Por Kajkoj Máximo Ba Tiul
27 de agosto 2019
Estando cerca la fecha para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) deje el país, después de una decisión espuria de uno de los gobiernos más nefasto y títere que ha tenido en estas últimas dos décadas de historia nuestro país. Nadie duda ahora, que la decisión de Jimmy Morales, de dar por terminado del acuerdo de creación de dicha comisión, no lo hizo de forma voluntaria, sino que fue dictado por los grupos criminales que desde hace muchos años, han secuestrado al Estado y han causado una historia de sufrimiento y dolor al pueblo de Guatemala.
Informes de organizaciones e instituciones que se han encargado de estudiar a las organizaciones criminales en Guatemala, dan cuenta que: “Las organizaciones criminales de Guatemala son las más sofisticadas y peligrosas de Centroamérica. Algunas de ellas han estado operando por décadas. En ellas participan antiguos miembros del ejército, agencias de inteligencia y miembros activos de la policía. La mayor parte de su actividad consiste en transportar drogas ilegales hacia el norte, pero el crimen organizado en Guatemala también está involucrado en el cultivo de marihuana y amapola, así como en el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero, el contrabando de armas, la redes de adopción ilegal, el ecotráfico, y otras actividades ilegales. Frecuentemente, trabajan con grupos de México, Colombia y otros países centroamericanos. Tienen el potencial de expandirse y comandar grupos criminales de los países centroamericanos”.1
Estos grupos militares, aunque no se quiera ver así, la mayoría nacieron al calor del discurso anticomunista de la guerra fría. Un discurso que logró penetrar en la mente de las personas y que obstaculizó el fortalecimiento de estructuras revolucionarias que pudiera rescatar el país. Por eso, no es de extrañar que estas estructuras criminales tienen la misma organización de los grupos paramilitares y anticomunistas, organizados por el ejército, además, su actuación tiene como origen la formación de militares de alto rango en la Escuela de las Américas y de otras instituciones armadas del mundo como Francia, Bélgica e Israel, quienes apoyaron la política contrainsurgente en Centro América y América Latina.
Estos grupos han actuado históricamente bajo el cobijo de un Estado que todo lo tolera, porque al fin y al cabo este Estado es de ellos, como de ellos es la Patria, toda vez que los otros pueblos no se reconocen y ni son reconocidos como parte de ella. De esa cuenta, el crimen organizado actúa bajo la venia de un sector empresarial, que se ha acostumbrado acumular riquezas a cambio de tener una población sumida en la pobreza y la ignorancia, porque no solo le interesa obtener mano de obra barata, sino una población interesado en ser miembro de los grupos generadores de violencia, como anteriormente lo hicieron como comisionados militares, patrulleros de autodefensa civil o simples orejas, quienes se sentaban en los parques o en los corredores de municipales, para organizar sus fechorías.
Algunas veces hemos hecho referencia en otros artículos, sobre lo secuestros de personas vinculadas a las familias oligárquicas y burguesas del país, para pedir dinero a cambio, recursos que debería de ser utilizados en la campaña electoral. Pero, es de igual importancia de cómo estos grupos paramilitares que actuaban al margen de la ley, pero bajo la venia del alto mando del ejército, pedían dinero a los familias de los desaparecidos, dándoles esperanzas de que iban a aparecer e incluso indicaban lugares en donde los podían ubicar y como debería ser la entrega. Hoy se lo piden a quienes se inscriben en las listas de expatrulleros y exmilitares para solicitar algún tipo de resarcimiento, con le excusa que defendieron la democracia.
Por eso, no es tan difícil rastrear que las estructuras criminales, tuvieron un rol importante en la política contrainsurgente. De esa cuenta; genocidio-corrupción-impunidad, son crímenes de lessa humanidad. Por otra parte, en el caso guatemalteco, estos grupos quienes son clanes familiares y que se han dedicado desde sus tatarabuelos a hacerse ricos por esta vía.. En este caso, una persona acusada de corrupción, también puede estar vinculado con actos de genocidio, así como despojos de tierras de campesinos e indígenas.
Sobre este último, en el informe de la CICIG, manifiesta que la comisión “abrió varias investigaciones relacionadas con la existencia de presuntas estructuras ilegales vinculadas a la protección de intereses latifundistas y la explotación de recursos naturales en áreas mayoritariamente indígenas. El acceso a la tierra fue una de las causas del conflicto armado guatemalteco y sigue siendo fuente de conflictividad social, que afecta tanto a las comunidades campesinas como a los propietarios y accionistas de empresas agropecuarias y extractivas […] prácticas como el despojo de tierras comunitarias o que el finquero ejerciera justicia dentro de la finca, no fueron enteramente erradicadas y continúan reproduciéndose mediante el asesinato de líderes comunitarios, que tienen en común el reivindicar el derecho a la propiedad y a los recursos naturales en zonas geográficas donde se sitúan intereses de grandes terratenientes y de grupos del narcotráfico, quienes eventualmente pueden asociarse en la búsqueda de objetivos comunes” (pg. 34).
El despojo y aprovechamiento de tierras que fueron adjudicadas por la FYDEP, el INTA y el FONTIERRA, involucra a notarios y funcionarios del fondo que hicieron constar declaraciones falsas para hacer cesar en algunos casos la reserva de dominio y patrimonio familiar de las tierras. Igualmente, se insertaron declaraciones falsas en mandatos e instrumentos públicos de compra venta de las fincas. Para lograr el objetivo de despojar a los campesinos, estos fueron amenazados y coaccionados que si no salían de sus propiedades, ellos y sus familias sufrirían las consecuencias (pag, 35).
Sobre este último dato, se cuenta con innumerables datos de cómo los campesinos e indígenas han sido criminalizados y judicializados, solo por el hecho de pedir la restitución de sus tierras y territorios, pero se encuentran con un sistema de justicia y un ministerio publico cooptado totalmente por el crimen organizado, pero a la vez estos se fortalecen con la existencia de grupos de profesionales que se enriquecen igual, haciendo el trabajo sucio a los terratenientes y narcotraficantes.
La existencia de profesionales sobre todo del derecho e ingeniería, quienes se han servido del crimen organizado, debería de servir para que las universidades, sobre todo la Universidad de San Carlos, revisen si están titulando profesionales honorables y respetables o con buena ética, o profesionales que, como me lo dijo en alguna oportunidad un profesional del derecho que ha servido de defensor de hidroeléctricas, palma africana, minería y terratenientes, que “los abogados son como prostitutas, que se venden a quien le da más plata y si hay que hundir indios para obtener esa plata hay que hacerlo”2.
Las estructuras criminales han hecho del Estado su instrumento para sobrevivir y por eso mismo, saben que con la salida de la CICIG pueden salir libres, como sucedió con el hermano y el hijo del presidente, con los acusados por el problema del IGSS o con quienes aún no han sido detenidos por otros casos, como la vivienda popular, la situación de salud, pero creo que lo peor es que este escenario nos está planteando que la nostalgia por la dictadura, y los discursos sobre corrupción, son discursos moralistas, así como es el discurso antirracista. Porque en realidad, lo que les conviene es mantener la situación tal y cómo está, aunque el pueblo siga sufriendo.
Si bien es cierto que preocupa que no exista una CICIG, pero si nos ponemos a reflexionar, nuestro país está bajo observación internacional desde hace mucho tiempo. Recordemos los tiempos aquellos cuando Mónica Pinto y Christian Tomuschat, rindieron su primer informe sobre la situación de derechos humanos, o los informes sobre Guatemala que han presentado expertos temáticos ante las naciones unidas, los informes de MINUGUA, entre otros. Todos estos no eran nada alentadores, siempre hemos perdido la materia.
Lamentablemente aquí nos está ganando el miedo y el conformismo, ante un Estado y un futuro presidente que a decir verdad, con su carácter y su prepotencia, nos pone en un escenario en donde puede volverse realidad la idea de “que todo lo que se aleja del control gubernamental es una provocación, y por tanto merece el castigo severo”3. Considerando sus respuestas a los medios de comunicación en relación a la toma de carreteras por parte de CODECA y la toma de la USAC, cuando afirmaba, que si él estuviera ya ejerciendo el gobierno, “no se tentaría el alma para hacer valer la ley y sacar a la policía y a los militares para poner orden”.
- https://es.insightcrime.org/guatemala-crimen-organizado/guatemala/
- Palabras textuales de un abogado, director de la Facultad de Derecho de una de las mas importante universidad del país.
- Monsiváis, Carlos, No sin nosotros, Los días del terremoto 1985-2005, ERA, México 2012.5
