Por Rony Morales, Baudilio Choc y Nelton Rivera
La imposición del estado de sitio en 22 municipios de los seis departamentos del país obedece a una táctica para desmantelar la resistencia de las comunidades que han venido enfrentando a empresas nacionales y transnacionales, interesados en explotar los bienes en esta región.
Los estados de sitio que han implementando los diferentes gobiernos son la muestra que este modelo neoliberal y extractivo tiene como único mecanismo la violencia, división y muerte en las diferentes regiones. La restricción de garantías constitucionales que se impuso en contra de las comunidades de Santa Rosa, Jalapa, Huehuetenango y San Juan Sacatepéquez entre 2012 a 2014, en el gobierno del ex presidente y general acusado de corrupción Otto Pérez Molina, provocó violaciones a los derechos humanos, detenciones de opositores a los megaproyectos, acoso y violación a mujeres por parte de la tropa militar.
Ante estos riesgos, miles de personas en los 22 municipios de Izabal, Alta y Baja Verapaz, Petén, El Progreso y Zacapa están nuevamente expuestos, pero con mayor riesgo el pueblo q’eqchi en los municipios en donde hay oposición a proyectos extractivos.
Pasadas las dos de la tarde del 3 de septiembre en las redes sociales se filtró información sobre un enfrentamiento armado con el ejército frente a la colonia minera de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en El Estor Izabal. Ese mismo día el ejército afirmó a las 16:36 de la tarde que fueron emboscados, iban persiguiendo a pie un avión con droga que aterrizaría en una pista clandestina en este municipio.[1]
El ministro de defensa Luis Ralda, en conferencia de prensa a las 10:00 de la mañana, un día después le dio un giro de 180 grados a la versión oficial de lo ocurrido. El ministro afirmó que los soldados fueron asesinados en la comunidad Semuy II el día anterior, que la patrulla de 9 soldados de marina perseguía una traza de un jet de narcotraficantes, los soldados fueron desarmados en la comunidad y asesinados con sus propias armas –fusiles de asalto israelitas Galil- . No fueron emboscados, no fueron narcotraficantes y que los vecinos de la comunidad son los responsables del ataque.[2]
En Guatemala las autoridades indígenas en las comunidades todo los coordinan con las autoridades estatales, municipales, policía u otra institución, cualquier acción que se busque realizar en la comunidad, desde la seguridad, educación, salud, infraestructura, agua, etcétera. El 3 de septiembre esto no ocurrió en Semuy II, el ejército entró a la comunidad, las mujeres y niños realizaban una jornada de vacunación y los hombres estaban trabajando en sus cultivos.[3] A siete días del estado de sitio la comunidad está ocupada militarmente, tienen restricciones de todo tipo, fueron criminalizados y no puede salir ni trabajar.
Para conocer y comprender lo ocurrido viajamos a El Estor, específicamente entramos a Semuy II, el sábado 7 entrevistamos a uno de los comunitarios –autoridad indígena- sobre los hechos ocurridos el 3 de septiembre, razón que uso el gobierno de Jimmy Morales para justificar y decretar un desmedido estado de sitio que durará 30 días, aquí está la entrevista:
“Mi nombre es Domingo Mucu Seb, autoridad de la comunidad Semuy II, en el municipio de El Estor, Izabal. Quiero hablar con ustedes, primero les doy un cordial saludo, quiero hablar de los problemas que están sucediendo, quiero que nos apoyen, ya que estamos viendo cientos de militares en nuestro territorio.”
PC ¿Qué paso el 3 de septiembre?
DM: esto es una tragedia, lo estoy expresando con toda la verdad. Me encontraba sembrando cardamomo maíz y frijol. Eran las 3 de la tarde cuando regresaba a la casa, ahí me informaron lo que estaba sucediendo, me dijeron que estaba convocada una reunión de la comunidad.
Ese día, desde las 9 de la mañana, según estaba en nuestra planificación, habría una jornada de vacunación para mujeres y niños, ese día llegaba la enfermera, que viene de la aldea Chineval, ella es la que le da tratamiento a las señoras. Fue a esa hora cuando llegaron los militares e ingresaron a los terrenos de la comunidad, subieron 300 metros en dirección a la montaña, no sé qué estaban buscando, y cómo decimos, no sabíamos lo que querían en la comunidad.
En la reunión comunitaria las señoras y ancianos dieron a conocer que a las 9:00 de la mañana los militares se fueron a la montaña, a la una de la tarde regresaron. Las personas presentes les preguntaron que buscaban, uno de ellos, un oficial a quien no conozco, yo sólo sé que ellos son los poderosos, se enojó disparo en el aire, después de ahí empezó a disparar a un 1 metro de altura de la tierra. Después le disparó a una señora en la pierna del lado izquierdo, y otro señor le disparó en el pecho, lo que yo digo que vi fue a las personas heridas. Esa es la verdad que no quieren que se diga. “Los militares son los que dispararon en la comunidad, por eso digo que me dio miedo”.
Sabemos que las autoridades de gobierno quieren encontrar a la persona responsable del asesinato de los soldados, pero como les digo, no puedo decir quién es la persona porque yo no la vi, las autoridades comunitarias están aquí y tienen miedo. “Las señoras, los señores, niños y niñas están muy asustados”.
PC: ¿Cuál es el mayor temor luego de lo que ocurrió?
DM: tenemos miedo, los militares vinieron sin ningún permiso y nunca notificaron a que vendrían. Si hubieran notificado o coordinado, los hubiéramos recibido como autoridad comunitaria, los hubiera esperado junto a la directiva comunitaria. En cambio, esto pasó de un momento a otro cuando me fui a trabajar, no lo esperaba, no estábamos reunidos como autoridad. A las tres de la tarde cuando regresé, me sorprendí cuando vi a la comunidad con mucho terror.
Nosotros preguntamos ¿por qué será que ahora tienen autorización de ley para entrar a las comunidades, sin el conocimiento de la autoridad comunitaria? ¿Por qué no investigaron primero? por qué no pidieron permiso? Se les hubiera recibido. Ahora pasó esta tragedia, que duele ¿por qué no nos apoya la ley? Nos están tratando a todos los vecinos como si fuéramos criminales.
PC: ¿Les preocupa la presencia de los militares?
DM: Como les dije, sí hay paz, yo sé que hay paz, ¿o ya no hay?, ¿O será que llegamos a los años 80 nuevamente?. En el acta comunitaria expuse que son momentos difíciles en la comunidad de Semuy II, son muy fuertes y dolorosos, de mucho temor y angustia. Necesitamos a los medios de comunicación para que nos ayuden a difundir, necesitamos apoyo para los niños. Nos preocupa el suicidó de personas de la comunidad.
Nos preocupa el resentimiento de parte del ejército, por el problema que ocurrió en la comunidad, duele lo que hacen los militares porque están diciendo que van a seguir buscando y que tienen que encontrar al responsable de los asesinatos.
Con la junta directiva nos hemos reunido para conocer lo que sucedió. A mí me están presionando porque soy la autoridad en la comunidad, sabemos que aquí no hay ningún conflicto, pero ellos nos están presionando porque salieron publicaciones en las redes sociales de Facebook señalando a varias personas de la comunidad.
PC: El gobierno dice que hay una pista de aterrizaje, ¿usted qué responde?
DM: no existe ninguna pista de aterrizaje, eso es lo que están buscando, aquí hay montañas y en sus faldas una patrulla fue desplegada para buscar la aeronave, pero no era aquí. Las únicas dos pistas que conocemos son las de la empresa de palma de Naturaceites.
PC: ¿Qué paso con los heridos de Semuy II?
DM: a las 9:00 de la noche los heridos fueron llevados en una ambulancia de la aldea Chinebal al hospital, luego supimos que están en La Tinta. El bombero nos explicó que la tragedia era muy grave, lo que sucedió se empezó a difundir en Facebook y todo el mundo nos estaba diciendo asesinos y no sabemos qué es lo que pasó.
Las autoridades militares dijeron que la pista de aviones era el campo de futbol que está frente a la escuela y aquí no hay nada. Les dije que fueran a buscar a las montañas, les di permiso para pasar y por eso nos está pasando esto, y por eso pido que nos apoyen. Como también digo que estamos trabajando en la palma, ahí cada cuatro meses nos dan trabajo.
Tengo que decir la verdad, los militares me están presionando: que si yo no hablo a todos nos van a castigar, insisten que hable, que diga quién fue. Pero yo no estaba cuando ocurrió todo lo que pasó, ahora nos están diciendo que no sólo van a encontrar a los responsables de los asesinatos de los militares y que si no decimos la responsabilidad caerá en contra de todos nosotros.
Además, nos han dicho que de no decir quién fue, no vamos a ser escuchados, que cuando vayamos a un hospital no seremos atendidos. Eso es lo que nos dijeron las autoridades militares aquí en Semuy II, también nos están diciendo de que lo que ocurrió lo vamos a pagar nosotros.
[1] Ejército de Guatemala. https://twitter.com/Ejercito_GT/status/1169016442253189126
[2] Gobierno de Guatemala. Conferencia de Prensa. Luis Ralda ministro de la defensa. 4 de septiembre 2019. https://twitter.com/GuatemalaGob/status/1169282367002824706
[3] Entrevista a autoridad comunitaria de Semuy II. El Estor Izabal. 7 de septiembre de 2019.
