Fotografía y texto: David Toro
17 de julio del 2019
Un registro anómalo de la finca Plan Grande ubicada en El Estor, Izabal, atenta contra el hogar de 45 familias maya q’eqchi´ y podrían ser desalojados el 24 de julio.
Desde el 2016, 45 familias campesinas de la comunidad Plan Grande sufren la amenaza de ser desalojados de las tierras que han habitado desde hace 70 años; el título de propiedad de la finca fue inscrito de forma anómala en 1996 a favor de las empresas Inversiones Cobra S.A y Bananera de Izabal S.A, propiedad del finquero, Miguel Ángel Arriaza Migoya.
El pasado marzo la jueza Claudette Domínguez autorizó un nuevo desalojo en la comunidad de Plan Grande y se programó para el 24 de julio. En un intento por detener esta acción los líderes y lideresas de la comunidad representados por el abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, presentaron un amparo en la sala de apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la jueza Domínguez que tiene a su cargo el Tribunal de Mayor Riesgo “A”.
¿Cómo la familia Arriaza Miyoga Esquivel se apoderó de esta tierra?
En abril de este año el líder comunitario, Abelino Chub Caal, fue declarado inocente en un debate oral y público, luego de haber sido criminalizado y encarcelado durante más de dos años, acusado de los delitos de incendio y asociación ilícita por las mismas empresas que atentan contra los comunitarios de Plan Grande. La persecución contra Chub se dio porque los empresarios no lograron que el 26 de octubre del 2016 la Policía Nacional Civil (PNC) desalojara a los habitantes de las fincas Plan Grande y El Murciélago.
En este debate el historiador Harald Waxenecker presentó un peritaje titulado “Relaciones sociales de poder y apropiación de recursos naturales y de la tierra en El Estor, Izabal”, en el que demostró cómo la familia del finquero Miguel Ángel Arriaza consiguió el título de propiedad de las fincas donde ahora producen palma de aceite.
Waxenecker explica que debido al poder estatal que benefició a empresarios y militares durante y después del conflicto armado interno, estos lograron apropiarse de grandes extensiones de tierra. En el caso específico de la Finca Plan Grande y El Murciélago ubicadas en El Estor, los Arriaza realizaron una serie de unificaciones y desmembraciones en el registro de la extensión territorial de estas tierras para lograr la alteración de los precios reales de las propiedades.
Lea el peritaje completo:
Sin certeza jurídica ni condiciones para realizar desalojos
Juan Castro, defensor de los comunitarios, explicó este 17 de julio en la Torre de Tribunales que la misma Comisión Presidencial Coordinadora de Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh) reconoció que el Estado no tiene la capacidad para atender y otorgar albergue provisional a las personas que sean desalojadas.
Además, la certeza jurídica de esta finca está en duda, la jueza Jazmín Barrios en su sentencia por el caso de Abelino Chub, ordenó al Ministerio Público (MP) que se investigue cómo fue que los empresarios lograron obtener esta gran extensión de tierras en El Estor.
