Por: Andina Ayala
El 24 de septiembre, el Comité de Unidad Campesina (CUC), Waqib´ Kej y la Asamblea Social y Popular (ASP) convocaron a medios de comunicación para dar a conocer las conclusiones y valoraciones del estado de sitio en la región que realizó la Misión Internacional de Observación que visitó el departamento de Alta Verapaz el 19 y 20 de septiembre de 2019.
Expertos en derechos humanos
La Misión Internacional de Observación estuvo integrada por el consultor ecuatoriano Milton Morán, directivo de FoodFirst Information Action Network (FIAN), María Josefa Macz, subcoordinadora y traductora q´eqchi´del Comité de Unidad Campesina (CUC), y Asier Martínez docente de la universidad de Deusto, en el País Vasco. La organización FoodFirst Information Action Network, fundada en 1986, es la primera organización internacional de derechos humanos que lucha por el derecho a una alimentación adecuada y cuenta con status consultivo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Según Josefa Macz, la misión de observación se organizó mucho antes de la declaración de estado de sitio en la región. “Se había previsto visitar el territorio de El Estor y también Panzós, con quienes trabaja el Comité de Unidad Campesina. Tuvimos que cambiar los planes y reunirnos en Cobán, cabecera de Alta Verapaz, al lugar llegaron representantes de 60 comunidades de los municipios de Cahabón, Panzós, El Estor, Livingston, Tactic y Tucurú”.
Hallazgos de la misión internacional de observación
Desde la perspectiva de un Estado de Derecho un estado de sitio no parece la medida más adecuada, mucho menos en comunidades tan perseguidas.
Asier Martínez.
La verificación de la misión se realizó a partir de dos cuestionamientos: “¿En qué medida una población de extrema vulnerabilidad agrava su situación como consecuencia del estado de sitio? y ¿Cómo el estado de sitio confirma la situación de vulnerabilidad y de despojo territorial?”.
La visión del trabajo realizado por la misión se fundamenta en “numerosos textos sobre derechos humanos y las declaraciones de las instituciones en el tema, no solo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Asier Martínez comentó que tomaron en cuenta las conclusiones que dio Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Pueblos Indígenas en mayo de 2018, quien había advertido sobre los incumplimientos en la zona, y los desalojos masivos sin adecuación a derecho.
Organismos internacionales están conscientes que en el Valle del Polochic, se han registrado desalojos con utilización excesiva de la fuerza pública. Es una región muy golpeada de la que persiste el problema del racismo estructural. Martínez dijo: “El comité para la eliminación de la discriminación racial puso énfasis sobre Guatemala y especialmente sobre la zona porque es peligrosa, la tendencia de utilización de patrones de discriminación racial con la población especialmente con mujeres y niños”.
Otro elemento importante que indicó la relatora Tauli-Corpuz el año pasado es que se visibilizó un retroceso importante en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Se incumplían los acuerdos firmados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la declaración de los derechos de los pueblos indígenas.
“Es una región que no puede resistir a un estado de sitio que limita derechos constitucionales que ya estaban suficientemente restringidos. Además de que el estado de sitio agrava la situación, no hay adecuación entre la realidad y las medidas jurídicas que tomó el Estado de Guatemala”, Agregó Martínez.
Comunidades acechadas por las empresas de la región
“El territorio Q´eqchi´, Poqomchi´ y Achi´, es un territorio disputado y codiciado por terratenientes y por las grandes empresas transnacionales, entre ellas la extracción minera, las hidroeléctricas, los de monocultivos de palma africana y banano. Las comunidades existimos desde hace cientos de años. Sin embargo, por esos intereses empresariales hemos sido despojados y desalojados del territorio”, expresó Josefa Macz.
Según las organizaciones presentes el Estado de Guatemala, no ha tenido la voluntad política de resolver los problemas en esa región. Por el contrario, los ha criminalizado, ellos ven la declaración de estado de sitio, como una reiteración de su oposición hacia ellos y su favoritismo por las empresas.
“En el lugar donde se impuso el estado de sitio, existen grandes conflictos agrarios históricos que habría que revisar para comprender de manera amplía el significado de la militarización y el control en la región. Dos momentos recientes que rememoran el terror vivido en las comunidades son la masacre de Panzós de 1978 y los desalojos en el valle del Polochic en 2011”, mencionó Daniel Pascual, dirigente del CUC.
Economía de subsistencia vs restricciones del estado de sitio
Líderes comunitarios han manifestado en repetidas ocasiones que la mayoría de personas sigue sin comprender los motivos, pero sobre todo, las prohibiciones del estado de sitio. La disposición irrumpe con las formas de subsistencia de las comunidades. La agricultura es una labor que se desenvuelve en un sentido práctico de asociación, interacción y dialogo con los otros. La opacidad respecto de lo que se puede o no hacer en un estado de sitio ha generado un ambiente de terror. “Las comunidades viven atemorizadas por rumores y por la sensación de estar regresando a la guerra”, explicó Macz.
Con la experiencia de miembros como Milton Moran, consultor para las Organización de Naciones Unidas en temas de nutrición, la misión internacional identificó que se está violando el derecho de alimentación, un tema que hasta ahora había pasado desapercibido pero que tiene relación precisamente con vedar el derecho de reunión y de movilización. “Los comunitarios necesitan movilizarse al campo, a trabajar sus cosechas”, relató María Josefa Macz.
Piden el cese del estado de sitio
Expertos hablaron de la temporalidad del estado de sitio como otro elemento a subrayar, ya que según ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas sobre Protección de Derechos Humanos han sido muy claros, “los estados de emergencia deben ser agotados en el tiempo”.
El Estado guatemalteco debió justificar la declaración del estado de sitio y notificar cuáles habían sido las medidas adoptadas, ninguno de esos elementos han sido informados a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En este sentido hay una completa concordancia entre la misión de especialistas y las organizaciones sociales quienes exigen al gobierno revoque la declaración del estado de sitio. Daniel Pascual, acota en el hecho de que el Estado de Guatemala se extralimitó con la declaración de estado de sitio ya que debió informar a la Organización de Naciones Unidas. Y finaliza la conferencia de prensa con esta reflexión: “hoy cumplimos 20 días del estado de sitio y preguntémonos, qué cabecillas de narcos han caído. Qué estructura de narcotráfico tiene el ejército bajo control. ¡No hay nada! Y por ende estamos pidiendo que se levante de inmediato el estado de sitio. Esto no tiene ningún sentido”.
