Por César Antonio Estrada Mendizábal*
16 de agosto 2019
Los males que aquejan a la Universidad de San Carlos han vuelto a hacer crisis y así, después de la toma de la Ciudad universitaria en 2010 por el grupo Estudiantes por la autonomía (EPA) –cuyas peticiones no fueron satisfechas– el Colectivo Estudiantil Universitario (CEU) vuelve a tomar las instalaciones de la universidad, y después de más de dos semanas la situación continúa. Diversas son sus demandas, no se reducen a cuestiones particulares del estudiantado y expresan necesidades, propuestas, reclamos y anhelos de profesores, alumnos y trabajadores y, sobre todo, múltiples necesidades populares.
Mucho puede decirse de esta situación, de las acciones y tareas que deberían emprenderse, pero es esencial e indispensable tener presente que la USAC es universidad pública de Guatemala, nuestro desigual y explotado país con una población urgida de aliviar o superar las grandes limitaciones materiales y humanas que históricamente le han sido impuestas. El fin de la Universidad de San Carlos la trasciende, está fuera de ella, por lo que no puede administrarse o funcionar como una corporación que sólo atienda sus propósitos y su propia conveniencia sino que ha de tener como guía que la oriente en su quehacer este fin superior que no es otro que la vida, la superación del pueblo, de la nación guatemalteca.
Por ello, los universitarios tienen en esta nueva toma de la universidad, que ya lleva una semana, una nueva y apremiante oportunidad para hacer un recuento del estado de cosas de la casa de estudios de todos, reflexionar sobre su situación, ejercitar la autocrítica, tomar conciencia del papel social que les corresponde, reorientar su labor educativa, científica y –¿por qué no?– política, y hacerse conscientes de que los cambios necesarios, institucionales y personales, no pueden seguir esperando.
Si bien es cierto que las dolencias administrativas, políticas, académicas y de proyección social son muchas y que el camino de recuperación de la Universidad es complicado y difícil, la experiencia y la práctica sancarlistas indican que el cambio no vendrá de arriba, de los órganos directivos, no será cuestión sólo de modificar leyes y reglamentos ni de retoques cosméticos.
¿Por dónde, entonces, se podrá empezar?. El renacimiento de la Universidad Nacional partirá de las personas, pues el ímpetu transformador necesita de la conciencia y de la voluntad de docentes y discentes. Los estudiantes y los profesores universitarios deben darse cuenta de cómo sus labores, su estudio, su investigación, su trabajo académico y pedagógico, aparte de que exigen ser bien realizados, imponen la necesidad ética y política de vivir y practicar la democracia para conducir atinadamente el rumbo de la Institución en lo que se refiere al cumplimiento de sus deberes hacia la población guatemalteca. Nótese que no mencioné a los directivos o “autoridades”, pues estos no son un estamento aparte, con sus intereses particulares y excluyentes, sino simplemente universitarios que han sido temporalmente electos –idealmente, aunque raras veces, por su idoneidad y su espíritu de servicio– para dirigir y administrar la Universidad.
En términos de política interna de la USAC, podemos dividir la población universitaria en dos segmentos interconectados, a saber, la generalidad –los estudiantes y docentes de a pie– y las autoridades o directivos a cargo de los órganos de gobierno quienes, por cierto, son parte también del alumnado o del claustro. Según sus estatutos, la democracia representativa es la base de la dirección de la universidad y, así, la comunicación y el entendimiento entre ambos segmentos es indispensable: ambos tienen responsabilidad en la gestión y dirección de la Carolina. Por supuesto, esto exige elegir representantes académica y moralmente idóneos, y una permanente atención y exigencia ciudadana de los representados.
Mientras que el grueso de los universitarios debería dejar su indolencia y abocarse con sus representantes para conocer su desempeño y para que lleven sus peticiones, planteamientos y propuestas a los órganos directivos, y poder de esta manera influir en los asuntos institucionales, es a dichos representantes a quienes cabe la mayor responsabilidad en esta comunicación, pues para eso fueron electos. Los integrantes de las juntas directivas de las Facultades, de los consejos directivos de las Escuelas y Centros Universitarios y principalmente del Consejo Superior Universitario (el CSU), deben estar plenamente conscientes de esto.
Especialmente en momentos candentes y críticos como esta necesaria toma de la universidad por el CEU, con el apoyo de la AEU, de grupos y sindicatos de trabajadores y docentes, y el respaldo de diversos movimientos sociales, los miembros del CSU (el rector, los decanos y los representantes estudiantiles, docentes y de los colegios profesionales) son responsables de que sea el pensar, el sentir y el actuar responsable de los universitarios –quienes, después de todo, los eligieron– lo que decida las acciones y el destino de la universidad, de manera que los intereses sectarios o de oscuras camarillas políticas que por tanto tiempo se han apoderado y aprovechado del gobierno universitario, el acomodamiento y los beneficios de una fracción retardataria y clientelar de la burocracia deben ser identificados, denunciados, combatidos y erradicados, para atender así las necesidades científicas, educativas y de sana política del Alma máter. Ya no más consejeros inaccesibles o formalistas, ya no más directivos rígidos o indiferentes a los que se les deba solicitar formalmente audiencia para que las propuestas y peticiones de sus mismos colegas les sean planteadas y atendidas, ya que la comunicación directa es necesaria, especialmente si vemos que el conocimiento, la experiencia y la buena disposición pueden encontrarse entre los miembros de cualquier ámbito de la universidad –bien sean profesores, estudiantes o trabajadores administrativos: de aquí la necesidad de que el CSU se abra, escuche, dialogue francamente y sopese las demandas que se le presentan para poner así en ejecución las que convengan a la naturaleza de la Institución y a la realidad del país. La urgente regeneración de la Universidad sólo se puede dar si se atiende su quehacer científico, educativo, ideológico y político y se erradica el burocratismo formalista. Esperemos que la presente crisis se convierta en una nueva oportunidad –y que ahora sí la sepamos aprovechar– para iniciar el camino de recuperación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuestro pueblo y su historia nos lo demandan. Sin democracia auténtica, los representantes se fosilizan y los representados se vuelven una masa insensible y útil a los intereses creados.
César Antonio Estrada Mendizába
*(Exmiembro del Consejo Superior Universitario)
