Aferrados al poder: diputados expertos en influencias y una reforma para permanecer en el pasado

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Tiempo de lectura: 4 minutos
Fotografía: El Periódico

Por David Toro

El Consejo de la Carrera Judicial es como una piedra en el zapato de ciertos diputados en estos momentos, por eso liderados por Ramón Lau, han echado a andar reformas para regresar el poder total a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y así ellos tener la facultad de seguir seleccionando magistrados a dedo, sin que estos sean evaluados previamente.

Este año el Congreso debe elegir a los 13 nuevos magistrados que conformarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a los 210 que serán designados a las salas de apelación de todo el país. Quienes resulten electos tendrán como función administrar justicia, ordenar a los jueces y distribuirlos en los juzgados y tribunales, asignar el presupuesto, y además pueden convertirse en el filtro donde se decida el futuro de los antejuicios que se presenten contra el presidente y diputados.

Como un cubetazo de agua fría para los diputados conservadores de la junta directiva del Congreso, resultó la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) para ponerle freno al trabajo de las comisiones de postulación y ordenar que se repita todo el proceso, porque el Consejo de la Carrera Judicial, no evaluó a los aspirantes a magistrados que pasaron los filtros de evaluación, como la ley lo establece y esto fue denunciado por la Fundación Myrna Mack.

https://prensacomunitaria.org/borron-y-cuenta-nueva-proceso-de-comisiones-de-postulacion-debe-iniciar-de-nuevo/

La reacción de los diputados se dio esta semana. Juan Ramón Lau, de la bancada Todos, propuso reformar el decreto 32-2016 que dio vida al Consejo de la Carrera Judicial y con esto conseguir que no se evalúe a los candidatos y que la CSJ recupere su poder absoluto, cosa que solo pasa en dos países de América Latina: Honduras y Nicaragua.

«Mi opinión muy humilde y personal, no se puede evaluar a estos magistrados, porque hasta el día de hoy no hay un procedimiento y esto va a retrasar el proceso (…) hay plazos fatales, constitucionales, los magistrados no pueden alargar su mandato más allá del 13 de octubre», dijo Lau durante el programa Foro Parlamentario transmitido por el canal del Congreso. En esa ocasión, el diputado habló durante 50 minutos para justificar estas reformas y además arremetió contra los magistrados de la CC, indicando que ellos serían responsables penalmente si se violentan los plazos.

Lau se pasea en los pasillos del Legislativo, siempre con trajes vistosos, grandes anillos de oro en las manos y una cadena dorada que adorna su cuello, en el hemiciclo opina con autoridad, voz fuerte y no tiene problema en confrontar los alegatos de sus colegas con ideas controvertidas. El diputado es parte de una corporación de legisladores con acusaciones por delitos de corrupción, de la que destaca, como ficción, el debate parlamentario y la polémica ideológica.

Atrás quedaron aquellos días en los que era un comisario del Organismo Judicial (OJ), donde trabajó por más de 25 años y ocupó otros puestos como secretario de algunos juzgados en Escuintla, Jutiapa y Guatemala. Produjo su propio programa radial denominado “Conozcamos nuestros derechos”, en el que temática se centraba en la defensa de los trabajadores. También fue sindicalista y llegó a ser secretario general, según información disponible en los archivos del Congreso.

El pasado 25 de septiembre fue designado como presidente de la comisión que los diputados armaron como una especie de venganza, que busca investigar al personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El diputado se hace acompañar, según una nota del medio digital Nómada, de Erick Álvarez presidente de la CSJ del 2009 al 2010, como uno de sus principales asesores.

Botar todo lo actuado por las comisiones por la resolución de la CC fue «necesario para enderezar un proceso que está viciado y que esto terminaría con magistrados corruptos comprometidos con el crimen organizado», opinó el abogado Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas, durante una entrevista. El diputado Ramón Lau a dicho que la decisión de la CC podría provocar que se incumplan los plazos que fija la ley, pero según el criterio de Cadena esto es necesario «aunque el plazo se deba irrespetar, es mejor a que tengamos cortes comprometidas, deberán encontrar la fórmula para seguir adelante».

“Los diputados quieren borrar de un plumazo avances en el OJ”

Actualmente la estructura del OJ, establecido en los artículos del 208 al 210 de la Constitución, permite a los miembros de la Carrera Judicial escalar y privilegia la especialidad de la persona. Según explica el abogado constitucionalista Alejandro Balsells «los diputados ponentes quieren borrar de un plumazo las evaluaciones de capacidad, experiencia y especialidad (…) esto quiere decir que la CSJ va a poner a los magistrados donde sea, es decir que pueden tener al mejor penalista de Guatemala, pero lo van a enviar a lo laboral o lo civil, por ejemplo, lo que están haciendo es anular la Carrera Judicial», resaltó Balsells.

El Consejo de la Carrera Judicial es prácticamente nuevo en Guatemala, es presidido por el juez Carlos Guerra quien es recordado por haber dirigido una de las etapas del caso de Hogar Seguro, Virgen de la Asunción, y haber dejado en libertad a Anahí Keller, ex subsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social (SBS).

El actual Consejo carece de un reglamento, en medio de esta crisis, plantearon uno nuevo, pero el 25 de septiembre fue rechazado por el pleno de la CSJ aduciendo que la propuesta tenía errores de forma, esta es la tercera vez que se detiene la posibilidad de crearlo y si no existe no se puede realizar la evaluación de jueces y magistrados que se necesita para enderezar el proceso de elección para conformar las nuevas cortes.

Este Congreso cerrará sus últimos meses de mandato en medio de un corre, corre, aprobando comisiones para investigar a aquellos que evidenciaron sus actos de corrupción, reformando para mantener poder sobre la elección de magistrados y además con la obligación de decidir sobre el presupuesto que se aprobará para el 2020.

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