Por Nelton Rivera
El gobierno decretó, sin ningún argumento, un nuevo Estado de Sitio. A 4 meses de que termine el desgobierno de Jimmy Morales, un confuso incidente armado en una comunidad de El Estor, Izabal, que presuntamente provocado por una patrulla de la marina del ejército el 3 de septiembre, con el saldo de varios vecinos heridos y tres militares muertos, abrió las puertas de una nueva escalada de criminalización y represión de Estado.
Esto ocurre a un día de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) terminó su mandato en el país. Mientras los sectores económicos declarados abiertamente en contra del comisionado Iván Velásquez y la Comisión celebraban el final del mandato de esta en Guatemala, Jimmy Morales en la conferencia de prensa en donde anunció la restricción de garantías lanzó ataques contra la prensa, las organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos, criminalizando al pueblo q’eqchi para justificar una de las medidas más desproporcionadas de su gobierno, con el falso discurso de combatir al narcotráfico.
De nuevo el Estado hace uso del recurso del terror y el uso excesivo de la fuerza a través de militarizar 22 municipios del país en función de recuperar el control absoluto de los territorios, los bienes naturales y la vida de las personas, su instrumento es el Estado de Sitio. El recurso del miedo como lo plantea Carlos Figueroa Ibarra lo hace a través de acciones represivas asumidas o no, con fines políticos, debidamente planificados que responden a la protección del status quo, modelo político, económico e ideológico. Haciéndose valer de las fuerzas de seguridad del estado; ejército o policía, o fuerzas paraestatales para controlar, desarticular, castigar o eliminar todas aquellas acciones que considere contrarias a sus intereses o los intereses de los grupos de poder.
El escenario de confusión y el argumento de la lucha antidrogas
Una patrulla del ejército de Guatemala con sede en la base naval en El Estor incursionó en la comunidad q’eqchi de Semuy II. Según los testigos, vecinos de la comunidad, el oficial al mando, al verse ofuscado por el cuestionamiento de las mujeres, niños y ancianos sobre el porqué de su presencia en la comunidad decidió utilizar su fusil de asalto, abrió fuego y dos personas de la comunidad resultaron gravemente heridas[1], el ataque armado tuvo un trágico desenlace, tres de los militares murieron minutos después.
Los medios de comunicación corporativos salieron al paso y afirmaron que la patrulla del ejército había sido emboscada por un grupo armado[2], a continuación publicaron que los responsables del ataque habían sido narcotraficantes que operan en el territorio[3]. El ejército argumentó que la patrulla perseguía a pie a una avioneta con posible droga abordo. Doce horas después, el 4 de septiembre desde el Palacio Nacional los ministros de la Defensa, Luis Miguel Ralda; y Enrique Degenhart, de Gobernación y el propio Jimmy Morales eliminaron de la versión anterior a narcos y crimen organizado e incluyeron a los pobladores.
En sus declaraciones a los medios, en su redes oficiales y en la conferencia de prensa que dieron por la mañana y luego a las 3 de la tarde, dirigieron todos sus ataques en contra de los q’eqchis de Semuy II, contra las organizaciones de derechos humanos y campesinas, como una muestra de reconfiguración del enemigo interno.
Las versiones entre funcionarios públicos son contradictorias. Las versiones en los medios también lo son. Los testimonios de los comunitarios afectados desmienten y contradicen todas las anteriores. El Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) estuvieron en la comunidad un día después, llegaron a la comunidad y la investigación recién comenzó.
Lo ocurrido en Semuy II, se haya esclarecido o no para el gobierno fue la excusa perfecta, sin mayor información, sin investigación del MP, sin escuchar los testimonios de las familias que vivieron la incursión militar, para decretar, en menos de 24 horas, un Estado de Sitio.
A las 3 de la tarde, el presidente Morales anunció que en 22 municipios de seis departamentos sus pobladores perderán las garantías constitucionales de: libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación, entre otras.
No es la primera vez que este gobierno lo hace. En septiembre de 2016 intentó imponer un Estado de Sitio en todo el país, para evitar las movilizaciones populares en rechazo a los casos de corrupción, impunidad y despojo de bienes naturales, incluyendo el juicio de la propia familia presidencial. En esa ocasión, Jimmy Morales quiso usar la medida justificando el ingreso de una tormenta al país.
Posteriormente lo hizo durante la crisis humanitaria provocada por la erupción del volcán de Fuego, en 2017. Decretaron Estado de Prevención, en esta ocasión las acciones del gobierno estuvieron en la línea de no beneficiar a los sobrevivientes y comunidades afectadas, se ocultó la información y el uso de los recursos dejó más dudas que transparencia y ayuda a los damnificados.
Por lo ocurrido en El Estor, la embajada de los Estados Unidos en su cuenta de twitter se solidarizaría con las familias de los tres soldados muertos por “narcotraficantes”, reproduciendo la versión confusa de los hechos con el supuesto de apoyar al gobierno con el combate al narcotráfico y desdibujando a la comunidad como la víctima principal del hecho.[4]
¿Estado de Sitio y militarización para qué?
Jimmy Morales a las 3 de la tarde anunció la instauración del Estado de Sitio, y con ello afectando a cientos de comunidades de seis departamentos del país. Ahora, le corresponde al Congreso de la República conocer el decreto, aprobarlo o no. Morales justificando la supuesta lucha contra el narcotráfico lanzó acusaciones y castiga a las miles de personas que serán afectadas en Zacapa, El Progreso, Alta y Baja Verapaz, Izabal y Petén. Así el gobierno justificó la medida desproporcionada con un hecho de violencia protagonizado por el ejército –que no fue aislado, porque cada acción de la tropa responde a la cadena de mando militar-, ocurrido en una comunidad q’eqchi.
Todo ocurre mientras la Cicig finalizaba su mandato, desde el Palacio Nacional de la Cultura se anunciaba el Estado de Sitio a las 3 de la tarde, Carlos Martínez secretario general de la presidencia leyó el contenido del decreto gubernativo, acompañado de Jafeth Cabrera vicepresidente a su izquierda y Jimmy Morales del otro lado. Atrás el resto de ministros avalando el acto después de firmar el decreto gubernativo 1-2019.
Para comprender los impactos antidemocráticos de las acciones del gobierno entrevistamos al abogado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
¿De nuevo se hace un uso desmedido de la ley de orden público, sigue siendo vigente esta ley?
“La ley de orden público aún no ha sido derogada, a pesar que los Acuerdos de Paz en 1996 establecieron que esta ley debe de reformarse o crearse una nueva ley, de eso ya pasaron 22 años sin cumplirse. El Estado de Sitio debe de aprobarlo el Congreso de la República, luego que el Ejecutivo emita un acuerdo gubernativo en consejo de ministros y lo envíe al Congreso solicitando se limiten determinados derechos y garantías constitucionales.
La ley de orden público es una ley obsoleta, en el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil se estableció que hay que crear y aprobar una nueva ley. Entonces ante ese vacío siguen aplicando esta ley porque a conveniencia de los gobernantes esta sigue siendo una ley muy permisiva y represiva.
¿Qué objetivo persigue el gobierno con este Estado de Sitio?
El Gobierno tuvo que evaluar de mejor manera lo sucedido, investigar qué fue lo que en realidad sucedió y aclararlo para poder tomar las medidas que fueran necesarias, lo que el gobierno hizo hoy se entiende que fue crear una situación de violencia para aprobar el Estado de Sitio, esto nos indica que pueda ir esta medida en la línea de atacar la sentencia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de atacar la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que tienen que ver con el caso de la suspensión del proyecto minero Fénix de la empresa CGN-Pronico.
Todos los elementos nos dan a entender que se trata de una situación ya preestablecida y previamente planificada con el objetivo de afectar a las comunidades indígenas. Y es lamentable que otra vez el Estado venga a reaccionar de esta forma en contra de las poblaciones.
¿Por qué usar el discurso de la lucha antidroga?
Lo que realmente ocurre es que sin averiguar si se trató de crimen organizado o no, que grupos de crimen organizado son responsables, si la patrulla cometió un grave error, ni de cómo fueron los hechos para poder tomar medidas, ahora se acusa a las comunidades, al establecer el Estado de Sitio se les va a afectar directamente fueran estas inocentes o no. Todo apunta que eso es lo que finalmente quiere el gobierno para militarizar toda la zona.
La ruta correcta para luchar contra el narcotráfico es a través del derecho penal, pero si aquí lo que están tratando de hacer es resolverle el problema que tiene la CGN Pronico con la suspensión de operaciones, lo que hacen es criminalizar aún más a la gente. De todas formas nunca es recomendable que se establezca un estado de excepción para resolver un asunto de derecho penal.
La limitación de los derechos debe de ser el último recurso de un estado democrático, finalmente todo indica que se dio esta situación para que se decretara el Estado de Excepción para perjudicar a las comunidades, organizaciones sociales y resistencia. No con el objetivo de combatir al crimen organizado o al narcotráfico.
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Cuál ha sido la dinámica para imponer Estados de prevención y de Sitio
En Guatemala implementar Estados de Sitio o de Prevención para limitar las garantías constitucionales ha sido una medida utilizada con la finalidad de contener, desarticular, controlar y reprimir a la población. Fue una práctica común durante las dictaduras dirigidas por militares en los años de la guerra y se retoma con gobiernos de derecha con participación de empresarios.
La narrativa violenta a la que hemos asistido en los últimos años en Guatemala han sido de implementación del modelo neoliberal y extractivista, conocido como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2,004) que basa la necesidad de explotar la naturaleza a costa de lo que sea, principalmente del uso de la violencia. Esto ha quedado claro en diferentes lugares donde se han tratado de implementar megaproyectos como los monocultivos para la agroindustria, las hidroeléctricas, la minería a cielo abierto, plantas cementeras, petroleras entre otras.
En estos casos ha habido tres actores fundamentales en tensión: el Estado, las empresas y las comunidades. Aunque también han participado otro tipo de actores no estatales con actividades clandestinas y criminales, que no siempre ha quedado claro su papel.
El papel del Estado en esta etapa ha sido crear las condiciones para la implementación del modelo a beneficio de las grandes empresas, incluso en detrimento de sí mismo, de la naturaleza y de la población. Se ha hecho uso de la fuerza pública para reprimir y crear terror a la población organizada que se niega al modelo por considerarlo nocivo. Para lograrlo han llegado al extremo de imponer Estado de sitio y/o de prevención.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, distintos pueblos indígenas, mestizos, xinkas y garífunas han vivido los daños directos e indirectos de la utilización de los Estados de Sitio como una extensión del aparato represor del Estado.
De esa cuenta las doce comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez fueron golpeadas por el gobierno de Álvaro Colom en 2008, la oposición a la construcción de la Planta San Gabriel de la empresa Cementos Progreso y la construcción de la carretera privada Anillo Regional fueron la razón del Estado de Sitio.
En 2010, Álvaro Colom decretó un Estado de Sitio en Alta Verapaz con el supuesto de combatir células del cartel mexicano de Los Zetas.
En 2012, fue el turno de las comunidades q’anjob’al de Barillas Huehuetenango durante el gobierno de Otto Pérez Molina, detrás estuvo la empresa española Ecoener Hidralia Energía con tres proyectos hidroeléctricos de Hidro Santa Cruz.
En 2013, se repetiría la misma historia en San Rafael Las Flores y Casillas Santa Rosa, Jalapa y Mataquescuintla, detrás estuvo la empresa canadiense Radius Gold Inc. con el proyecto Minero El Escobal de la empresa Minera San Rafael.
En 2014, un segundo Estado de Sitio en el territorio de las doce comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez durante el gobierno de Otto Pérez Molina, que permitió el avance de la construcción de la planta cementera y el avance del Anillo Regional.
En 2017, los intentos frustrados de la transnacional ruso suiza Solway y la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN no habían logrado hacer eco en el gobierno de Guatemala, desde El Estor, la CGN, gobernadores y el alcalde municipal exigieron con insistencia un Estado de Sitio, el argumento era la problemática que se desarrolló alrededor de la actividad extractiva.
Dos años después y con la presión que la empresa tiene por la resolución de la Corte de Constitucionalidad con la suspensión de las operaciones del principal proyecto minero de níquel con la licencia Fénix en ese municipio se genera un confuso incidente que le permite al gobierno justificar la desmedida acción de un nuevo Estado de Sitio, desproporcionada a tal punto que afecta a 21 municipios de 5 departamentos que se extienden en el corredor de la Franja Transversal del Norte casi en su totalidad.
[1] Prensa Comunitaria. Versión comunitaria desmiente a Ministro de Defensa en caso #ElEstor. 4 de septiembre 2019. https://soundcloud.com/prensa-comunitaria/version-comunitaria-desmiente-a-ministro-de-defensa-en-caso-elestor?fbclid=IwAR0QGna-RVq9PY5qRue2sU0oU_76AzCAwUYLmp0HMGB5yxquY3U6q2onCrI
[2] Prensa Libre. Tres muertos en emboscada de narcos a patrulla del Ejército en El Estor. Oscar García. 3 de septiembre 2019. https://www.prensalibre.com/guatemala/sucesos/supuestos-narcos-emboscan-patrulla-del-ejercito-en-el-estor-y-hay-desaparecidos/
[3] Guateivision. Narcotraficantes matan a tres soldados y mantienen retenidos a dos en Izabal. Oscar García. https://www.guatevision.com/noticias/nacional/narcotraficantes-habrian-emboscado-a-patrulla-del-ejercito-en-el-estor/
[4] Twitter. Embajada de los Estados Unidos. 4 de septiembre de 2019. https://twitter.com/usembassyguate/status/1169346926082441217?s=19
