Créditos: miitares semuy
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Por Redacción Prensa Comunitaria

10 de septiembre 2019

El ejercicio del periodismo se ha visto restringido en el contexto del estado de sitio impuesto por el Gobierno de la República de Guatemala en 22 municipios de los departamentos de Izabal, El Progreso, Petén, Zacapa, Alta y Baja Verapaz.

Los periodistas Baudilio Choc Mac y Rony Morales Tot fueron intimidados por soldados y oficiales del ejército de Guatemala el día 7 septiembre en la localidad de Semuy II, mientras realizaban su labor de documentación para elaborar contenido periodístico y de investigación de acuerdo con lo contemplado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

La presencia y el acompañamiento de la agencia de noticias en la región no es nueva. Desde hace más de seis años, se ha registrado, documentado y cubierto las dinámicas de movilización de la región, así como investigaciones sobre los impactos sociales alrededor de los megaproyectos que han sido impulsados en la región por empresarios con la aquiescencia del Estado guatemalteco.

Algunas de estas actividades económicas han suscitado inconformidades en las comunidades por el impacto ambiental reflejado en la calidad de vida de los comunitarios.  El más reciente de los proyectos periodísticos en la región fue Green Blood, Forbidden Stories, un proyecto que relata los impactos ecológicos de la actividad minera de la empresa de níquel propiedad de la transnacional Solway, empresa de capital ruso. El proyecto tuvo una importante recepción en el ámbito internacional.

Así mismo, el medio ha documentado otros megaproyectos en la región vinculados a la siembra de cultivos extensivos de palma africana y la expoliación de los recursos naturales en función de intereses empresariales en menoscabo de las poblaciones locales.

El estado de sitio fue resultado de la incursión de un grupo de militares a inmediaciones de la comunidad de Semuy II, en la cual tres miembros del ejército perdieron la vida. Llegaron a la comunidad sin informar a las autoridades comunitarias, como se suele hacer para coordinar cualquier tipo de actividad.  El hecho, confuso por el tratamiento de la versión oficial, misma que fue modificada dos veces, que atribuye la responsabilidad a los comunitarios, que según la información del gobierno rodearon al contingente militar, los desarmaron y tres soldados perdieron la vida. 

En el incidente dos comunitarios fueron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial en la Tinta, Alta Verapaz, donde aún convalecen por las heridas de proyectil de arma de fuego provocadas aparentemente por los militares, además de las mujeres y niños de la comunidad que presenciaron el hecho.

Alrededor de los sucesos que provocaron la muerte de tres soldados, el día 3 de septiembre de 2019, aún existen versiones encontradas. Por su parte, el ejército señaló que sus efectivos se encontraban en el lugar para confirmar la existencia de 15 pistas de aterrizaje, ubicados según su información en la aldea Semuy II, cuando el contingente fue interceptado por al menos 200 personas, quienes les rodearon y desarmaron para luego dar muerte a tres de los elementos. 

Por su parte, los comunitarios han expresado que ese día estaba previsto una jornada de vacunación, por lo que en el centro se encontraban mayoritariamente mujeres y niños, mientras los hombres trabajaban la tierra. Las autoridades comunitarias no tenían información de otro tipo de actividad que fuera coordinada por ellas, por lo que no se encontraban presentes. Durante el operativo, la gente les increpó sobre la razón de la presencia de militares, al ver a pobladores inquiriendo información, dispararon al aire en frente de los niños y niñas, otros disparaban hacia el suelo hiriendo a una mujer en la pierna, también le dieron a un anciano. En la comunidad pudimos constatar que no hay ninguna pista de aterrizaje.

Como respuesta, el Gobierno de Jimmy Morales en consejo de ministros decidió enviar al Congreso de la República el requerimiento de estado de sitio para restringir las garantías constitucionales de 22 municipios en los departamentos de Izabal, El Progreso, Petén, Zacapa, Baja y Alta Verapaz. El argumento de la presidencia fue de extender el estado de sitio más allá de la pequeña localidad de Semuy II, supuestamente por la presencia de estructuras del narcotráfico en dichas localidades.

Para poder investigar periodísticamente los sucesos alrededor de la muerte de comunitarios y militares en los sucesos del 3 de septiembre, se delegó a los periodistas Baudilio Choc Mac y Rony Morales para iniciar el proceso de documentación y entrevista a comunitarios para reconstruir los hechos del 3 de septiembre y presentar una versión de los pobladores y así brindar elementos que contrasten con las diferentes versiones presentadas por el Ministerio de la Defensa Nacional. Gobernación, Presidencia y, que ha prevalecido en los medios de comunicación social. Esta interpretación en opinión de algunos líderes locales está distorsionada y criminaliza a los comunitarios tildándoles de “guerrilleros” y a organizaciones sociales como “narco-defensores de los derechos humanos”.

Las intimidaciones a Baudilio Choc Mac y Rony Morales ocurrieron eldía sábado 7 de septiembre, cuando después de identificarse y presentarse ante los oficiales encargados del área como periodistas, mostrando sus acreditaciones y explicando los motivos de su presencia en el lugar, procedieron a intentar realizar su labor periodística para recabar información.  La primera entrevista sería al presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE) Domingo Mucub Seb, quien accedió a conversar con los periodistas en su lugar de domicilio.

Los militares, al percatarse del inicio del trabajo investigativo procedieron a acercarse al lugar donde se desarrollaba la entrevista y con actitud intimidatoria intentaron impedir que se entrevistara al señor Mucub. El argumento del oficial a cargo del contingente militar en la localidad fue que se estaba faltando al respeto a la autoridad militar y que los periodistas no debían faltar al respeto a los oficiales.  

Los periodistas informaron al responsable militar que no se estaba faltando al respeto a ninguna autoridad, sino por el contrario se estaba procediendo en el marco del ejercicio periodístico y de manera pacífica a realizar la labor de documentación.  El encargado del operativo militar y otros efectivos del ejército tenían rodeado el domicilio del presidente del COCODE y continuaron en actitud intimidatoria hacia los periodistas y el entrevistado.  La finalidad de los militares era intentar impedir la entrevista amedrentando con su presencia a los comunicadores sociales y al señor Mucub.

El oficial a cargo no logró su objetivo de apartar a los periodistas, por lo que mantuvieron presencia en el lugar a corta distancia durante toda la entrevista, situación que mantuvo intimidado al señor Mucub y a los periodistas, a pesar de que la entrevista fue en el idioma q´eqchí.  

A raíz de estos sucesos y de la imposibilidad de realizar otras entrevistas a comunitarios, los periodistas procedieron a retirarse de la localidad, entendiendo que la actitud podía escalar y se ponía en peligro a las personas que se pretendía consultar.

Ese mismo día 7 de septiembre en horas de la mañana Agustín Chub Chub, hipotéticamente se habría quitado la vida en su domicilio.  El señor Chub Chub fue señalado en redes sociales como uno de los responsables de la muerte de los 3 militares. Los periodistas intentaron cubrir este acontecimiento, pero también se vieron imposibilitados por la actitud agresiva de los militares. Al lugar no se hicieron presentes autoridades del Ministerio Público (MP), ni del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), por lo que la presencia de los comunicadores se tornó insostenible.

La agencia de noticias Prensa Comunitaria denuncia públicamente estos hechos intimidatorios, en tanto los medios de comunicación en general tienen acceso irrestricto a las localidades ya que el estado de sitio no limita el ejercicio del periodismo.  Así mismo, la medida impuesta por el Gobierno de Jimmy Morales no puede atentar contra los derechos humanos básicos de la población de las localidades afectas por la presencia de militares, quienes deben conducirse en el marco del respeto de las garantías constitucionales y que no están afectas al estado de sitio.

La agencia de noticias Prensa Comunitaria Km 169 manifiesta su rechazo ante las agresiones e intimidaciones sufridas por los periodistas y exige al ministro de la Defensa Nacional, general Luis Miguel Ralda Moreno, conminar al personal tanto de oficiales como de tropa, conducirse en el marco del estricto respeto a los derechos humanos de periodistas y de la población civil que está sufriendo la ocupación militar.

Prensa Comunitaria reitera que continuará realizando su labor investigativa y de periodismo en el marco del ejercicio a la #LibertadDeExpresión, para colocar ante los ojos de la opinión pública los sucesos en las comunidades rurales de nuestro país.

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