Por David Toro
22 de julio 2019
El Proyecto minero Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) ha extraído minerales en el municipio de El Estor, Izabal, desde hace 13 años. El pasado 19 de julio la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió sus operaciones hasta que se resuelva si se cancela de forma definitiva o si se ordena que se realice la consulta a las comunidades q’eqchies afectadas por la mina.
La Gremial de Pescadores de El Estor (GPE) junto a las autoridades q’eqchies emprendieron una batalla legal desde hace algunos años contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la CGN, que desde el 2011 pertenece al capital ruso-suizo de Solway Investment Group. Con la gestión de esta empresa extranjera desde el 2013 instalaron la Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) con la que refinan la tierra y luego envían las toneladas de níquel desde el puerto de Santo Tomas rumbo a Ucrania.
En febrero del 2018, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió negar el amparo que solicitó la gremial de pescadores en el que solicitaron la suspensión de las operaciones de la mina. Lo que argumentaron fue, que en el 2006, cuando el MEM otorgó la licencia a la minera violentó el derecho de consulta a las comunidades de los municipios de El Estor en Izabal; Panzós, Cahabón y Senahú de Alta Verapaz, lugares donde tiene efecto las operaciones extractivas a cielo abierto de la mina, que tiene en su poder una extensión de 247 kilómetros de tierra.
Luego de la resolución negativa de la CSJ, los pobladores de El Estor, en conjunto con su abogado Rafael Maldonado, llevaron el caso a la CC, para solicitar el amparo.10 meses después de la solicitud, los magistrados de la corte decidieron suspender las operaciones de la mina de manera provisional mientras dicta una sentencia definitiva.
CC: La minería a cielo abierto conlleva un mayor riesgo para el medio ambiente
En el expediente de la resolución de la CC, argumentan que decidieron otorgar el amparo provisional porque que la minería a cielo abierto es de mayor riesgo para el medio ambiente, y el Estado de Guatemala está suscrito al convenio de la Comisión Centroamericana de ambiente y desarrollo firmada en 1989 en San José.
En dicho documento el MEM se defiende explicando que cuando otorgaron la licencia en el 2006, la CGN cumplió con el estudio de impacto ambiental y el ministerio lo aprobó. A pesar de esto, no explicaron la inexistencia de la consulta a los pueblos y desestiman el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que garantiza ese derecho, excusándose en que principios como “la propiedad privada” establecidos en la constitución de Guatemala deben predominar.
Aunque la CGN se escuda en los estudios ambientales que realiza, la empresa privada Amasurli, a petición del MEM, aseguró que los niveles de fosfato en el lago de Izabal son seguros. El equipo de investigación periodístico, del consorcio Green Blood, que realizó un estudio sobre la contaminación del lago logró determinar, junto al biólogo brasileño Lucas Correa, que los análisis que realizó arrojaron características de contaminación producto de la actividad minera y que se debe obtener mayor información gubernamental porque existen inconsistencias en sus informes.
El próximo miércoles 25 de julio los magistrados de la CC escucharán en una vista pública los argumentos de la gremial de pescadores, del MEM y de la CGN y luego de hacerlo tendrán que resolver en un plazo no definido si suspenden definitivamente la licencia extractiva del Proyecto Fénix o si mantiene la suspensión hasta que se realice la consulta respectiva a las comunidades.
La mina miente sobre su pago de impuestos
El 19 de julio todos los implicados en el caso fueron notificados, entre ellos la CGN, que a través de un comunicado dijeron no estar de acuerdo con la resolución de la CC y aseguran haber “pagado Q500 millones al Estado de Guatemala por concepto de impuestos”. Pese a que la industria minera que opera en Guatemala representa apenas el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
El aporte al Estado de Guatemala de toda la industria minera, incluyendo a la CGN, apenas alcanzó los Q45 millones en su punto más alto en el 2016, según los datos del propio MEM.
El alcalde de El Estor, Rony Méndez, quien en las elecciones pasadas fue denunciado por el medio local “La Voz Estoreña” de ofrecer Q500.00 a los pobladores para votar por él, para lograr su reelección, salió en defensa de la CGN en sus redes sociales, reproduciendo el discurso empresarial sobre el desarrollo y el impacto sobre el empleo que en tiene la mina en el municipio.
De momento la resolución de la CC representa un paso en la lucha de los pobladores de El Estor contra el modelo operativo de la CGN que ha instalado un clima de conflictividad desde su llegada y que ahora podría ser obligada a consultar con todos los pobladores afectados para no perder la licencia minera que les fue otorgada por un plazo de 25 años.
