Un fiscal, dos juezas y un juez seguirán enfrentando redes criminales tras la salida de CICIG

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Créditos: despedida CICIG

Fotografía y texto: David Toro

22 de agosto 2019

 Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), las juezas Ericka Aifan, Patricia Gámez y el juez Miguel Ángel Gálvez, explicaron las complicaciones del   sistema de justicia antes de la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), los aportes tangibles que fortalecieron el sistema y el duro panorama que se aproxima.

El Adiós de CICIG

La CICIG se despidió con un seminario organizado el 20 y el 21 de agosto, en un hotel de la zona 9 capitalina, previo a la finalización de su mandato el próximo 3 de septiembre. Más de 700 asistentes en las dos jornadas, jueces, abogados, académicos, periodistas, activistas, autoridades indígenas y estudiantes, presenciaron y participaron en el evento. Abrazos, felicitaciones y despedidas por todas partes; hubo parabienes y risas, flores y lágrimas, era una rara mezcla de fiesta y velorio. Los asistentes y los diferentes panelistas que pasaban a la tarima se daban ánimo entre sí diciendo “este es el fin de un ciclo, pero la lucha contra la corrupción sigue, no claudicaremos”.

Mientras tanto, en la parte posterior del salón estaba colocado en la pared un espacio donde los asistentes plasmaron sus mensajes de despedida, en él se podía leer “Gracias CICIG”, “Gracias comisionado Iván Velásquez”, “Volvamos a las plazas como en el 2015”, decían algunos de los mensajes escritos en el muro. Todos con una particularidad, la percepción positiva sobre el trabajo de la CICIG está relacionada a la última fase de la comisión (2015-2019).

En la memoria de muchas personas quedará la imagen de ver a políticos de alto nivel enjuiciados y empresarios hasta la fecha intocables, pidiendo perdón en público. Pero esa es solo la superficie visible de un enorme camino recorrido no solo por la CICIG, sino también por operadores de justicia, personas que desde su papel de jueces o fiscales asumieron un compromiso en medio de un contexto fangoso y poco alentador.

Foto: David Toro

La inseguridad del sistema de justicia antes de la CICIG

En el 2005, cuando el convenio de la CICIG se estaba cocinando entre Naciones Unidas (ONU) y el gobierno de Guatemala, con la mediación del en ese entonces vicepresidente Eduardo Stein, la jueza Patricia Gámez, fue asignada a un juzgado especializado para conocer delitos de alto impacto. Las condiciones eran tan precarias que la jueza en varias ocasiones tuvo que dirigir audiencias en un salón del preventivo para varones de la zona 18 porque trasladar a los reos acusados de serios delitos suponía un mayor riesgo.

“En aquel entonces los casos de delitos cometidos por estructuras criminales suponían un alto riesgo por las debilidades del sistema de justicia en el aspecto de seguridad”, dijo la jueza en su intervención en el seminario de cierre de CICIG.

“Cuando llegó la CICIG en el 2007, nosotros ya veíamos casos de secuestros, robos agravados, violaciones, etc., donde se requería contundencia y que las personas sometidas a procedimiento no se atrevieran a minimizar por razones de inseguridad la autoridad del juzgador y del perseguidor en este caso el Ministerio Público (MP). Cuando llegó la CICIG sí se vio fortaleza institucional, empezamos a conocer casos con mayor contundencia”, resaltó Gámez.

¿Qué hizo la CICIG antes del 2015?

El juez Miguel Ángel Gálvez es uno de los juzgadores de alto impacto más reconocidos y ha tenido a su cargo algunos de los casos más emblemáticos investigados por la CICIG, como el de “La Línea”, donde está implicado el expresidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Gálvez durante su intervención en el seminario de CICIG, hizo un recuento de lo más importante hecho por la CICIG antes del despertar ciudadano del 2015.

El juez Gálvez explicó que de 2007 a 2015 se aprobaron leyes vitales como la llamada ley de delincuencia organizada, que surgió como compromiso del Estado por haber ratificado el tratado de Palermo y que a raíz de ahí se mejoran los métodos especiales de investigación, por medio de dependencias como la Unidad de Métodos Especiales (UME) que aplicaría herramientas claves como intervención de llamadas telefónicas, el juzgador atribuye la modernización del Ministerio Público a la fiscal general Claudia Paz y Paz.

Los riesgos de ser un juez de alto riesgo

La Jueza Ericka Aifán durante su intervención destacó que los jueces de alto impacto son vigilados a nivel nacional e internacional. Hizo ver su preocupación porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no ha priorizado el tema de seguridad, ya que desde que en marzo de 2019 fue destituido el jefe de seguridad del Organismo Judicial (OJ), Roberto Mota, allegado del presidente Jimmy Morales y aún no han asignado a su reemplazo. También los jueces indicaron que no existe apoyo de parte de la Asociación de Jueces y Magistrados (Amoj) presidida por el juez Mynor Moto y destacaron que este tipo de situaciones vulnera su desempeño.

“Lo que le hizo falta a CICIG fue más tiempo”

El fiscal Francisco Sandoval, jefe de la Feci, fiscalía que trabajó de la mano con la CICIG en las investigaciones y procesos judiciales, aseguró que se extrañará el modelo de investigación que desarrolló el MP junto a la comisión. Este método, dijo, permitió conceptualizar el modelo de operaciones de las Redes Político Económicas Ilícitas (RPEI), “las cuales al verse al desnudo en casos como las ejecuciones extrajudiciales en el centro carcelario Pavón o el financiamiento ilícito de partidos políticos, levantaron el descontento de un sector conservador”.

Sandoval indicó que a la comisión lo que le hizo falta fue más tiempo, pero destacó que es momento de que la ciudadanía continúe fiscalizando y que aquello que despertó en el 2015, a raíz de las investigaciones de la CICIG, no se debe olvidar y que se siga con la lucha para que Guatemala salga de la lista negra de desarrollo humano.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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