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Foto: Rony Morales

Fotografías y texto: Rony Morales

31 de julio 2019

Por tercera ocasión, el Juzgado de Primera Instancia Penal, en la ciudad de Puerto Barrios, suspendió la audiencia de etapa intermedia de Carlos Ernesto Choc periodista y los pescadores Tomas Che, Cristóbal Pop y Vicente Rax.

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La suspensión se debió a que Cristina Alejandrina Soto Enríquez, abogada de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), no se presentó por sufrir quebrantos de salud.

Por tercera ocasión la abogada presentó un memorial en el que se excusó, por este motivo se suspendió la audiencia de etapa intermedia. Por esa razón, el juez Edgar Arteaga López decidió correr la audiencia para el mes de octubre sin definir día y hora, y así continuar con el proceso judicial. En la audiencia anterior la abogada se excusó de tener otra audiencia a la misma hora.

Foto: Rony Morales

“El juez  decidió no celebrar la audiencia donde los pescadores y mi persona seríamos escuchados en esta etapa del proceso, estamos siendo criminalizados y se está vulnerando la libertad de expresión y de prensa en ese departamento. Podríamos haber quedado fuera sin ningún cargo si se hubiera continuado con el proceso, las acusaciones falsas hechas por la compañía de níquel CGN Pronico, de Solway Investment Group”, declaró Carlos Choc.

Los pescadores denunciaron la contaminación del Lago de Izabal y el asesinato de un pescador ocurrido en el 2017, ese día documentaba e informaba lo que sucedía en El Estor, por ese motivo es que seguimos criminalizados”, agregó Choc. En este sentido, tres pescadores han denunciado estar bajo amenazas e intimidación, incluso Cristóbal Pop sufrió un intento de secuestro. Por otro lado, Carlos Choc ha pasado un año y cuatro meses sin poder ejercer su labor como periodista y tuvo que desplazarse de manera forzada de El Estor.

A pesar de que los acusados se han presentado al juzgado, el juez Arteaga López ha suspendido la continuidad del proceso desde 2017, violentando los principios de la prontitud de la justicia, el debido proceso y el derecho de poder resolver su situación legal.

En el municipio de El Estor la empresa minera busca a través del castigo provocado a las familias con la criminalización, el desplazamiento forzado y la cárcel, que los principales dirigentes o autoridades comunitarias q’eqchi’ cesen en su oposición a la empresa minera. Por otro lado, el juez de Puerto Barrios tiene serios señalamiento de beneficiar a la minera con las resoluciones de los casos que llegan a sus manos.

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