Por Nelton Rivera
Los diputados y diputadas ligadas al pacto de corrupción en el Congreso de la República ratificaron con 88 votos el acuerdo gubernativo 01–2019 que impone estado de sitio, firmado por Jimmy Morales en consejo de ministros el día 5 de septiembre a las 3 de la tarde. Solamente 9 diputados rechazaron ratificar esta medida que muchos sectores democráticos consideran inconstitucional, caduca y represiva. Por otro lado 61 diputados estuvieron ausentes de la sesión legislativa realizada en el Congreso el día 7 de septiembre, a pocas horas de vencer el plazo de 72 horas con las que contaba el ejecutivo para que el estado de sitio fuera ratificado. Esto es un duro golpe para las comunidades indígenas y mestizas de los 22 municipios en 6 departamentos afectados y es una vuelta a los años más duros de la guerra.
Durante tres días Álvaro Arzú Escobar, actual presidente del Congreso intentó que el pleno de diputados ratificara el estado de sitio, el primer intento fallido fue hacerlo de urgencia nacional, en esa ocasión el 5 de septiembre no logró ni siquiera conseguir el quorum en el legislativo.
El paso siguiente, fue ratificar el estado de sitio por la vía ordinaria, la primera y segunda lecturas fueron el 5 y 6 de septiembre. Finalmente bajo un cordón de seguridad desproporcionado el Congreso ratificó tres días después el estado de sitio. El acuerdo no quedo como Jimmy Morales pretendía, este fue modificado durante la tercera lectura a través de una enmienda, agregando el artículo quinto que establece y regula las contrataciones del Estado colocándoles un candado, todo debe pasar por el control del Congreso.
Los diputados fueron citados a las 11 de la mañana, desde temprano el Ministerio de Gobernación montó tres anillos de seguridad para reguardar las instalaciones del Congreso de la República, calles y avenidas cerradas con bardas de metal y un fuerte contingente policial cercaron al edificio con los parlamentario del resto de la ciudadanía.
Finalmente personajes como Arzú Escobar y Estuardo Galdámez, dos diputados comprometidos con la impunidad logran los votos mínimos para aprobar el estado de sitio. El primero heredero de una línea de pensamiento anticomunista enraizada en el Movimiento de Liberación Nacional MLN de la cuál su padre fue militante y el segundo un ex kaibil de la promoción 108 junto a Byron Lima Oliva, Galdámez actualmente tiene un proceso de antejuicio promovido por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Cicig.
El rechazo a la militarizaciónAfuera, un grupo de personas manifestaron su rechazo e indignación por la imposición del estado de sitio en 22 municipios de 6 departamentos del país: Zacapa, El Progreso, Izabal, Petén, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Al paso de algunos de los diputados fueron recibidos con gritos de indignación, uno de estos fue el grito de “asesino” en el momento que Estuardo Galdámez ingresó al parqueo del Congreso sobre la 8ª avenida.
Una marcha recorrió parte del Centro Histórico, salió desde la Casa Presidencial rumbo al Congreso, pero la Policía Nacional Civil les limitó el derecho de manifestación y libertad de expresión al impedirles el paso hacia el Congreso.
Mientras tanto en Alta y Baja Verapaz e Izabal desde días antes los territorios fueron ocupados por el ejército, también fueron desplegados más policías. En la comunidad Semuy II en El Estor Izabal, se instalaron entre la plantación de palma africana unos 300 militares rodeando la comunidad, incluso los Jeeps J8 blindados, prestados por los Estados Unidos para la protección de las fronteras forman parte del operativo de ocupación militar.
