Representante comunitario de Chab’il Ch’och’ en Livingston muestra inconformidad ante autoridades de gobierno porque los habitantes de esta aldea no han sido informados sobre la finalidad del estado de sitio y denuncian violaciones a derechos humanos.
La Comunidad Q´eqchi de Chabil Ch’och’ actualmente cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque en octubre del 2017, las 63 familias que la conformar sufrieron un desalojo ordenado por la jueza de paz de Livingston, Reginalda Pantaleón. Aunque las familias viven allí desde 1935, las tres fincas donde están asentados, El Edén, Concepción y Santa Isabel son propiedad del ex ministro de comunicaciones y prófugo de la justicia, Alejandro Sinibaldi, según información del Centro de Medios Independientes (CMI).
Lea más sobre el caso:
https://prensacomunitaria.org/medidas-de-la-cidh-para-las-familias-de-chabil-choch/
Ahora Chabil Ch’och’ se encuentra en medio de un estado de sitio, decretado por Jimmy Morales hace 21 días en 22 municipios de 6 departamentos por la muerte de tres infantes de marina en la aldea de Semuy II, en El Estor.
Raul Ico de Chabil Ch’och’, Raúl Icó, asistió al Congreso a una reunión convocada por el diputado Leocadio Juracán para conocer los avances del estado de sitio.
Icó tuvo la oportunidad de relatar la situación que se vive en la comunidad ante las autoridades de las Policía Nacional Civil (PNC), el ejército y el gobernador departamental de Izabal, Erick Martínez.
Icó tomó la palabra ante las autoridades de gobierno y expresó: «Señor gobernador, en la comunidad no tenemos idea si el estado de sitio es para bien o para mal, a nosotros no nos convocaron a ninguna reunión, nos han violado el derecho de ser escuchados, la comunidad tiene miedo de salir, porque estamos desinformados».
Por otra parte, el viceministro de la Defensa, Gustavo Méndez, dijo que uno de los logros más importantes del estado de sitio ha sido la destrucción de pistas clandestinas ubicadas en las comunidades, a lo que el alcalde Icó respondió «A nosotros nos gustaría saber a qué pistas se refiere y en dónde fueron destruidas, porque conozco el territorio y las únicas pistas que existen están en las propiedades de las empresas privadas».
Además, Icó respondió a los delegados de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), quienes aseguraron que no habían reportado denuncias de violaciones a derechos durante el estado de sitio. A pesar de ello, Icó les hizo saber que en la comunidad de Edén del Mar en Livingston, una mujer fue amenazada por el ejército y por agentes de la PNC, quienes le dijeron que si no les informaba dónde se encontraba su ex pareja, que tiene orden de captura, se llevarían a sus hijos menores de edad. Icó finalizó su intervención pidiendo que se haga la denuncia correspondiente.
La contradicción del gobernador
El gobernador de Izabal, Erick Martínez, primo de Jimmy Morales, nombrado el 25 de octubre del 2018, fue otro de los actores citados a esta reunión. Cuándo el diputado Juracán le preguntó «¿Qué evento causó que se decretara estado de sitio?», Martínez respondió que en El Estor existe mucha conflictividad social, hay bloqueos continuamente y existen «invasiones a propiedad privada» y que el alcalde de este municipio, Rony Méndez había solicitado el estado de sitio, a lo que el diputado Juracán respondió con una nueva pregunta «¿Osea que los campesinos que reclaman sus derechos provocaron el estado de sitio?» y Martínez respondió «no, no, fue provocado por el asesinato de los tres soldados».
El gobernador Martínez, aseguró en la reunión que ya se encuentran afinando un plan para reducir la conflictividad social en El Estor, aunque no detalló de qué se trata dicha medida.
Erick Martínez también es contratista de la minera rusa, Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), a quienes presta el servicio de góndolas. El 24 de julio, 12 de estas góndolas fueron quemadas en El Estor y un día después el gobernador visitó el lugar y ahí habló sobre la importancia de recuperar la gobernabilidad del municipio, poco más de un mes después fue decretado un estado de sitio en este lugar y 21 municipios más.
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La reunión sobre el estado de sitio finalizó con dudas sin resolver, el viceministro de la defensa Gustavo Méndez no respondió a las preguntas sobre cuánto dinero se ha gastado para mantener el estado de sitio, especialmente cuando faltan nueve días para que termine el plazo de 30 fijado por Jimmy Morales.
