estado y el gobierno no implementan acciones para acabar con la injusticia, el hambre, el respeto a la madre naturaleza y los derechos humanos”, mencionó Carlos Morales.

Por su parte, el diputado Leocadio Juracan, se refirió al temor de los desalojos y despojos por conflictos agrarios. En su opinión el problema del distribución y acceso a la tierra en la región, que ha constituido una de las principales problemáticas históricas, estructurales, han sido altamente conflictivos. “Este problema confronta a sectores económicos y clases sociales, afectando de manera directa a las familias campesinas”, agregó.

Al cierre de la conferencia informaron que desde agosto de 2018 el movimiento campesino inició un frente campesino de resistencia y junto a la Coalición Internacional para el Acceso a Tierra, han llevado adelante una misión internacional a las zonas del norte y oriente de Guatemala donde pudieron constatar la vulnerabilidad de los defensores de la tierra y el medio ambiente.

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