Petición internacional para que cierren operaciones de la minería de níquel

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Créditos: Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km. 169 año 2019

Autoridades indígenas y organizaciones nacionales e internacionales denuncian los ataques y la difamación de la empresa minera suiza Solway Investment Group en Guatemala; instan a la Corte de Constitucionalidad a seguir el precedente y cerrar la mina.

La misma semana que Global Witness nombra al país centroamericano como el más mortífero del mundo para los activistas ambientales, aumentan las amenazas contra los defensores Maya Q’eqchi que se oponen a la minería ilegal en su territorio.

Zúrich/Berna/Washington/Berkley/Tatamagouche/Guatemala 

Fotografía Nelton Rivera

2 de agosto de 2019

El 29 de julio, Global Witness publicó un informe que encontró a Guatemala entre los países más peligrosos del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente. Dos días después, 15 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y las Autoridades Indígenas Mayas, Xinka y Garífunas de Guatemala publicaron una carta abierta  denunciando un preocupante patrón de violencia cerca del proyecto de níquel Fénix en Guatemala. La mina es operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), actualmente una subsidiaria de Solway Investment Group de Suiza. 

En febrero de 2018, más de 60 pescadores artesanales y autoridades indigenas Maya Q’eqchi de El Estor, Izabal y Panzos, Cahabon, y Senahu de Alta Verapaz presentaron un amparo alegando que los derechos de las comunidades indígenas no habían sido respetados en virtud del derecho nacional e internacional cuando el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM) otorgó la licencia de explotación minera en 2006 a CGN, que en ese momento era propiedad de la empresa minera canadiense Skye Resources. En febrero de 2019, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el MEM había concedido ilegalmente la licencia y ordenado al estado que consultara con las comunidades afectadas.

“Desde que la licencia minera fue otorgada ilegalmente en 2006, el Proyecto Fénix ha estado plagado de acusaciones de violencia, incluyendo desalojos violentos, asesinatos y violaciones en grupo“, dice Barbara Klitzke de , señalando que la violencia relacionada con la minería también tiene impactos específicos de género, ya que afecta a las mujeres indígenas Q’eqchi de una manera particular. “Cuando los líderes de la comunidad y los periodistas denuncian esta represión y el daño ambiental causado por las actividades de la mina, son perseguidos con acciones judiciales maliciosas para silenciar a la oposición al proyecto minero”. Actualmente hay una causa penal abierta contra cuatro pescadores y un periodista, todos ellos Maya Q’eqchi, acusados por CGN/Solway tras las protestas pacíficas de 2017. 

El 18 de julio, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó la suspensión provisional del Proyecto Fénix hasta que se emita un fallo definitivo sobre el amparo. Los peticionarios Maya Q’eqchi han pedido que se suspendan las operaciones de la mina hasta que se complete la consulta. 

En un caso similar, en septiembre de 2018, la Corte de Constitucionalidad ordenó la suspensión de las licencias Escobal y Juan Bosco, operadas por Minera San Rafael, entonces propiedad de la minera canadiense/estadunidense Tahoe Resources, hasta que se consulte a las comunidades indígenas Xinka afectadas por las operaciones mineras. 

“La Corte de Constitucionalidad ya se ha pronunciado sobre este asunto”, dice Lisa Rankin, coordinadora en Guatemala de la Red Rompiendo el Silencio Maritimo-Guatemalteca de Canadá, que ha estado acompañando ambos casos durante años. “No pueden dar un paso atrás ahora. El Proyecto Fénix debe ser suspendido a menos que haya una consulta significativa y se obtenga el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades mayas Q’eqchi afectadas”.

El 30 de julio, Pan American Silver, que adquirió Tahoe Resources en febrero de 2019, emitió una disculpa pública a los manifestantes pacíficos que fueron baleados fuera de la entrada de la mina después de que el MEM les concediera ilegalmente la licencia a MSR/Tahoe en abril de 2013. Antes del tiroteo, se habían hecho acusaciones falsas, campañas de difamación y enjuiciamientos maliciosos a las comunidades Xinka que se oponían a la minería en su territorio. Días después del ataque armado en contra de los manifestantes pacificos, el Estado guatemalteco implementó un Estado de Sitio en cuatro municipios afectados por las operaciones mineras, utilizando falsas acusaciones de narcotráfico para justificar la severa acción; esta acción suspendió el derecho de la comunidad a protestar contra el proyecto minero e instaló un sentimiento permanente de temor debido a las detenciones arbitrarias y a la creciente militarización que se produjo y cuyos efectos duraron después del asedio. 

“Es hora de que Guatemala haga cambios estructurales profundos en la forma en que se otorgan las licencias de exploración y explotación para proyectos extractivistas”, dijo Jackie McVicar de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala con sede en Washington. “La violencia contra las comunidades indígenas que defienden legítimamente sus derechos debe cesar. Guatemala debe dar prioridad a los derechos de sus ciudadanos sobre los intereses mineros extranjeros”. 

Contactos:

Jackie McVicar, Comisión de Derechos Humanos de Guatemala con sede en Washington 

WhatsApp +1 902 324 2584 Correo: [email protected]

Lisa Rankin, Red Rompiendo el Silencio Maritimo-Guatemalteca – Canadá

WhatsApp +502 4906 5626 Correo: [email protected] 

Barbara Klitzke, Guatemala-Netz Zürich – Schweiz, Suiza

Tel. +41 76 435 69 93 Correo: [email protected] 

Michael Bakal, Voces y Manos – EEUU

Tel. +1 510 708 5085 Correo: [email protected] 

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