Por Andina Ayala
6 de septiembre 2019
“Cuando uno habla por sus derechos, cuando uno es defensora de los pueblos indígenas como es mi caso, y más porque llevo una demanda contra el abuso y violencia que sufrí por una empresa, me da temor, porque hay un odio en contra de mi persona de parte la empresa. Mi familia y yo corremos mucho riesgo, le pido a Dios que no pase mayor cosa, es lo que espero”.
Angélica Choc, es una defensora de la naturaleza y líder maya Q’eqchi’, que en 2010, demandó a la empresa canadiense Hudbay Minerals Inc. La empresa estaba a la cabeza del proyecto minero, Fénix y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), hasta el 2011 cuando esta le vendió la licencia de explotación minera a la compañía ruso-suiza Solway Investment group.
La demanda surgió luego de que en septiembre de 2009, la empresa Hudbay Minerals Inc., eatuvo involucrada en el asesinato de su esposo, el profesor Adolfo Ich, un reconocido líder en la comunidad La Unión, en El Estor. Han pasado 10 años desde el asesinato del representante comunitario y 9 años desde que se abrió el caso en Canadá, con la esperanza de que allá, sí se haga justicia.
Hostigamiento y asesinatos a líderes y lideresa comunitarias
En conversación con Angélica expresó su preocupación por los defensores y defensoras de la naturaleza y derechos humanos, especialmente en un contexto de estado de sitio:
“Para mí como mujer indígena, maya Q´eqchi´ es difícil. Para nosotras es atemorizante pensar en lo que va a pasar. Esperamos que no hayan cosas malas contra el pueblo indígena y más contra las mujeres (…) Lo que ha pasado y ha estado pasando es la criminalización en contra de los pueblos indígenas, la falta de libertad para nosotros como pueblos, y porque no nos toman en cuenta. Si el gobierno hubiera escuchado a las comunidades quizás no estuvieramos aquí. Ellos nunca han puesto en práctica nuestros derechos, eso es lo que no entienden. Lo que les queda es acusar a los pueblos. Es muy lamentable la verdad, y muy triste”.
Acerca de la versión oficial que generaría el estado de sitio comentó:
“Los hermanos que cayeron, los soldados, y los comunitarios que fueron heridos, son personas, son seres humanos y no se debería llegar a ese extremo. El estado de sitio es para militarizar a los pueblos de El Estor. Nos quieren prohibir hasta las reuniones familiares, la libertad de vivir en paz, de vivir en tranquilidad y en confianza”.
La situación de vulnerabilidad física y psicológica que viven las personas de las comunidades en resistencia es alarmante. En 2018 se registraron 292 casos de agresión y 26 asesinatos a defensores. Para Omar Jerónimo de la organización Nuevo Día,estos 30 días podrían significar un aumento acelerado de violaciones contra líderes y lideresas comunitarias, y también para las personas que les rodean, familiares y pobladores afines a las luchas sociales.
