Créditos: comunidad en resistencia

La Puya.

Foto: Nelton Rivera

Por Plurijur Guatemala

6 de agosto 2019

En Guatemala hay 5 minas que producen sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos contra las comunidades, poniéndolas en situación de gravedad y urgencia de riesgos ante los daños significativos ambientales irreparables contra su vida e integridad personal.

Las Comunidades tienen demandado al Estado de Guatemala y las empresas mineras nacional e internacionalmente, resultando en la suspensión de las 5 minas. Los avances en el reclamo de los derechos de las Comunidades afectadas demuestran que la minería metálica en Guatemala no tiene futuro.

1) La Mina Marlin:

El gobierno de Guatemala, autorizó la licencia de explotación “Marlin I” para explotar la fuerza de trabajo y 20 km² del territorio comunitario entre los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos, para la extracción y comercialización de oro, plata, zinc, plomo, hierro, cobre y mercurio, autorizada el 29 de noviembre de 2003 a la empresa Montana Exploradora de Guatemala, S.A., subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp Inc.

Montana Exploradora con sus contratistas y trabajadores, ha denunciado a las Comunidades y Plurijur, así como las Comunidades y Plurijur han denunciado a Montana Exploradora y funcionarios públicos.

En el año 2007, las Comunidades y Plurijur presentaron una denuncia contra el Estado de Guatemala en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien otorgó Medidas Cautelares (MC-260-07) a favor de 18 Comunidades de los dos municipios, encontrándose el Caso (12.943) en la etapa de fondo a favor de todas las Comunidades de los dos municipios.

Montana Exploradora, comenzó a explotar en octubre de 2005 y suspendió operaciones en mayo de 2017, en total fueron 11 años y 8 meses, a pesar que la licencia fue autorizada para 25 años.

2) La Puya:

El gobierno de Guatemala, autorizó la licencia de explotación “Progreso VII Derivada” para explotar la mano de obra y 20 km² del territorio comunitario entre los municipios San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, para la extracción y comercialización de oro y plata, autorizada el 23 de noviembre de 2011 a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua), subsidiaria de la empresa minera norteamericana Kappes Cassiday y Asociados.

La licencia de construcción municipal y la licencia de explotación están suspendidas. La licencia de construcción municipal, fue suspendida por la sentencia de amparo de 13 de julio de 2015 emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de Guatemala, ordenando al Concejo municipal de San Pedro Ayampuc detener la construcción del proyecto minero a favor de las comunidades El Guapinol y El Carrizal. Sentencia confirmada en apelación de amparo de 6 de febrero de 2017 por la Corte de Constitucionalidad (CC). La licencia de explotación está suspendida por otra sentencia de amparo de 28 de junio de 2016 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por la suspensión judicial de la mina, la empresa minera estadounidense Kappes Cassiday y Asociados demandó al Estado de Guatemala en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) por 300 millones de dólares. La demanda fue aceptada por el CIADI porque el Estado de Guatemala aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA).

3) La Mina San Rafael:

El gobierno de Guatemala, autorizó la licencia de explotación “Escobal” para explotar mano de obra y 19.9925 km² del territorio comunitario en el municipio San Rafael las Flores, departamento de Santa Rosa, para la extracción y comercialización de oro, plata, níquel, cobalto, cromo, cobre, plomo, zinc, antimonio y tierras raras, autorizada el 4 de abril de 2013. Se autorizó también la licencia de exploración “Juan Bosco” para localizar y evaluar yacimientos de oro, plata, níquel, cobalto, cromo, cobre, plomo, zinc, antimonio y tierras raras en 59.9166 km2 del territorio comunitario de los municipios de Mataquescuintla y Casillas del departamento de Jalapa y el municipio de San Rafael las Flores del departamento de Santa Rosa, autorizada el 12 de mayo de 2012. Ambas están otorgadas a la empresa Minera San Rafael, S.A., subsidiaria de la empresa minera Pan American Silver.

Han habido varias denuncias por este caso entre la empresa minera y las Comunidades. Las dos licencias están suspendidas por una sentencia en apelación de amparo de la CC de 3 de septiembre de 2018 contra la sentencia del 8 de septiembre de 2017 de la CSJ.

El 30 de julio 2019, la empresa minera Pan American Silver, informó que cuatro miembros de San Rafael las Flores denunciaron en Canadá a dicha empresa por heridas sufridas durante el ataque armado contra manifestantes en el año 2013, logrando una resolución de su demanda, reconociendo que la empresa minera violó derechos humanos de los manifestantes pidiendo perdón a las víctimas y a la Comunidad. El Parlamento Xinca, publicó su satisfacción por la resolución porque abre la posibilidad que empresas canadienses violadoras de derechos humanos en otros paises sean procesadas en Canadá. Denunciaron que dicha empresa minera continúa con su política violatoria de derechos humanos violando la sentencia de la CC.

4) La Mina CGN:

El gobierno de Guatemala, autorizó la licencia de explotación “Extracción Minera Fénix“ para explotar la mano de obra y 247.9978 km² de territorios comunitarios entre los municipios de Cahabón, Senahú y Panzós del departamento de Alta Verapaz y El Estor, departamento de Izabal, para la extracción y comercialización de níquel, cobalto, hierro, cromo y magnesio, autorizada el 18 de abril de 2006 a la empresa Compañía General de Minería, S.A. (CGN), subsidiaria de la empresa rusa Solway Investment Group.

Las Comunidades han presentado una serie de denuncias contra la empresa minera. La licencia está suspendida desde el 18 de julio de 2019 por un amparo provisional de la CC en apelación de amparo contra la CSJ. Las Comunidades con acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales están denunciando que existen graves amenazas e intimidaciones en contra de quienes demandaron a la CGN.

En el año 2009, la CC ordenó al gobierno de Guatemala la entrega del título de propiedad a la Comunidad Lote 9 Agua Caliente, El Estor, Izabal, a través del cual la Comunidad podría probar la usurpación de la empresa CGN; sentencia cuyo cumplimiento continúa en la impunidad.

El 12 de junio de 2019, el tribunal de sentencia de Puerto Barrios, Izabal, condenó a la CGN y al biólogo Lemuel Alfredo Valle Alvizurez al pago de 51.8 millones de quetzales por el homicidio de tres estudiantes de biología de la Universidad del Valle de Guatemala.

Además, dos demandas se han presentado en Canadá contra las empresas propietarias de la mina HudBay Minerals Inc. y HMI Nickel Inc., y dos en Guatemala. En Canadá, una por el ataque armado que resultó en el asesinato del profesor Adolfo Ich Chamán, y la invalidez de Germán Chub Choc, y la otra, por la violación sexual de mujeres q’eqchi’ de la aldea Lote 8 de El Estor, Izabal, las cuales continúan en trámite.

5) La Mina Cerro Blanco:

El gobierno de Guatemala, autorizó la licencia de explotación “Proyecto Minero Cerro Blanco” para explotar la mano de obra y 15.25 km² del territorio comunitario en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, para la extracción y comercialización de oro y plata, autorizada el 22 de septiembre de 2007, propiedad de la empresa minera Entre Mares, S.A., subsidiaria de Goldcorp que vendió la mina a la empresa Bluestone Resources en 2017.

No sabemos si Entre Mares, S.A. continúa siendo la propietaria nacional de la mina, aunque así aparece en el catastro minero del Ministerio de Energía y Minas (MEM), quien suspendió el inicio de las operaciones mineras a favor de la empresa, mientras continúa realizando pruebas manteniendo la conflictividad comunitaria. Esa licencia provocó un conflicto transnacional entre Guatemala, El Salvador y Honduras el cual perdura hasta hoy.

Autoría y edición

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