Por David Toro
6 de agosto 2019
El pasado 2 de agosto el Juez Federal de Washington, Randolph Moss, bloqueó la reforma federal que realizó el presidente Donald Trump por considerarla un “abuso de autoridad”. La medida, dictada hace tres semanas, buscaba impedir que migrantes pudieran solicitar asilo en Estados Unidos. Mientras tanto en Guatemala el gobierno avanza en detalles para aplicar el convenio de Tercer País Seguro.
Tres semanas atrás el presidente estadounidense ordenó una reforma a la ley federal de su país para negar asilo a los migrantes que llegan a la frontera sur con México, indicando que no se le daría asilo a nadie que no hubiese realizado el proceso en otro país, previo a su llegada a Estados Unidos.
Esta decisión fue tomada por Trump días antes de firmar el convenio de Tercer País Seguro con Guatemala que le garantizará que este país se encargará de atender a los solicitantes de asilo por tiempo indefinido lejos de su frontera. Pero el decreto fue dejado en suspenso por el juez Randolph Moss por “exceso de autoridad”, según declaró al medio alemán Deutsche Welle (DW).
El papel del Juez Moss fue determinante para detener la decisión de Trump que violenta el derecho de asilo político. A pesar de ello, la decisión final la tendrá la Corte Suprema de este país que deberá decidir si dejar sin lugar definitivamente la reforma de Trump.
Degenhart se reunirá con OIM Y ACNUR
Mientras en Estados Unidos Trump ve bloqueada su intención de negar asilo a centroamericanos en la frontera sur de su país y así retornarlos a un Tercer País Seguro para que realicen el trámite previo, en Guatemala el ministro de gobernación, Enrique Degenhart, anunció el 5 de agosto que se reunirá con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para definir su participación en el convenio firmado con Donald Trump.
Según un artículo publicado por el New York Times, Estados Unidos asignará $40 millones para la aplicación del convenio de Tercer País Seguro en Guatemala y este dinero será administrado por ACNUR.
La Corte de Constitucionalidad (CC) aún no ha fijado fecha para resolver de manera definitiva el amparo que un grupo de excancilleres y ministros presentó previo a la firma del convenio. Lo único que se conoce oficialmente es que nada podrá entrar en vigor hasta que ambos países logren ratificar el convenio. Hasta el momento el Congreso de Guatemala no ha entrado a conocer el acuerdo firmado.
